DHS evaluará fin de uso de prisiones privadas para inmigrantes

WASHINGTON.- Tras años de presiones políticas para el cierre de prisiones privadas, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo este lunes que evaluará si la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) debe o no continuar el uso de esas prisiones para inmigrantes indocumentados.

Johnson dijo en un comunicado que pidió al Concejo de Asesores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presidido por el juez William Webster, estudiar si ICE, a cargo de las operaciones de detención de inmigrantes, debe cesar el uso de prisiones privadas.

El pasado 18 de agosto, el Departamento de Justicia dijo que la Oficina de Prisiones reducirá y en última instancia cesará el uso de sus prisiones privadas.

Por órdenes de Johnson, Webster deberá establecer un subcomité especial que revise la política y las prácticas vigentes respecto al uso de los centros de detención privados, “y evaluar si esta práctica debe ser eliminada”, tomando en cuenta incluso factores fiscales.

Johnson ha dado plazo hasta el próximo 30 de noviembre para que el subcomité entregué su informe y recomendaciones.

Jugoso negocio de detenciones

En la actualidad, ICE depende de empresas privadas como Corrections Corporation of America (CCA) y “The Geo Group” para albergar a inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera sur.

CCA fue la primera empresa en poner de moda el uso de prisiones privadas en 1983, cuando abrió su primer centro de detención en Texas.  Treinta y tres años después, CCA administra 61 instalaciones en todo EEUU, 50 de las cuales le pertenecen.  La lista incluye 34 prisiones estatales, 14 federales, 9 centros de detención de inmigrantes, y cuatro cárceles locales.

En total, las instalaciones a cargo de la CCA albergan a más de 66,000 presos y, según datos oficiales, en 2015 la empresa registró ingresos por $1,900 millones y un ingreso neto superior a los $221 millones, es decir, alrededor de $3,300 por cada preso.

Por su parte, The Geo Group cuenta con 104 instalaciones, que en su conjunto albergan a cerca de 87,000 presos, según su página web, y deriva el 60% de sus ingresos de los contratos federales. Desde 2008, ha conseguido contratos con ICE por un valor de al menos $1,180 millones.

Tras el anuncio de Johnson, las acciones de CCA cayeron en 9,4% mientras que las de The Geo Group bajaron en 6 por ciento.

La CCA no ha emitido declaraciones sobre la decisión del DHS.

Pero The Geo Group dijo que da la bienvenida a la revisión ordenada por Johnson, a la vez que insistió en que las instalaciones a su cargo cumplen con los reglamentos federales y estándares nacionales, además de que “proveen servicios rentables y de alta calidad, en ambientes residenciales seguros y humanos”.

¿Para qué esperar más?

Johnson siempre ha justificado la detención de los indocumentados pero su decisión de evaluar el cierre de los centros de detención generó el elogio de legisladores y diversos grupos pro-inmigrantes en todo el país, que llevan años pidiendo alternativas y hoy afirmaron que el DHS debe cerrarlos “ya”.

Avideh Moussavian, abogado del Centro Nacional para Leyes de Inmigración, dijo a este diario que el DHS ha permitido que durante años estas empresas se lucren con el dolor y destrucción de familias migrantes, pese a informes de abusos en esos centros, y lo correcto sería eliminar el uso de contratistas privados para encarcelar a inmigrantes.

En declaraciones a este diario, Jorge Mario Cabrera, portavoz del grupo angelino “CHIRLA”,  celebró que el DHS “esté tomando en serio esta petición (del cierre de los centros) ya que el daño que sufren los inmigrantes a diario es inaceptable”.

Por su parte, Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo que, a su juicio, “no hay nada que revisar” y que la Administración Obama debió poner fin al uso de contratistas privados hace siete años.

Estas cárceles “deben cerrarse sin más demora, y la Administración Obama debe cesar de inmediato su repugnante política de encarcelar a quienes solicitan asilo, su política de disuasión hacia los refugiados centroamericanos, y su dependencia completamente indefensible de las cuotas de deportación”, dijo.

Mientras, el senador independiente de Vermont y ex precandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders, y el legislador demócrata por Arizona, Raúl Grijalva, indicaron en un comunicado conjunto que el DHS debe seguir la pauta del Departamento de Justicia.

“Estas prisiones privadas cuestan más y son menos humanas”, dijo Sanders, quien durante su campaña electoral había prometido cerrarlas.

Para Grijalva, la decisión de Johnson es una “admisión tácita” de que las empresas que se lucran con la detención de niños y adultos mina “nuestra decencia como nación”.

Tanto Sanders como Grijalva enviaron el lunes pasado una carta a Johnson en la que subrayaron que existen alternativas más humanas que le ahorrarían al gobierno federal más de $1,400 millones al año.

Ambos presentaron además en septiembre del año pasado la iniciativa “Justice Is Not For Sale Act”, que prohíbe las prisiones privadas, pone fin a la detención de familias migrantes y elimina la cuota obligatoria de 34,000 camas en los centros de detención de ICE.

También la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, ha prometido cerrar estos centros si gana en noviembre próximo.