Puerto Rico abre la puerta a la quiebra
Los bonistas interponen en apenas horas demandas contra la isla por impago
Ricardo Roselló, gobernador de Puerto Rico. Crédito: | EFE
La moratoria que impedía que los acreedores reclamasen en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico dejó de tener efecto el martes y con ello se abre la puerta a un proceso de quiebra tutelado por la Justicia.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, está evaluando las alternativas posibles, aunque la facultad de tomar una decisión sobre el asunto recae en la Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control a las autoridades de San Juan establecida por normativa aprobada por el Congreso de EE.UU.
El Congreso estadounidense, al que queda sometido el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su Constitución, aprobó en junio la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para dar solución a una deuda de 70.000 millones de dólares.
Promesa establece una Junta de Supervisión Fiscal que controla todos los pasos que da el Ejecutivo de Rosselló. Esta entidad cuyo presidente, José Carrión, señaló hace días que el proceso de quiebra tutelado por un tribunal es una opción, aunque apostó por agotar todas las posibilidades de un acuerdo entre el Gobierno y los acreedores.
El Ejecutivo y los acreedores llevan meses intentando ponerse de acuerdo al amparo del título VI de promesa que establece la negociación como vía para satisfacer a ambas partes. Es algo que se complica con el fin de la moratoria y de hecho, los acreedores de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina, por sus siglas en inglés) de Puerto Rico solo dejaron pasar horas tras el fin de esta para presentar ante el Tribunal federal en San Juan las primeras demandas por impago.
Ambac Assurance Corporation, la aseguradora que cubre el pago de los bonos de Cofina, grupos e individuos tenedores de títulos que exigen el pago de la totalidad de lo acordado, demandaron al Gobierno y la Junta de Supervisión.
La legisladora demócrata en el Congreso de EE.UU. Nydia Velázquez pidió a la Junta de Supervisión Fiscal que haga uso del mecanismo de la quiebra judicial que provee la ley Promesa para permitir que el Gobierno pueda prestar los servicios básicos a la población.
El motivo de que el Congreso aprobara Promesa hace casi un año era el de permitir que Puerto Rico atendiera el pago de la deuda permitiendo a la vez atender las necesidades básicas de la población.
El título III, un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de EE.UU., paraliza todas las demandas judiciales y tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del deudor -el Gobierno- deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago
