Inquilinos amenazados con ‘La Migra’ podrán defenderse

Fiscal General presenta un proyecto de ley para facilitar las acusaciones en contra de caseros que usan el estatus migratorio
Inquilinos amenazados con ‘La Migra’ podrán defenderse
Miembros de organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos mostraron apoyo por las medidas. Foto por Mariela Lombard
Foto: Mariela Lombard / El Diario NY

María, una inmigrante ecuatoriana que reside en Queens, está viviendo días llenos de angustia porque su casero la amenazó con llamar a ‘La Migra’ si no se va del apartamento. “Yo tengo dos hijos pequeños y me da miedo que me lleven y se queden solos”, expresó la madre sobre sus hijos que son ciudadanos estadounidenses y quien no quiso revelar su apellido.

El caso de esta mujer, quien tiene 40 años y trabaja limpiando casas, se está repitiendo cada vez más en la Gran Manzana, debido a que los dueños de edificios se están aprovechando del temor que han provocado las nuevas políticas de inmigración de la administración de Donald Trump, para acosar a los inquilinos que no tienen papeles migratorios.

Es por ello que este miércoles el fiscal general del estado, Eric Schneiderman, presentó la guía “Conozca sus derechos”, para que los inquilinos inmigrantes sepan cómo pueden defenderse cuando son víctimas del hostigamiento.

“Todos en Nueva York tienen el derecho básico de vivir en paz en su hogar. El acoso de los inquilinos basado en el estatus migratorio no sólo es terrible, sino ilegal”, dijo Schneiderman durante una rueda de prensa en La Marqueta, en El Barrio, en la cual María contó la pesadilla que está viviendo.

Inquilina Maria es hostigada por su casero.
El casero de María se aprovechó de su miedo de ser deportada. Foto por Mariela Lombard

El Fiscal General, quien estuvo acompañado del congresista federal Adriano Espaillat, la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, la defensora del pueblo Letitia James y miembros de grupos defensores por los derechos de los arrendatarios, también resaltó que aunque los inmigrantes sepan sus derechos, las actuales leyes que protegen contra el acoso a inquilinos de un apartamento de renta estabilizada son tan restrictivas, que ningún casero ha salido culpable en la corte criminal.

Eso se debe a que la ley escrita hace casi 20 años, requiere que los fiscales prueben que el propietario tuvo la intención de hacer que el inquilino desaloje su casa, además de mostrar evidencia de que el arrendatario sufrió lesiones físicas debido a las acciones del casero y que él o ella actuó con intención de causar dichas lesiones.

Para facilitar el trabajo de los abogados en estos casos, la oficina de Schneiderman también presentó este miércoles un proyecto de ley que eliminaría la necesidad de probar las lesiones físicas de un inquilino, y la intención específica del propietario. El Fiscal General es uno de los funcionarios electos que puede presentar proyectos de leyes directamente en la Legislatura estatal, mientras tenga el apoyo de senadores y asambleístas que la patrocinen.

Aunque aún no se han determinado los patrocinadores, representantes de ambas cámaras, incluyendo la senadora estatal Liz Krueger y la asambleísta Carmen de la Rosa, estuvieron presentes apoyando la propuesta de ley.

“No podemos dejar que un patrón criminal continúe sin que haya un remedio legal”, expresó Schneiderman. Desde que ha estado en su puesto, el Fiscal General ha escrito decenas de legislaciones que facilitan el trabajo de los abogados.

Fiscal General Eric Schneiderman con la presidenta del Concejo Melissa Mark-Viverito el anuncio de una guia para ayudar a los inquilinos de acoso por parte de los caseros sin importar el estatus migratorio.
El fiscal general Eric Schneiderman junto la presidenta del Concejo Melissa Mark-Viverito, la defensora del pueblo Letitia James, y el congresista federal Adriano Espaillat en la Marqueta.  Foto por Mariela Lombard

Caseros serían arrestados

Espaillat expresó confianza en que de aprobarse la nueva ley se aseguraría que los caseros inescrupulosos sean sancionados o arrestados. “Particularmente en un tiempo como éste donde la administración de Trump realmente tiene un ambiente hostil, intolerante y tóxico, que se presta para promover este tipo de hostigamiento”, indicó el congresista.

El grupo de defensores públicos Legal Aid también expresó su satisfacción con la nueva medida. “Por demasiado tiempo, los caseros han evitado la mayoría de las consecuencias criminales por acosar a los inquilinos, porque la ley existente carece de los medios para responsabilizar a los malos actores”, dijo Judith Goldiner, la abogada encargada de la unidad de reformas en las leyes civiles. “Una reforma es drásticamente necesaria y esta legislación asegurará finalmente que los propietarios sean llevados a la justicia”, añadió.

Para hacer denuncias:

La oficina de Schneiderman también indicó que ahora tendrá una línea directa con la oficina de Nuevos Americanos, administrada por Caridades Católicas, para expandir sus servicios. Si ha sido víctima de acoso por parte de un casero, llame al 1-800-566-7636 para que le conecten con un servicio legal cualificado. La línea gratuita está disponible de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes. Todas las llamadas son confidenciales y anónimas.

¿Qué hace la ley?

  • Añade un nuevo delito menor de clase A que se aplicaría a los propietarios y sus agentes que, con la intención de hacer que un arrendatario con rentas reguladas abandone su casa, participen en un comportamiento que probablemente y de hecho, interfiera o perturbe la comodidad, el reposo, la paz y la tranquilidad de tal inquilino en el uso de su hogar.
  • Expande la ley criminal de clase E existente para hacer ilegal que los propietarios o sus agentes intenten forzar a los inquilinos en dos o más unidades de alquiler regulado a mudarse mediante un “continuo curso de conducta sistemática” o “repetidamente cometiendo actos durante un período de tiempo” que es, o razonablemente podría interferir y perturbar la comodidad, reposo, paz y tranquilidad de tales inquilinos en el uso de sus hogares.
  • Hace un delito grave de clase E cuando un casero vuelve a cometer la nueva ofensa de delito menor clase A en cinco años o menos. El delito de clase E conlleva una sentencia máxima de hasta cuatro años de prisión.