Ciudad de México enfrenta cada vez más invasores de inmuebles

Varias organizaciones como la Asamblea de Barrios se apoderan de viviendas desocupadas en una silenciosa invasión de desplazados que el gobierno trata de contener

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Ciudad de México enfrenta cada vez más invasores de inmuebles
El edificio de Altata 12 en la colonia Condesa.
Foto: Gardenia Mendoza / Impremedia

MÉXICO.- Detrás de una reja metálica que cubre las ventanas del edificio ubicado en la calle Prosperidad 71, un niño de unos siete años asoma su rostro alegre para mirar hacia la acera de la colonia Escandón, una de las mejores valuadas de la capital mexicana, sin saber que detrás de él hay una historia turbia que podría echarlo otra vez a la calle.

El pequeño es miembro de una de las 10 familias que en junio pasado fueron desalojados de otro edificio ubicado en Altata 12, a ocho cuadras de este nuevo hogar que, de igual manera, fue invadido por familias que se dicen sin techo, pobres, y activas en la Asamblea de Barrios, una organización que en su origen buscaba casas para los damnificados del sismo del 85, pero con el tiempo se ha desvirtuado.

El gobierno de la Ciudad de México afirma que hoy por hoy la Asamblea de Barrios y un puñado de organizaciones similares como el Frente Popular Francisco Villa se dedican más bien a rastrear inmuebles en litigio por la propiedad, intestados, abandonados por disputas entre vecinos y algunos edificios históricos, para ocuparlos ilegalmente.

La secretaria de Gobierno de la ciudad, Patricia Mercado, asegura que cada semana hay 50 desalojos ordenados por un juez.

Sólo en la delegación Cuauhtémoc, una de las de mayor plusvalía en la Ciudad de México, el delegado Ricardo Monreal contabilizó y denunció oficialmente 673 inmuebles invadidos, de los cuáles sólo 52 se hicieron sin violencia con el arribo sigiloso de los ocupantes; en el resto, se requirieron piedras y palos y decenas de personas dispuestas a todo.

“Nosotros no invadíamos, sólo decíamos al gobierno “queremos una vivienda y te la vamos a pagar”, recuerda Marco Rascón, el fundador de la Asamblea de Barrios, que hoy lamenta la descomposición de la organización fraccionada y controlada por grupos de vivillos como llaman las autoridades a Héctor González, quien promueve las ocupaciones en Escandón.

Pero los seguidores de González, como Guadalupe Godínez, quien se asume como vocera de los vecinos de Prosperidad 71, opinan lo contrario aún después de su desalojo de Altata 12 junto con las otras familias, su hijo, su esposo y sus dos nietos.

“Gracias al señor Héctor González estamos aquí tenemos un techo, aunque no sea nuestro”, dice sobre la banqueta, justo a lado de la ventana donde el niño chimuelo la mira de reojo, vestida con un mandil, cigarro en mano.

El edificio de la Calle Prosperidad 71.
El edificio de la Calle Prosperidad 71.  Foto: Gardenia Mendoza

Godínez interrumpió sus labores de cocinera –dice que las 10 familias que ocupan ese nuevo predio son vendedores callejeros de comida- para contar su versión de los hechos que les imputa la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, desde que en tal fecha se armó una persecución y una balacera en Altata y el edificio se volvió un blanco de acusaciones sobre venta de droga. Uno de los moradores murió en aquella ocasión.

Los vecinos afirman que desde que los invasores llegaron “se acabó la paz”, comenzó la venta de droga, las peleas de perros callejeros, las intimidaciones y extorsiones a los restauranteros. “Para que no asaltaran a sus empleados obligaban a las taquerías a darles de comer”, cuenta María V., quien usa un nombre ficticio por seguridad.

“Todo es mentira”, dicen a coro Guadalupe y su hijo mientras explican punto por punto: que la venta de droga la organizaba una vecina del último piso a quien echaron hace cuatro años justamente por eso y porque sus compradores drogadictos se robaban la ropa del tendedero; que ellos ni siquiera tenían perro y que se lo quitaron a un tipo que iba pasando “porque lo maltrataba” y que jamás extorsionaron a nadie.

“Lo que no permitimos es que pusieran un parquímetro porque el servicio está concesionado a una empresa francesa y por qué los mexicanos vamos a pagar a los extranjeros”, comenta ella con los ojos encendidos.

Guadalupe y su familia se quedaron sin casa hace 14 años, según su versión. Alquilaba una casa con una renta que a la vez le heredó su madre. Ahí nació y estuvo hasta después de los 40 años cuando los dueños vendieron los terrenos y la echaron para construir un hospital, el ABC, uno de los privados de mayor prestigio actualmente.

Alguien le informó de la existencia de la Asamblea de Barrios y con ella se refugiaron. “Nosotros vamos a donde nos pida apoyo –donde haga falta ocupar un sitio- y a cambio tenemos un lugar para vivir”, cuenta.

“Algún día nos vamos a quedar para siempre en un lugar y vamos a ser dueños”, sueña.