Violenta agresión contra protesta de estudiantes dominicanos

El grupo de universitarios solo buscaba entregar una solicitud de investigación legal contra los políticos involucrados en el escándalo de Odebrech

Los jóvenes que  protestaban pacíficamente contra la corrupción y la impunidad fueron reprimidos con gas pimienta.

Los jóvenes que protestaban pacíficamente contra la corrupción y la impunidad fueron reprimidos con gas pimienta.  Crédito: Orlando Barría | EFE

Santo Domingo, 9 may.- Un grupo de nueve estudiantes universitarios dominicanos que lograron ocupar la antesala del despacho del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, exigiendo el fin de la impunidad y que se abra una investigación pública sobre el papel del presidente Danilo Medina y los exmandatarios Leonel Fernández e Hipólito Mejía, en el escándalo por soborno de Odebrecht, fueron reprimidos con gas pimienta por la seguridad del lugar.

Tras la intervención de activistas de Derechos Humanos, el diputado Fidel Santana y el periodista Roberto Cavada, finalmente los jóvenes lograron su propósito.

“Nosotros decidimos abandonar la sede de la Procuraduría luego de que nos fuera recibido un documento y de que conversáramos en ese sentido con el diputado nacional Fidel Santana y con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes”, dijo a Efe Heydi Adón, portavoz del grupo.

La estudiante universitaria dijo, además, que este miércoles convocarán a los medios de comunicación para informar de las próximas acciones que tomarán en su lucha contra la corrupción e impunidad que, aseguró, imperan en el país.

Explicó que su reclamo de que el presidente Danilo Medina sea interrogado por la Justicia, obedece a la existencia de fotos donde aparece en varias oportunidades con el empresario dominicano Ángel Rondón.

Rondón es señalado por ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht en el país como receptor y distribuidor de los pagos millonarios en sobornos que la firma realizó para adjudicarse contrataciones públicas entre 2001 y 2014.

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“El presidente Medina debe ser interrogado sobre la financiación ilegal de su campaña reeleccionista”, expuso Adón, que también reclamó que las cuentas del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sean auditadas.

El grupo también exige que sean investigados en torno a los sobornos de Odebrecht los expresidentes dominicanos Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

El documento con sus reclamos fue recibido por el procurador adjunto, Rodoldo Espiñeira.

En un comunicado, los jóvenes explicaron que su protesta fue en reclamo de que de inmediato se oficialice “el sometimiento de todos los imputados en la trama de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos ilícitos” de la constructora Odebrecht en el país.

El grupo afirmó que el procurador Jean Alain Rodríguez “evade, esconde, miente y maniobra para crear condiciones para engañar a un pueblo que exige el fin de la impunidad” y se muestran convencidos de que “el poder político busca reducir el caso a un simple sometimiento de un reducido grupo de testaferros y dos o tres funcionarios convenientemente seleccionados”.

Los nueve estudiantes de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se mantuvieron por varias horas en el antedespacho del procurador Rodríguez, exigiendo que se ofrezcan al país los nombres de los involucrados en los sobornos de Odebrecht.

Durante su permanencia en el lugar, los estudiantes denunciaron que fueron atacados con gas pimienta, por lo que fueron asistidos por unidades del servicio de asistencia pública 911.

Esa denuncia fue respaldada por la CNDH en un documento en el que tildó la acción de “violenta agresión”.

Los estudiantes, que estuvieron ataviados con camisetas que rezaban: “Cárcel a los corruptos. No impunidad”, aseguraron que su acción era completamente “independiente” de cualquier reclamo similar esgrimido por organizaciones sociales en los últimos meses en el país.

Odebrecht, que admitió el pago de 92 millones de dólares en sobornos para conseguir contratos en el país, alcanzó un acuerdo con la Procuraduría dominicana, mediante el cual delatará a quienes recibieron esos pagos irregulares, además de desembolsar 184 millones de dólares en los próximos ocho años como indemnización.

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