Editorial: “La Migra” pasa vergüenza
El propósito de los reportes de ICE era avergonzar a los cuerpos policiales y a las ciudades que no obedecen los deseos de la Agencia para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En cambio sirvió para mostrar la incompetencia y falta de credibilidad de la agencia federal.
Parte del plan de la administración Trump para deportar indocumentados es que ICE publique semanalmente una lista de localidades que supuestamente no colaboran con ellos. De lugares que, según la Casa Blanca, ponen en peligro la seguridad pública con esta actitud.
Allí también se detallan los casos en que una determinada agencia policial no acató una petición de detención de ICE para retener a un individuo dos días más de lo debido. Con esto ICE quiere tener tiempo para ver si detiene al indocumentado para deportarlo, si es que es está acusado de un delito o ha cumplido una condena.
Después de tres reportes, ICE suspendió temporalmente su publicación para “analizar y refinar su metodología” porque estaban plagados de errores.
No faltó alguien de ICE que, comentando los problemas en el primer reporte, les restó importancia diciendo que lo importante era avergonzar a lo que no colaboraban con ellos.
La vergüenza fue de las autoridades de inmigración.
En los reportes se confundía los nombres de las ciudades, se hablaba de situaciones que nunca existieron, y erraban en las jurisdicciones donde estaban los detenidos. Las correcciones y disculpas sucedían a los reportes.
Había también otra confusión que surge por los excesos cometidos en la aplicación de la política de ICE. El reporte estaba dirigido a presionar a las ciudades exagerando la falta de colaboración. En la lista de las supuestas ciudades santuarios había algunas que permitían el ingreso de ICE a sus instalaciones, autorizaban a sus agentes a entrevistar indocumentados e incluso se les notificaba cuando un detenido era liberado para que pudiera ser detenido. Eso no era suficiente para ICE.
No hay definición formal de lo que es una ciudad santuario. Se sabe que los tribunales consideran inconstitucional que la policía retenga a un detenido más de lo debido sin una orden del juez. Esta es la objeción de las ciudades.
Al Departamento de Justicia no le interesa lo que es constitucional, si de inmigración se trata. Tampoco presta atención a lo absurdo de la orden presidencial para elaborar estas listas.
Ni le importa que su política resulte más peligrosa para todos cuando los inmigrantes, por temor a la deportación, no denuncian crímenes como ocurre en Houston y Los Ángeles.
Pero sí parece responder a un papelón ridículo que simboliza lo inadecuado de la política migratoria de Trump.
