Tribunal Supremo rechaza nueva audiencia sobre alivios migratorios
Decisión aleja cada vez más la posibilidad de que los alivios migratorios sean implementados antes de que Obama deje el poder en enero próximo
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WASHINGTON.- El Tribunal Supremo asestó este lunes otro revés al presidente Barack Obama al rechazar una nueva audiencia sobre los alivios migratorios, eliminando la posibilidad de que sean implementados antes de que deje el poder en enero próximo.
En junio pasado, en una decisión de 4-4, la máxima corte del país no se pronunció sobre la legalidad de los alivios migratorios pero sí dejó en pie el bloqueo de un tribunal de menor instancia en el caso “U.S v. Texas”.
Con ese empate técnico, el Tribunal Supremo echó un balde de agua fría a la implementación de la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, y uno similar para adultos con hijos ciudadanos o residentes legales, conocido por su sigla en inglés “DAPA+”.
Preguntado por este diario, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo hoy que a la Administración Obama le decepciona que el Tribunal Supremo “una vez más ha negado la petición del Departamento de Justicia” de hacer una segunda audiencia, y urgió al Senado a que confirme de una vez al reemplazo del fallecido juez vitalicio, Antonin Scalia.
Sin embargo, precisó que la “decepcionante” decisión no altera las nuevas prioridades de deportación, centradas en “criminales, no familias”, en los que recién han cruzado ilegalmente la frontera, y en los que son una amenaza a la seguridad nacional.
La decisión del Tribunal Supremo “tiene un impacto negativo en millones de personas en EEUU. El pueblo estadounidense merece algo better de sus representantes en el Senado”, afirmó Earnest.
Los alivios migratorios, anunciados en noviembre de 2014, ofrecen amparo de la deportación a hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, pero éstos permanecen congelados mientras un tribunal en Texas estudia una demanda de 26 estados contra los alivios migratorios.
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Tras la derrota de junio pasado, la Administración Obama solicitó al mes siguiente una nueva audiencia, con la esperanza de que el Senado confirmase al reemplazo de Scalia.
Pero los republicanos, que controlan el Senado, se negaron siquiera a realizar una audiencia de confirmación para el noveno magistrado.
La Administración Obama, y una vasta coalición de grupos pro-inmigrantes, siempre han insistido en que Obama tiene la autoridad legal para implementar los alivios migratorios, y su esperanza es que el Tribunal Supremo eventualmente revierta la decisión de junio.
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El Tribunal Supremo en raras ocasiones acepta realizar una segunda audiencia, pero la súbita muerte de Scalia en febrero pasado generó expectativas de que lo hiciera.
Un empate técnico deja en pie la decisión de un tribunal de menor instancia y no sienta precedente nacional.
En esta ocasión, la decisión del Tribunal Supremo deja en limbo a millones de inmigrantes indocumentados que, sin bien no son una prioridad de deportación para la Administración Obama, permanecerán en la sombra y sumidos en la incertidumbre por el futuro previsible.
Aún si el Tribunal hubiese aceptado una segunda audiencia, y en el supuesto de que les diera “luz verde”, los alivios migratorios no entrarían en vigor antes de que Obama deje el poder en enero de 2017.
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Obama ha sido fuertemente criticado por grupos pro-inmigrantes por no cumpir su promesa electoral de adoptar una reforma migratoria integral, e incluso fue tachado como el “deportador en jefe” por haber deportado a más de dos millones de inmigrantes indocumentados desde 2009.
En noviembre de 2014, anunció los alivios migratorios pero, al mes siguiente, Texas y otros 25 entablaron una demanda en su contra.
Un juez federal en Brownsville (Texas), Andrew Hanen, acérrimo crítico de la política migratoria de la Administración, bloqueó la puesta en marcha de ambos programas.
Desde la contienda presidencial, la demócrata Hillary Clinton ha prometido defender y ampliar los alivios migratorios mientras que su rival republicano, Donald Trump, ha prometido eliminarlos y deportar a toda la población indocumentada.
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Profunda decepción
Grupos de la comunidad inmigrante expresaron su “profunda decepción” por la negativa del Tribunal Supremo.
Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, en inglés), acusó al poder judicial de permitir la injerencia de “las políticas de obstrucción”, en vez de apoyar una segunda audiencia una vez que el Tribunal Supremo contase con todos sus nueve jueces.
“El hecho de que el Tribunal Supremo sigue sin actuar sobre los asuntos más apremiantes de la nación sólo nos sirve de recordatorio de que necesitamos una corte plenamente funcional ahora, no el próximo año. Instamos al Senado a que cumpla con su labor y apruebe a ese noveno juez sin demora”, afirmó Hincapié.
El próximo presidente “puede administrar un sistema que es humano y mantiene unidas a las familias, no uno que premia a las prisiones privadas”, señaló.
“Seguiremos luchando con todas las armas en nuestro arsenal para cambiar el estatus quo. A través del poder del voto latino y de los inmigrantes, nos aseguraremos dee que cada actor anti-inmigrante rinda cuentas”, prometió Matos.
