Demócratas quieren frenar órdenes contra inmigrantes musulmanes
Los congresistas preparan diversas ofensivar contra las acciones del presidente Trump
WASHINGTON.- Líderes demócratas del Congreso intentan desde este lunes poner un alto a las órdenes ejecutivas de la Administración Trump contra inmigrantes de siete países de mayoría musulmana por considerarlas nocivas y discriminatorias, abriendo un frente de guerra con la Casa Blanca.
El presidente Donald Trump firmó el viernes pasado medidas que de inmediato suspenden por cuatro meses la entrada de refugiados; prohíben indefinidamente la entrada de refugiados sirios, y frenan la entrada por 90 días de ciudadanos de siete países ?Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen- de mayoría musulmana.
Las medidas no afectan en absoluto a los residentes permanentes en general, aunque los de esos países podrían ser sujetos a mayor escrutinio.
Aunque Trump aseguró que no se trata de una “prohibición de musulmanes” sino de reforzar la seguridad nacional y evitar la entrada de terroristas, las órdenes han generado críticas de “islamofobia” y protestas en los principales aeropuertos internacionales en Estados Unidos.
Sus detractores, que incluyen a grupos cívicos y religiosos, replican que estas medidas violan el derecho constitucional a la libertad de culto, porque dan trato preferencial a refugiados cristianos, además de que le sirve a grupos terroristas como herramienta para reclutar más adeptos.
La lista no incluye a países de donde procedieron los jihadistas implicados en los atentados del 9/11, como Arabia Saudita y Egipto, ni a Pakistán y Afganistán, donde radican grupos extremistas, ni a otros países donde las compañías de Trump tienen intereses económicos.
Pero la Administración ha insistido en que la lista inicial se basa en informes de inteligencia durante el gobierno del presidente Barack Obama de países con problemas de grupos terroristas, y no descarta incluir más naciones en el futuro.
Resistencia desde el Congreso
En el frente legislativo, la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, ha preparado sendos proyectos de ley, para anular la prohibición de musulmanes, y para que el Congreso aumente su supervisión de las restricciones al ingreso de toda una categoría de inmigrantes.
Trump “no debería tomar este tipo de acción de forma unilateral, debido a la severidad de las consecuencias. Una cosa es revisar a la gente antes de que vengan a este país, y eso ya lo hacemos, y otra muy distinta es decir que individuos de ciertos países, de ciertas religiones, o que son refugiados que huyen de un conflicto, están prohibidos en EEUU”, explicó Feinstein, quien considera las medidas como una práctica discriminatoria.
También el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, pedirá la revocación de las medidas y, más tarde, acudirá a las escalinatas del Tribunal Supremo junto otros líderes de su bancada en ambas cámaras del Congreso, a activistas y refugiados para pedirle a Trump que las elimine por considerarlas nocivas para inmigrantes y refugiados.
Por su parte, los senadores demócratas de Illinois, Tammy Duckworth y Dick Durbin, han pedido una investigación independiente sobre la “caótica” implementación de las medidas, tras la detención de refugiados y algunos residentes permanentes, y las trabas que afrontaron sus abogados.
Otros legisladores demócratas pidieron en una carta al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, una reunión, a más tardar el 1 de febrero, para que explique el alcance de las medidas.
Algunos republicanos, como el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y los senadores Bob Portman, de Ohio, y John McCain, de Arizona, criticaron que Trump y su equipo elaboraron esas órdenes sin estudiar bien el proceso y su efecto.
Ejército de abogados
La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y otros grupos cívicos han movilizado a un ejército de abogados y voluntarios para defender a quienes fueron detenidos en los aeropuertos, y se apuntaron una importante victoria cuando un juez federal bloqueó la deportación de los detenidos el sábado pasado.
Entre los detenidos hubo niños y ancianos, además de un refugiado iraquí que trabajó como intérprete del Ejército estadounidense. También cayó en la amplia red un residente permanente iraní de 78 años, que regresaba a EEUU a través del aeropuerto angelino.
Confusión sobre residentes legales
Las medidas generaron confusión inicialmente: el sábado, un funcionario de la Administración dijo que la medida aplicaría a todos los residentes permanentes, pero cada caso se estudiaría individualmente. Al día siguiente, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, explicó que las medidas no afectarán a los residentes permanentes, salvo que haya datos de que una persona supone “una amenaza seria a la seguridad y bienestar público”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó ayer que el gobierno mantiene su compromiso de que las personas afectadas por las órdenes ejecutivas “tengan todos los derechos que la ley provee”, y sean tratadas “de forma humana y con profesionalismo”.
A menos que el ingreso de una persona con “green card”, o tarjeta de residencia permanente, sea una “amenaza seria” al bienestar y la seguridad pública, estas personas no deben temer regresar al país, según la Administración.
“Las personas que viajan con tarjeta de residencia permanente van a seguir siendo procesadas como siempre. A menos que hayan viajado a los siete países mencionados, que podrían ser cuestionadas sobre el propósito de su viaje”, dijo a este diario la directora de asuntos de prensa de la Casa Blanca, Helen Aguirre Ferré.
EEUU procesó en las 24 horas desde que entraron en vigor las medidas a 325,000 personas que viajaron del exterior y, de ese total, 109 fueron sometidas a un mayor escrutinio en los aeropuertos, dijo Aguirre Ferré.
