Rechazan freno a iniciativa ‘El Derecho a Saber’

Las madres de varias víctimas de brutalidad policial, activistas comunitarios, defensores de los derechos civiles y entre ellos varios concejales, mostraron este martes su rechazo a la decisión municipal de dar marcha atrás en el paquete de reformas conocido como la Ley del Derecho a Saber (The Right to Know Act).

En rueda de prensa celebrada en las escalinatas del ayuntamiento, los activistas anunciaron que continuarán pugnando hasta ver convertida en ley la referida propuesta legislativa, al tiempo de coincidir estar sorprendidos por la decisión en contrario, dado que el proyecto de ley, dijeron, cuenta con el respaldo de la mayoría del Concejo.

Como es de conocimiento público, durante una reunión a puerta cerrada la semana pasada, la presidenta del Concejo Melissa Mark-Viverito hizo conocer a sus colegas que los cambios contemplados en Ley del Derecho a Saber serán manejados internamente por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Mark-Viverito explicó a los concejales que ella y el NYPD llegaron a un compromiso administrativo sobre el paquete de reformas.

El giro que toma el debate sobre las reformas al sistema de justicia criminal y al NYPD se da cuando está por cumplirse el segundo aniversario de la muerte del afroamericano Eric Garner, ocurrida el 17 de julio de 2014 a manos de un policía en Staten Island y mientras el país está convulsionado por el asesinato de cinco policías, tras las manifestaciones que se generaron por la muerte, en hechos separados, de dos afroamericanos, también a manos de policías.

Gwen Carr y Constance Malcolm, madres de Garner y Ramarley Graham, éste último tiroteado por un oficial del NYPD en febrero 2 de 2012, llamaron a los neoyorquinos a unirse para exigir una reforma real del Departamento de Policía de NY. Las familias de las víctimas tanto como defensores de los derechos civiles advirtieron que continuarán detrás de los miembros del Concejo hasta lograr concretar la Ley del Derecho a Saber, independientemente del acuerdo entre la presidenta del Concejo y el NYPD.

De su parte, Mark-Viverito defendió el acuerdo con el NYPD, el cual dijo responde al debate sobre las reformas que se vienen sosteniendo desde hace 2 o 3 años, aseguró.

“El acuerdo es parte de la conversación que he sostenido todo este tiempo tanto con los patrocinadores  del paquete de reformas como las familias y los defensores. Soy frontal, transparente y no pueden decir que ahora estoy cambiando mi postura”,  declaró Mark-Viverito.

Al responder sobre el cuestionamiento de algunos concejales de que no ha existido transparencia la presidenta del Concejo insistió: “Este ha sido un tema que ha sido tratado de forma completamente abierta y democrática con mis colegas. No puedo controlar lo que otros piensan, pero me ratifico en que estoy clara en mi compromiso y segura de que lo acordado está en el enfoque correcto”.  

Los defensores condenaron lo que consideran un acuerdo al margen del compromiso previamente adquirido y es sólo un anuncio cosmético que en la práctica es un paso atrás sin responsabilidad tangible de cambiar los abusos policiales.

“Es decepcionante escuchar que el liderazgo del Concejo de la Ciudad ha decidido eludir la votación de la Ley del Derecho a Saber. La propuesta legislativa tienen más de un patrocinio y la mayoría de este cuerpo debe continuar adelante y mantener su compromiso de aprobar la legislación”, dijo la concejal Rosie Méndez.

Para Linda Sarsour, directora ejecutiva de la Asociación Árabe Americana de NY, el acuerdo Mark-Viverito-NYPD insulta la inteligencia de los defensores que trabajan duro y las comunidades directamente afectadas.

“No vamos a aceptar lo que diga el NYPD cuando estos cambios se apliquen y ejecuten. Necesitamos una legislación más allá de cualquier comisario de policía o patrullero. Nuestra lucha por La Ley de Derecho a Saber continuará”, agregó Sarsour.

Los activistas consideran que el acuerdo  transmite el riesgo de retrasar  las reformas de rendición de cuentas de la policía y resaltan que es peligroso para la ciudad de Nueva York que se aplique un modelo de obstrucción política que permita los abusos de autoridad, brutalidad y asesinatos ejecutados por policías como se advierte a nivel nacional.

La legislación fue introducida en el Concejo en noviembre de 2014 por los concejales Antonio Reynoso y Ritchie Torres. En junio de 2015 tuvo la audiencia de supervisión requerida y cuenta con el apoyo de la mayoría del cuerpo de concejales.

La relación Policía-Comunidad

Entre tanto Walter Rodríguez, director de la organización comunitaria Defensores de El Bronx dijo  que la necesidad de mejorar las relaciones entre Policía-comunidad, “nunca ha sido más evidente que ahora”.

“Tenemos un largo camino por recorrer hacia la curación de las heridas causadas por décadas de abusos policiales en las comunidades de bajos ingresos en esta ciudad. La Ley del Derecho a Saber es un paso positivo hacia la responsabilidad de la policía de capacitar a los neoyorquinos que son detenidos a saber la información básica acerca de quién los detuvo y por qué”, destacó Rodríguez.