Trump crearía crisis en “prisiones en la sombra” en sur de EEUU
WASHINGTON.- Si Donald Trump cumple su promesa de deportar hasta tres millones de inmigrantes indocumentados, eso creará una “grave crisis de derechos humanos” en centros de detención en el sur de EEUU, según una investigación divulgada hoy.
El informe “Prisiones en la sombra: detención de inmigrantes en el Sur” (“Shadow Prisons: Immigrant Detention in the South”), es producto de una investigación de siete meses realizada conjuntamente por “Southern Poverty Law Center”, “National Immigration Project” del Gremio Nacional de Abogados (NIPNLG), y “Adelante Alabama Worker Center”, que también han condenado la política de detenciones de la Administración Obama.
En sus 68 páginas, la investigación,precisó que el plan de Trump, de realizarse, implicaría una “masiva y costosa” expansión de las cárceles y centros de detención para inmigrantes, que a su vez forraría los bolsillos de las empresas de cárceles privadas, y agravaría los abusos contra los detenidos.
New SPLC report uncovers abuse and neglect at immigrant detention centers in the South https://t.co/MvZCTkGn28 pic.twitter.com/Quljymn8No
— Southern Poverty Law Center (@splcenter) November 21, 2016
Se avecina “grave crisis”
Si ya los centros de detención no han garantizado los derechos y la seguridad de los detenidos, “el inundar el sistema de detención de inmigrantes con centenares de miles más personas sólo conducirá a una grave crisis de derechos humanos”, advirtió la autora del informe y abogada de SPLC, Eunice Cho.
En declaraciones a este diario, Paromita Shah, subdirectora del NIPNLG, afirmó que a los activistas no les cabe duda que las cosas solo pueden empeorar, con una “guerra sin cuartel”, durante la Administración Trump.
“El sur es muy distinto respecto a cómo se hacen cumplir las leyes de inmigración, debido a las duras prácticas y redadas… nos preocupa que la situación de abusos vaya empeorar, con una agencia ICE todavía más envalentonada”, explicó Shah.
Si el senador republicano ultraconservador, Jeff Sessions, es confirmado como el próximo secretario de Justicia y fiscal general, “habrá menos investigaciones sobre las detenciones”, y otros nombramiento al gabinete presidencial reflejan un “patrón preocupante” porque son personas incapaces de creer que existen problemas en el sistema de detenciones, enfatizó la experta.
El propio Trump “no teme añadir más camas y alentar más el sentimiento anti-inmigrante, y no parece preocuparle averiguar si hay violaciones a los derechos humanos y civiles, y eso hacer temer un clima muy peligroso para los detenidos”, sentenció Shah.
El patrón de abusos
Los investigadores entrevistaron a más de 300 inmigrantes en seis centros de detención en Alabama, Florida, Georgia y Louisiana –más del 5% del promedio de la población allí detenida-, y la queja era siempre la misma: un clima de indefensión y un patrón de abusos a los derechos básicos al debido proceso.
Así, con demasiada frecuencia los detenidos no reciben una atención médica o de salud mental adecuada, y muchos languidecen durante meses o a veces años sin acceso a un abogado mientras esperan una audiencia o la deportación.
Este año, cinco detenidos fallecieron debido a que no recibieron el debido tratamiento médico, según el informe.
Los detenidos también denunciaron que muchos se enfermaban por ingerir alimentos podridos o vencidos, o infectados con moho y, en algunos casos, con gusanos e insectos.
En algunas instalaciones, tampoco reciben ropa limpia ni servicios básicos de higiene personal ni actividades recreacionales o para practicar su fe.
Además, los jueces han mostrado prejuicio contra quienes no tienen representación legal, y muchos detenidos han sido sometidos a abuso físico y represalias por presentar quejas, segregación y encierro total en algunas instalaciones, lo que suele contribuir al deterioro de la salud física y mental de los detenidos.
El centro de detención en el Condado Etowah, en Gadsden (Alabama), carece de un área de recreo al aire libre, y los detenidos pasan “meses, hasta años, sin pasar tiempo afuera”, dijo el documento.
De los seis centros visitados, la mitad está en manos de empresas privadas y la otra mitad en manos de alguaciles de condados con contratos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El informe se concentró en los centros de detención en el sur porque es adonde van a parar uno de cada seis detenidos, donde con frecuencia éstos no tienen derecho a audiencias de fianza. Algunas de estas instalaciones son inaccesibles al público, o son antiguas cárceles que habían sido clausuradas tras investigaciones y demandas que revelaron abusos y pésimas condiciones, dijo el informe.
Expansión de cárceles
Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), dijo que añadirá otras 10,000 camas en los centros de detención, aumentando la capacidad total a unas 45,000 camas disponibles a diario. Esa cifra, sin embargo, no sería suficiente para agilizar la deportación de hasta tres millones de indocumentados, como propone Trump.
Aún cuando no ha concluido su revisión interna del uso de cárceles privadas, el DHS decidió recientemente renovar o emitir nuevos contratos, incluyendo uno para un centro de detención en el Condado Cibola, en Milan (Nuevo México).
Su decisión contrasta con la del Departamento de Justicia de suspender los contratos a empresas privadas para el manejo de prisiones federales, y los activistas temen que el DHS simplemente utilice esas cárceles –que han tenido problemas de abuso y negligencia- para detener a inmigrantes
Según Jessica Vosburgh, directora de “Adelante Alabama Worker Center”, los abusos documentados en los centros de detención en la región sureña de Estados Unidos “podría incrementar enormemente bajo la Administración Trump”.
Por eso consideró vital que los grupos de las comunidades inmigrantes en el sur incrementan también sus esfuerzos para combatir estas prácticas.
