Gobernador de Texas en guerra contra los inmigrantes de su estado y contra Sheriff latina

Abbot emula a Trump castigando a sheriff del condado Travis (Austin) por no colaborar con cada solicitud de ICE, y empuja ley que quiere dar a todos los agentes policiales autoridad para pedir papeles a detenidos

Organizaciones pro inmigrantes de Texas están en pie de guerra contra el gobernador Greg Abbot, quien junto a la legislatura estatal de mayoría republicana, quiere obligar que todos los departamentos policiales y sheriff de los condados en su estado hagan las tareas de agentes migratorios federales.

Un proyecto de ley pendiente en la legislatura y acelerado por una decisión de “emergencia”, también retiraría fondos a universidades que se declaren “santuarios”, una designación más bien simbólica que según activistas no impide el trabajo de las autoridades migratorias, pero evita colaborar con estas.

El gobernador Abbot, además, se convirtió en el primer mandatario estatal en todo el país en implementar castigos como los que promete Trump contra las llamadas “ciudades santuarios”, al retirar este miércoles 1.5 millones en fondos estatales a la sheriff de Travis County, la latina Sally Hernández.

Pero ese es solo el principio de la lucha de Abbot contra los inmigrantes en Texas, ya que la legislatura estatal discutirá hoy en Austin el proyecto de ley (SB4) que según los grupos pro inmigrantes tendría el efecto de “diez leyes de Arizona juntas” en las comunidades de Texas.

El proyecto de ley, cuya audiencia fue acelerada en forma inusual, daría a los agentes locales la autoridad de pedir estatus migratorio durante cualquier arresto, castigaría a policías y recintos universitarios que no colaboren con ICE y hasta daría a un ciudadano común la capacidad de denunciar a instituciones que no colaboren con la “migra”.

La letra del proyecto de ley, patrocinado por el senador Charles Perry de Lubbock, Texas, promovería que los agentes de policía “decidan en forma individual y por sus sentimientos personales, si deben pedir papeles a una persona detenida por cualquier razón”, dijo Adriana Cárdenas, de la coalición de grupos comunitarios RITA, en Texas.

Las organizaciones pro inmigrantes se estarán volcando este jueves hacia Austin a testificar en la audiencia de un comité del senado que considerará SB4 y se espera que cientos de personas se presenten a declarar, dijeron activistas.

John Michael Torres, activista de la organización LUPE en el Valle de Rio Grande al sur de Texas, dijo que otros condados han expresado apoyo a la decisión de la sheriff Hernandez, pero que la amenaza del gobernador Abbot podría tener un “efecto congelante”.

“No hay muchos condados aquí en Texas que están desafiando las solicitudes de ICE, pero algunos se estaban moviendo en esta dirección porque entienden que colaborar estrechamente con las autoridades migratorias es nocivo para la seguridad local y la relación de la comunidad con las autoridades”, dijo Torres.

La sheriff latina que se enfrenta a Abbot y a Trump

Hernández, recién electa al cargo, anunció el pasado viernes con un extenso video, que su departamento, a cargo de las cárceles de ese condado (que incluye a Austin), no seguiría reteniendo en las cárceles a migrantes sólo porque ICE presente un “detainer” o solicitud de arresto.

Esto ocurrió además dos días después que el presidente Donald Trump dijo en una orden ejecutiva que castigaría a las llamadas “ciudades santuario” que es como definen a cualquier jurisdicción que ponga límites a la colaboración con ICE o Agencia federal de Inmigración y Aduanas.

El anuncio de Hernandez despertó la ira de Abbot, quien calificó la decisión de “temeraria” y “frívola”, quien este miércoles anunció que suspendería la entrega de fondos estatales a ese departamento. También prometió multas “más fuertes” en el futuro.

La sheriff Hernández ha dicho que la política de involucrar a agencias locales de la ley en tareas migratorias y de exigir que un condado retenga a personas detenidas para que las recoja ICE, “no contribuyen a la seguridad pública, sino todo lo contrario”.

Al anunciar el cambio de política en sus cárceles, la sheriff dijo que “nuestras cárceles no son depositorios para ICE y nuestros agentes no son agentes de ICE”.

“Nuestro trabajo es enfocarnos en combatir la delincuencia a nivel local. Si ICE presenta una orden de arresto para alguna persona fichada en nuestro sistema, la cumpliremos. De otra manera no podemos retener a alguien solo porque ICE lo pida, sin una orden judicial. Eso es ilegal”, dijo Hernández.

He aquí el video completo en el que Hernandez, la sheriff latina:

Fernando García del Border Network for Human Rights, dijo que de convertirse en ley, la SB4 implicaría la “toma de poder de parte del gobernador y el gobierno estatal sobre todos y cada uno de los policías y sheriffes del estado”.

“Esto es muy grave, la ley estaría quitándole el control a los jefes policías de manejar sus departamentos como ellos piensan que es mejor para sus comunidades, eso es algo que ellos no aprecian. Y además estarían reventando la relaciones comunitarias que estas policías han desarrollado por años”, dijo García.

En su discurso anual al estado Abbot había dicho el martes que iba a liderar la lucha contra las “ciudades santuario” e incluso a buscar la destitución de funcionarios que tomen decisiones contrarias a su opinión sobre el asunto.

“¿Quién es él para destituir a la sheriff que fue electa por los votantes de su condado?, dijo Cadenas.

MALDEF y ACLU entre otras organizaciones están examinando lo que sucede en Texas y decidiendo sobre una posible lucha legal contra estas actividades.

En cierta forma, Texas es el espejo contrario a California, donde el gobierno está en manos demócratas y el liderazgo, desde el gobernador para abajo, le ha plantado cara a Trump y a Washington. Texas, por otra parte, tiene un gobierno republicano de arriba abajo, a pesar de la gran población latina e inmigrante, y ese estado ha tomado la bandera a favor de Trump.

Hay que recordar que Abbot y Texas lideraron la demanda contra los programas DAPA y la extensión de DACA que hubieran legalizado temporalmente a millones de indocumentados en el gobierno anterior.

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