Notarios, pieza clave en la corrupción de los gobernadores de México
La figura de notario público es una de las más importantes para el buen o mal funcionamiento del país
MÉXICO – Muchos gobernadores del país cuentan actualmente con una larga lista de denuncias similares a las del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien otorgó millonarios contratos de su gobierno a empresas fantasma que creó gracias la ayuda de notarios públicos a quienes él mismo dio las patentes notariales.
La figura de notario público es una de las más importantes para el buen o mal funcionamiento del país porque es el personaje máximo para autentificar los actos celebrados entre particulares como herencias, creación de empresas, compraventas de inmuebles, donaciones, hipotecas, fideicomisos y adjudicaciones.
Si los notarios se corrompen pueden autentificar propiedades producto del lavado de dinero de políticos, o del crimen organizado (como ocurrió en Michoacán con el secuestro de familiares de aguacateros para obligarlos a “donar” sus terrenos a gente de los Caballeros Templarios) o dar fe de la creación de empresas mal habidas ¡de los gobernadores!.
A pesar de estos riesgos, las leyes locales han dado a los mandatarios estatales el poder de nombrar a los notarios públicos o dar el último visto bueno, excepto en la Ciudad de México, donde se hace un concurso de oposición público.
Esto ha significado una carta en blanco para la corrupción, según reconoció el presidente del Notariado Mexicano, Antonio Manzanero. “Los gobernadores están usando las notaría para hacer pagos de favores. Si alguien en una época le concede, le presta o ayuda con algo al jefe del Ejecutivo, cuando éste está en la posibilidad de hacerlo lo nombra como notario”.
Cada año los mandatarios locales de todos los partidos son señalados por dar las notarías a amigos, parientes, compadres y funcionarios fieles. El actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, cuando fue gobernador de Hidalgo, y el presidente Enrique Peña nieto, cuando estuvo al frente del Estado de México son dos buenos ejemplos.
En tiempos más recientes el ex gobernador Rafael Moreno Valle entregó en su momento patentes de notarías a una ex contralora del estado y diputada local (en Cholula); un legislador de Compromiso por Puebla (en la Libres) y a la esposa de su jefe de oficina; a dos ex funcionarias del DIF (en Zacapoaxtla y Zacatlán), a la titular del despacho estatal para la información pública (en Cholula) y al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
En Aguascalientes, dos meses antes de terminar su mandato, Carlos Lozano entregó notarías públicas a tres personas de su entorno: Sergio Javier Reynoso, quien fue su secretario de Gobierno; Paulet Reynoso, su sobrina política, y Fernando González de Luna, un magistrado y amigo personal.
En su defensa, las entidades afirman que el gobernador solamente entrega patentes notariales a quienes cumplan los requisitos de ley y hasta en algunas entidades se han realizado “concursos de oposición” que han sido descubiertas como meras simulaciones.
En Guerrero, la revista Proceso reveló que a Francisco Aguirre, sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre –cesado por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa- así como a Francisco Salgado, hijo de un ex secretario de Gobierno, el ex gobernador interino Rogelio Ortega entregó nuevas notarías a pese a que no cumplieron con los requisitos de la Ley del Notariado estatal.
Aunque se presentaron al concurso de oposición no acreditaron el periodo de tres años de laborar por tiempo completo en una notaría ni presentaron certificados de especialización en derecho notarial, ni la carta de antecedentes no penales estatal, ni federal.
Analistas del tema coinciden en que lo ideal sería que todos los estados hicieran públicos los concursos de oposición como ya se hace en la Ciudad de México, sin embargo, los funcionarios estatales se oponen a perder este privilegio.
En 1989, el congreso de Baja California, atizado por el gobernador en turno, llegó al caso extremo de autorizar al ejecutivo de exentar todos los requisitos para el examen de posición y entregar directamente la patente al aspirante.
“Los políticos creen que las notarías son una panacea, una mina de oro, y no sabe o no entiende lo que significa la actividad en sí misma, la responsabilidad para el país”, dijo Manzanero, cuando contenía por presidir el Notariado Mexicano; dos años después, las situación de los notarios en las vidas estatales siguen igual: depende de los congresos cambiarla”
Los notarios y el crimen organizado
Desde 2013 son coadyuvantes con la autoridad judicial para combatir el lavado de dinero en materia de recaudación, informes electrónicos y reportes acerca de las actividades que pudieran generar el blanqueo de capitales y crimen organizado, aún cuando los notarios sean nombrados por autoridades el mismo gobernador acusado de cometer estos crímenes.
