¿Funcionarios de gobierno se apropiaron de Cancún?

MÉXICO – La estrategia del equipo de funcionarios del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, era perfecta para quedarse con propiedades que hasta hace una década no valían tanto en los balnearios de Cancún y Tulum, pero en los últimos años, al quedarse ambas playas entre las pocas del país sin balaceras públicas del crimen organizado, la plusvalía se fue por el cielo a la par de la codicia.

Y así operaron desde el gobierno como una mafia, según reportó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad: el secretario del Trabajo local, Patricio de la Peña y su equipo  avalaban juicios de trabajadores aparentemente inexistentes en contra de empresas o individuos con propiedades en terrenos, hoteles o departamentos de lujos ubicados cerca de la playa o en zonas turísticas.

Luego, el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala, daba luz verde a los juicios y finalmente se enviaba a los policías para el desalojo.

La organización civil denunciante -fundada por altos empresarios del país- aseguró desde julio pasado en un documento periodístico de la revista Expansión que tiene bajo poder la documentación que comprueba este modus operandi del que fueron “víctimas” cuatro hoteles: Cabañas Ixchel Dos Ceibas, Puerta del Cielo y Playa Azul.

En este último, por ejemplo, no se notificó a Andrés Pérez, el dueño, que uno de sus trabajadores que supuestamente ganaba alrededor de 40,000 dólares al mes (el triple que el presidente Enrique Peña) lo demandó por despido. “Nunca conocí al demandante”, dijo Pérez a quien se le sentenció a pagar 15 millones de dólares y le embargaron el hotel.

Este medio buscó a los involucrados pero hasta el momento no hay una versión de su parte.

A la par de estos despojos, Mexicanos contra la Corrupción denunció que otros condominios de lujo construidos o vendidos de manera “irregular” quedaron en manos de gente cercana al gobernador como Ulrika Fichtl Merino regidora en el municipio de Benito Juárez;  la directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Además, Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.

Antes de dejar la gubernatura y tras la derrota de su partido (PRI), el gobernador Borge protegió su administración con la creación de una fiscalía anticorrupción encabezada por funcionarios amigos que seguirán en el cargo hasta mucho después de que el mandatario deje el puesto. Una demanda en contra de esta estrategia se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.