Legisladores latinos piden eliminar la pena de muerte en EEUU
Desde comienzos de 2016, unos 2,943 presos se encuentran en el "corredor de la muerte", incluyendo 57 mujeres
WASHINGTON.- Tomando como ejemplo al estado de Nueva Jersey, una organización de legisladores latinos estatales pidió este martes que el Congreso y los gobiernos estatales eliminen la pena de muerte, por considerarla un castigo costoso y poco eficaz contra la criminalidad.
El llamado Caucus Nacional de Legisladores Estatales (NHCSL, en inglés), compuesto por 320 legisladores latinos de EEUU y Puerto Rico, aprobó una resolución bipartidista en la que insta a las autoridades federales y estastales a poner fin a la práctica de la pena capital.
El presidente de la NHCSL, el legislador estatal de Pensilvania, Angel Cruz, señaló que la pena de muerte se aplica de forma “desproporcionada y prejuiciosa” contra los latinos y otras minorías, tiene un alto costo para los contribuyentes y acarrea el riesgo de que se condene injustamente a una persona inocente.
“No podemos permitir que se desvíen más fondos públicos a matar a personas, en vez de invertirlos en la prevención, rehabilitación, y otras medidas eficaces para combatir el crimen, que garanticn una mayor seguridad en nuestras comunidades”, argumentó Cruz.
Por su parte, la asambleísta estatal de Nueva Jersey, Annette Quijano, autora de la resolución, afirmó que la pena de muerte es un lapso moral porque se aplica de forma desproporcionada a las minorías, además de que numerosos presos han sido enviados al “corredor de la muerte” pese a ser inocentes.
“Aliento a los estados a que sigan el ejemplo de Nueva Jersey y eliminen la pena de muerte, y espero que se elimine en todo Estados Unidos con la ayuda de otros activistas como (el grupo) Equal Justice USA”, dijo Quijano.
Según la resolución, desde 1973, más de 150 personas inocentes se han salvado de la pena de muerte después de que fueron condenadas por error, aunque en su conjunto ya habían purgado más de cuatro siglos en el “corredor de la muerte”.
La aplicación de la pena de muerte también tiene un alto costo: se calcula que el costo para los contribuyentes tiene un promedio de tres millones de dólares por cada caso en el “corredor de la muerte”, es decir, tres veces más alto que un caso que no involucra la pena capital, según el Instituto Urbano.
La resolución indicó que los estados sin pena de muerte tienen tasas de criminalidad inferiores a los estados que sí continúan la práctica.
En la actualidad, 30 estados de la nación tienen en vigor la pena de muerte, incluyendo Arizona, California, Colorado, Florida, Texas y Virginia, de los cuales cuatro han impuesto una moratoria, mientras que otros 20 han eliminado la práctica, según Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, en inglés).
Los votantes en California someterán a votación en noviembre próximo una iniciativa para abolir la pena capital, aunque las encuestas indican que la mayoría en ese estado apoyan mantener la práctica en vigor.
Desde 1976, cuando el Tribunal Supremo restableció la pena capital, un total de 1,437 personas han sido ejecutadas, según estadísticas.
De los reos condenados a la pena capital, el 44% son de raza blanca, seguidos por el 43% de raza negra, el 10% de origen hispano, y el 3% de otras etnias, según DPIC.
Por otra parte, los diez condados que más aplican la pena capital tienen alta concentración de poblaciones latinas, según un informe divulgado recientemente por el “Proyecto para un Castigo Justo”, que se opone a la pena de muerte.
Un co-patrocinador de la resolución, el representante estatal de Colorado, Dan Pabón, dijo que el sistema de justicia criminal requiere una urgente reforma, y “si eliminar la pena de muerte solo salva una vida inocente, habrá valido la pena”.
