Trump ordena estudio para posibles sanciones contra acero importado
El presidente busca que las empresas utilicen acero estadounidense
WASHINGTON.- Ante la inundación del acero importado en EEUU, en especial de China, el presidente Donald Trump ordenó este jueves un estudio para posibles sanciones a importaciones que perjudiquen a empresas y trabajadores de la industria acerera en este país.
“El acero es crítico para nuestra economía y nuestro Ejército. Esta no es un área en la que podamos darnos el lujo de depender de otros países”, dijo Trump desde el Despacho Oval, al firmar una orden ejecutiva que agiliza las investigaciones de prácticas comerciales de rivales en el exterior.
Trump estuvo acompañado de ejecutivos de compañías y agrupaciones de la industria acerera como US Steel y Ak Steel, y el presidente del sindicato “United Steelworkers” (USW), que apoyaron la investigación.
Las importaciones de acero han aumentado un 19.6% en el último año, mientras que la producción nacional es del 71%, según datos del Departamento de Comercio.
El estudio ordenado por Trump no incluye ninguna acción legal o punitiva, pero sí envía una clara señal de posibles medidas en el futuro contra China, que ha inundado el mercado estadounidense con su acero barato.
Una investigación de la revista “Newsweek” el año pasado indicó que Trump, como empresario, usó acero importado de China en vez del de empresas de Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin -estados clave en la contienda presidencial- en varios de sus proyectos de construcción de edificios. Eso ha generado críticas de hipocresía de sus detractores.
Si EEUU adopta sanciones u otras medidas proteccionistas, eso podría desatar una guerra comercial, elevar el precio del acero y perjudicar a industrias que dependen de esas importaciones, como los fabricantes de automóviles o de electrodomésticos, según observadores.
Disputas con China
En la actualidad, China produce casi la mitad de todo el acero en el mundo, y ha acaparado el 26% del mercado estadounidense, pese a que se comprometió a reducir su producción nacional.
Los productores de acero de estados como Ohio e Indiana –que Trump ganó en 2016- se han quejado de que el gigante asiático ha inundado el mercado nacional con su acero barato durante años, perjudicando a empresas y trabajadores.
La práctica, conocida en inglés como “dumping”, ha generado el despido de más de 13,000 trabajadores y una pérdida económica por miles de millones de dólares.
De hecho, el año pasado, la empresa US Steel, uno de los principales empleadores de Indiana, anunció el despido el 25% de su planilla laboral tras generar pérdidas por $1,500 millones.
En marzo de 2016, la Administración Obama impuso tarifas de más del 200% contra ciertos productos de acero chinos, pero eso apenas redujo su producción nacional.
Salvo que Trump tome alguna medida radical, aseguran expertos, es poco probable que el gobierno de Pekín vaya a retirar subsidios a su industria acerera o que, según la fantasía de empresas estadounidenses, vaya a cerrar algunas de sus fábricas.
Evaluarán acciones futuras
En un encuentro con periodistas, el secretario del Comercio, Wilbur Ross, explicó hoy que el asunto del acero chino “tiene un impacto muy serio en la industria nacional” y que es posible que el estudio, que previsiblemente emitirá antes del plazo de 270 días, recomiende alguna acción “en todas las importaciones de acero”.
Sin embargo, precisó que una investigación sobre posibles “aranceles compensatorios” por la práctica comercial del “dumping” se limitaría a ciertos productos de un determinado número de países.
Bajo la “sección 232” del “Acta de Expansión Comercial de 1962”, el Departamento de Comercio ha realizado en los últimos años 152 casos de “importaciones inapropiadas” en la industria acerera, y tiene 25 casos “anti-dumping” pendientes, dijo Ross.
En estas investigaciones, las autoridades evalúan asuntos como la producción de acero nacional y su impacto en la defensa del país; la capacidad de la industria nacional; la cantidad e impacto de las importaciones, y el efecto de la competencia exterior en las compañías y trabajadores del sector.
La ley de 1962, promulgada por el presidente John F. Kennedy, autoriza sanciones comerciales por razones de “seguridad nacional”, pero no se ha usado desde 1995. Ahora vuelve a la palestra nacional en el marco del nacionalismo económico que promueve Trump.
Durante la contienda, Trump prometió poner a EEUU “de primero”, y así fomentar a las empresas y fuerza laboral estadounidense.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) desalienta sanciones unilaterales y demás medidas punitivas, pero Trump la ha calificado como un “desastre” y ha dejado en claro que reformará las leyes comerciales para defender a los trabajadores en EEUU.
Al igual que ha ocurrido en el sector manufacturero, las fábricas de acero en EEUU han cerrado sus puertas en Texas, Pensilvania y otros estados debido a múltiples razones, como la automatización o la baja demanda, por lo que no está claro que las amenazas de Trump ayuden a restablecer empleos en la industria acerera.
