Claves sobre las funciones de un fiscal independiente para caso Trump-Rusia

La decisión recae en el fiscal general Jeff Sessions, un incondicional del presidente Trump
Claves sobre las funciones de un fiscal independiente para caso Trump-Rusia
El fiscal general Jeff Sessions podría nombrar a un fiscal independiente.

WASHINGTON.- Líderes del Congreso aumentan las presiones para la designación de un fiscal independiente que investigue la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, pese a que la Casa Blanca insiste en que no hay necesidad de hacerlo.

Para la oposición demócrata, y algunos republicanos, la urgencia de un fiscal especial, o un fiscal independiente, cobra fuerza ahora que la investigación a cargo de la Buró Federal de Investigaciones (FBI) aparentemente ha quedado en limbo.

Es que con el despido del director del FBI, James Comey, surgen dudas de que la administración de Donald Trump pueda realizar una investigación imparcial y libre de presiones políticas.

La investigación, para la que Comey había solicitado más fondos antes de su despido, gira en torno a los esfuerzos de Rusia por influir en los comicios presidenciales a favor del ahora presidente Trump, y la posible colusión de su campaña con el gobierno de Moscú.

Origen y función de “fiscal especial”

La figura del “fiscal especial” o “fiscal independiente” surgió de una ley federal aprobada por el Congreso en 1978, a raíz del escándalo de “Watergate” en 1972, que causó la dimisión del presidente Richard Nixon dos años después.

Bajo el “Acta de Etica en el Gobierno”, la idea era que ese fiscal, designado por tres jueces de un tribunal federal en Washington a petición del Departamento de Justicia, pudiese realizar investigaciones criminales libre del control o presiones del poder Ejecutivo.

Así, ese fiscal tiene la misión de investigar y presentar cargos contra funcionarios de alto rango del gobierno federal por determinados delitos.

Según las regulaciones del Departamento de Justicia, el fiscal general de turno debe designar a un fiscal especial si determina que hay necesidad de realizar una investigación criminal en torno a una persona o un asunto, o si surgen otras “circunstancias extraordinarias” que así lo exigen para resguardar los intereses del público.

Las otras opciones son la puesta en marcha de un comité especial del Congreso, o de una comisión independiente, para hacerse cargo de las investigaciones.

Sin embargo, solo un fiscal independiente tiene potestad para enjuiciar a funcionarios implicados en la comisión de delitos, mientras que el comité o comisión solo pueden emitir informes y recomendaciones.

Panorama complicado

La ley de 1978 que creó la figura del fiscal especial caducó en junio de 1999, sin que el Congreso la renovara, y no hay ninguna señal de que el Legislativo, bajo control republicano, vaya a reautorizarla.

Por ello, la designación de un fiscal especial recae ahora únicamente en el titular del Departamento de Justicia, quien tiene completa libertad para supervisarlo o incluso para rechazar los resultados de su investigación.

El fiscal general, Jeff Sessions, es un férreo aliado de Trump, y jugó un papel dominante en el despido de Comey, pero se recusó en marzo pasado de cualquier investigación sobre Trump y Rusia.

La decisión final, si es que el Departamento de Justicia cede a las presiones, la tendría su “número dos”, Rod J. Rosenstein.

Aunque comités en ambas cámaras del Congreso realizan sus propias investigaciones, la oposición demócrata exige la designación de un fiscal independiente por considerar que éstas deben estar libre de influencias partidistas.

Desde 1978, ha habido un total de 16 investigaciones federales lideradas por un fiscal independiente.

Entre las más sonadas figuran las que hicieron entre 1994 y 2001, durante la presidencia de Bill Clinton, los fiscales Kenneth Starr y Robert Ray en torno a asuntos como el suicidio de Vince Foster, “Travelgate” y la relación extramarital del presidente con la entonces becaria Monica Lewinsky.

Clinton fue sometido a juicio político en diciembre de 1998 por perjurio y obstrucción de justicia en conexión con el caso de Lewinsky, pero el Senado lo exoneró en febrero de 1999.