Daniela Vargas, una “dreamer” argentina, fue detenida en Misisipi

Su padre, Daniel, 55 años, y su hermano, Alan, de 26 años, habían sido detenidos a mediados del mes pasado

WASHINGTON.- Una familia argentina ha sufrido en carne propia el giro draconiano que ha dado el gobierno de Donald Trump en la política migratoria de Estados Unidos, al quedar detenida por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) por carecer de una residencia legal en Estados Unidos.

Daniela Vargas, una “dreamer” de 22 años, que estaba protegida por el decreto de Barack Obama que blindó a millones de jóvenes indocumentados de la deportación, fue detenida ayer en Misisipi, según su abogada, Abby Peterson.

Su padre, Daniel, 55 años, y su hermano, Alan, de 26 años, habían sido detenidos a mediados del mes pasado afuera de su casa en Jackson cuando iban a trabajar. Daniela se ocultó durante horas en un armario, hasta que los agentes la encontraron y la esposaron. Luego, fue liberada.
Un vocero de ICE, Thomas Byrd, dijo al periódico USA Today que la detención de Daniel y Alan formó parte de las “operaciones de aplicación de la ley” de la agencia migratoria.

Daniela tenía sólo 7 años cuando su familia dejó Córdoba en medio de la fuerte crisis económica que estalló con el crac financiero de fines de 2001. Los Vargas llegaron a Estados Unidos con visas de turistas. Esos visados expiraron, pero los Vargas se quedaron. Sus padres se divorciaron.
Al haber llegado cuando era una niña, Daniela calificó para el programa de acción diferida que el gobierno de Obama implementó por decreto para los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”. Vargas se anotó en el programa, que otorga un permiso de residencia y de trabajo temporal. Ese permiso ya expiró, y Vargas espera aún la aprobación de la renovación.

Su abogada indicó que explicó su situación a ICE, pero le dijeron que debía permanecer detenida. ICE no respondió el pedido de información de LA NACION.

Trump ha ampliado el universo de extranjeros indocumentados sujetos a deportación, al ordenar a las agencias de seguridad que deporten no sólo a criminales condenados por un delito serio, sino también a personas acusadas por delitos menores, incluso si están sospechadas o acusadas de haber cometido un delito, sin haber sido condenadas.

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