Avanza en México revalidación de estudios para “dreamers” deportados por Trump

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta enviada por el Senado para facilitar la revalidación de estudios de los mexicanos deportados por Trump
Avanza en México revalidación de estudios para “dreamers” deportados por Trump

MÉXICO –  Con el voto en contra de Morena, la comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la minuta enviada por el Senado para facilitar la revalidación de estudios de los mexicanos que sean deportados de Estados Unidos.

Por voz de Patricia Aceves, la bancada de Morena alegó que la iniciativa preferente del Ejecutivo federal privatizará y mercantilizará la educación en el nivel superior.

En apenas 25 minutos, con 19 votos a favor del PRI, PAN, MC, PRD y Nueva Alianza,y uno de la diputada Magdalena Morena, suplente de Delfina Gómez, candidata postulada por Morena al Gobierno del Estado de México, la minuta fue convalidada y en la sesión de mañana martes se le dará la primera lectura para que el pleno la vote el jueves próximo.

La iniciativa facilita la revalidación de estudios y simplifica trámites de actas de nacimiento y apostillas. Para el caso de preescolar hasta el bachillerato, la revalidación será prácticamente automática, sea de nacionales o internacionales.

El texto de la reforma señala que todo individuo tiene derecho a recibir enseñanza de calidad en condiciones de equidad. Por lo tanto, todos los habitantes tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional.

Establece que se deberá garantizar el acceso a la educación básica y media superior, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad. Además, los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación.

A juicio de la diputada Patricia Aceves, al menos tres de los 12 artículos de la Iniciativa Preferente “abren la puerta a la privatización”.

“Si el problema migratorio fuera el centro de esta iniciativa se hablaría de apoyar las escuelas rurales donde se concentra el grueso de la población deportada”.

Si el Estado, alegó, “quiere reencauzar la educación lo peor que puede hacer es renunciar a sus atribuciones y potenciar el riesgo de mercantilización de los servicios educativos. Tendría que defender el carácter público de la administración y ver esto no como mercancía sujeta a las fuerzas del mercado. Esta iniciativa abre las puertas a la privatización”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Francisco Martínez Neri, propuso en vano incorporar un párrafo para facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignar recursos provenientes de ahorros a las necesidades derivadas de la deportación.