Indocumentados con records criminales enfrentan a defensores de inmigrantes

Los inmigrantes convictos de un crimen violento se han convertido en la manzana de la discordia entre activistas y funcionarios demócratas, un desacuerdo que socava la unidad en la defensa de los inmigrantes, advirtieron activistas.

“Los demócratas no quieren pelear para que haya un proceso debido para todo el mundo, no quieren que una de estas personas después cometa un crimen y regresen los adversarios a decirles esto pasó por tu culpa” explicó a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Estas diferencias se hicieron visibles después de que las supervisoras del condado de Los Ángeles, la exsecretaria de Trabajo Hilda Solís y la excongresista federal Janice Hahn, propusieran excluir a inmigrantes con antecedentes criminales de recibir beneficios de representación legal del Fondo de Justicia de Los Ángeles, de 10 millones de dólares.

Tras conocerse la propuesta, la Coalición para la Representación Universal de California promovieron una protesta contra las funcionarias demócratas, que en el pasado han apoyado a la comunidad inmigrante.

Los Ángeles fue de las primeras áreas en designar recursos económicos para pagar por la defensa de inmigrantes que se vean afectados por las deportaciones que prometió la Administración del presidente Donald Trump.

No obstante, las reglas del fondo excluyen a condenados por asesinato, violación, robo, tráfico de personas y abuso infantil, entre otros.

Ante la protesta de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), entre otros, las demócratas decidieron posponer la reglamentación de quién se beneficiará de los recursos públicos.

Carmen Iguina, abogada de ACLU en el sur de California, consideró que sin excepción los inmigrantes deberían tener acceso a este fondo legal, argumentando que todos tienen derecho al debido proceso.

Para Robert Cisneros, abogado de la organización Empire Justice Center, basada en Nueva York, el uso de ciertos criterios para designar a qué inmigrantes se les ofrece un beneficio no es nuevo, pues desde el Gobierno federal hasta los congresistas han usado categorías para favorecer a ciertos grupos.

El experto puso como ejemplo la propuesta de garantizar representación legal a los menores no acompañados que ingresaron al país de forma indocumentada, mientras los inmigrantes adultos se quedaban sin este derecho.

“Un procedimiento justo sería que a todos se les garantizara la representación”, dijo a Efe Cisneros.

Los desacuerdos entre los defensores de los inmigrantes y los demócratas por los inmigrantes con antecedentes también se ven en Chicago, donde activistas y miembros de la comunidad hispana son cautelosos sobre la posición de su alcalde, Rahm Emanuel.

El demócrata, denuncian, fue uno de los arquitectos de las duras políticas de la administración del expresidente Bill Clinton que cambió el sistema migratorio en 1996 – con la ley de Responsabilidad Migratoria (IIRIRA)-, y clasificó a un gran número de inmigrantes como criminales y aumentó sobremanera la deportaciones.

“Desde la ley del 96 estamos diciendo que le pusieron el titulo de criminal a gente que no lo es, y en 20 años nadie ha hecho caso de cómo se perjudicó a miles. Emanuel tiene parte de responsabilidad en esto”, dijo a Efe Angela Fernández, directora ejecutiva y abogada de Northern Manhattan Coalition for Immigrants Rights.

Emanuel ha dicho que mantendrá la política de ciudad “santuario” de Chicago, pero no se ha comprometido a proteger a los inmigrantes con récord criminal. Esta posición le ha generado criticas de activistas como las del “soñador” Luis Gómez, quien le pidió que no fuera excluyente en una conferencia de prensa donde coincidieron.

Según Fernández, estas propuestas de establecer criterios de a quién se debe defender en una corte de inmigración y a quién no contradice la definición de democracia.

“Estamos cruzando la línea, no es justo que digamos quién tiene la oportunidad de tener un abogado para que le revise su caso”, insistió.

En Nueva York, las organizaciones han luchado para que estos criterios para clasificar a los indocumentados se reduzcan.

El gobernador, Andrew Cuomo, asignó diez millones de dólares del presupuesto de 2018 para asegurar que inmigrantes que enfrenten la deportación tengan representación legal y no se han dictado reglas de exclusión.

“En un caso no detuvimos la deportación, pero descubrimos que lo iban a enviar a un país equivocado, esa es la diferencia que puede significar un abogado”, apuntó Fernández.

Tanto Solís como el Ayuntamiento de Los Ángeles han defendido su posición argumentando que los recursos son limitados (10 millones de dólares) y quieren hacer el mejor uso de ellos.

Los defensores de los inmigrantes aseguran que están dispuestos a aumentar la brecha de separación de los demócratas sino cambian su posición excluyente.

“La representación es universal, Solís y todos los demócratas deben recordar que no se trata de defender a personas que han cometido un delito sino de defender el debido proceso para todos”, sentenció Alvarado.