Inquilinos esperan ley que dará abogados de vivienda gratis

El proyecto ordena que las personas de bajos recursos que enfrentan casos de desalojo y otros problemas reciban asistencia legal

Luciano Manzueta trata de mantener una actitud positiva ante la vida, pero los nervios y la angustia lo están consumiendo. A sus 67 años este dominicano está dominado por la incertidumbre, pues el 13 de septiembre su hija tiene una cita en la corte de vivienda por un proceso de desalojo que le inició el casero del edificio de El Bronx, en el que vive junto a sus tres hijos de 15, 12 y 3 años. Luciano teme que los corran a la calle y piensa especialmente en dos de sus nietos que padecen autismo.

El abuelo explica que los pagos del apartamento de un cuarto, de los últimos meses, no aparecen en los reportes de cuentas de la compañía que maneja el edificio, porque según él, durante casi un año el casero anterior, que vendió el inmueble hace tres meses, se embolsilló los cheques y ahora hay una deuda de $9,000.

“La hija mía estaba dándole los cheques al otro landlord y ese se quedó con el dinero y no se los dio al nuevo”, comenta frustrado. “Y si ella se aparece sola en la corte sin abogado, el landlord se la come viva, porque cuando a uno lo ven pobre quieren pisotearlo y humillarlo pa’ sacar de aquí a todo el mundazo y rentar más caro. Ser pobre y no tener abogado que lo defienda a uno es la muerte”.

La sentencia de Luciano resume el sentir de cientos de inquilinos, principalmente hispanos, que cada año enfrentan la angustia de no tener recursos económicos para costearse un abogado, por lo que al presentarse ante la corte terminan perdiendo su casos y muchos van a parar a los albergues de la ciudad.

Pero esto podría cambiar si el Concejo de Nueva York finalmente decide aprobar un proyecto que el concejal Mark Levine presentó desde marzo del 2014 y que ordena que por ley la Ciudad suministre servicios de abogados gratis a las personas de bajos recursos que enfrentan casos como desalojos en las cortes de vivienda.

“Por muchísimo tiempo los inquilinos han tenido que valerse por sí mismos en la corte de vivienda. Es hora de que hagamos lo que es moralmente correcto para aquellos que no pueden costear representación legal y proporcionarles un abogado a los neoyorquinos necesitados”, aseguró Levine, quien agregó que la iniciativa que impulsa cuenta ya con el apoyo de una amplia mayoría.

“Me siento agradecido de que que más de 40 de mis colegas ya firmaron para apoyar la intro 214-A y espero la oportunidad de que esta propuesta histórica se debata en el Concejo durante el otoño”.

Además de proveer abogados gratis a los inquilinos, para garantizar que todo marche bien, la iniciativa 214-A también propone crear un programa para garantizar el acceso de las personas necesitadas a esa asesoría legal y establecer procedimientos para monitorear y revisar anualmente el desempeño de las organizaciones que sean elegidas para proveer esos servicios.

Carmen Vega-Rivera, líder de la organizacion CASA (Acción Comunitaria para Apartamentos Seguros) de El Bronx, que vela por los derechos de los inquilinos, urgió al Concejo a que no le de más vueltas a esta ley y pidió que la aprueben de una vez por todas.

“Esta legislación sobre el derecho a un abogado no es cuestión de sí debería pasar o no, tiene que pasar. Cuando los inquilinos tienen representación legal, los caseros tienen menos razones para iniciar casos de corte frívilos y los inquilinos tienen menos riesgo de ser desalojados y de ir a un refugio de desamparados”, comentó.

“La legislación permite que un inquilino esté al mismo nivel de igualdad que un casero en la corte para permanecer en sus hogares. La Intro 214 es un inversión para la ciudad que produce un alto impacto para el inquilino, sus hogares y la ciudad, y un ahorro de $320 milones al año por lo que debe y tiene que ser aprobada hoy”.

Aunque la ciudad de Nueva York ofrece asesoría legal gratuita para personas de bajos recursos e invirtió más de $ 46.3 millones durante el año fiscal 2016, el concejal Levine asegura que todavía unos 7 de cada 10 inquilinos que enfrentan desalojo no pueden acceder a los abogados por el alto volume de solicitudes.

La hija de don Luciano afortunadamente tendrá un abogado para su cita en la corte el próximo mes, asignado por la organización CASA, y aunque espera ganar la batalla legal presentando los comprobantes de los pagos de renta que hizo para que no la desalojen, él quiere iniciar otra lucha contra el casero por las condiciones infrahumanas en que tiene su apartamento.

“Aquí nada sirve. La ducha hay que abrirla cada vez con un destornillador. La puertas no tienen perillas. Hay ratas que parecen gatos por todas partes y la luz funciona cuando quiere”, dijo, tras aclarar que que no es justo que paganado una renta de $1,250 mensuales, tengan que vivir en esas condiciones.

“Nadie se imagina lo que yo siento al verla con sus hijos así, pasando trabajos. Cada vez que veo a los muchahitos correteando en esta asquerosidad, es el alma el que se me parte”, concluyó.

PUNTOS DE LA INICIATIVA

  • Proveer abogados gratis a personas de bajos ingresos
  • Crear un programa para garantizar el acceso de los inquilinos a asesoría legal
  • Establecer procedimientos para monitorear esos casos
  • Revisar anualmente el desempeño de las organizaciones que han sido elegidas para proveer esos servicios
  • Exige que la Oficina de Justicia Civil provea a las organizaciones designadas compensación para promover representación legal de calidad
  • Se espera que en septiembre la iniciativa, que cuenta con el apoyo de 40 concejales, sea revisada.
  • El año pasado 25,000 familias fueron desalojadas en Nueva York
  • En el año fiscal 2015, más de 62,000 personas se inscribieron al programa en HomeBase, de prevención a la falta de vivienda, que conecta a las familias y personas al borde de quedar sin vivienda con los recursos para ayudar a mantenerlos en sus hogares.
  • Más de 35,000 personas fueron apoyadas a través del programa de servicios legales contra el desalojo y la protección del inquilino.
  • Los programas de servicios legales financiados por la ciudad en el año fiscal 2016 ascienden a $ 46.3 millones, con un crecimiento de $ 61.8 millones para el año fiscal 2017

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