Esta inmigrante salvadoreña atiende a diario a senadores que podrían ordenar su deportación
Llegó sola a los 14 años, logró DACA y es cajera en la cafetería del Senado. Hoy Ana Gomez es una "dreamer" y una activista que lucha por mejoras salariales
Cada día, senadores de los Estados Unidos y miembros de su personal llegan a la cafetería oficial de su edificio de oficinas y son atendidos por cocineros, meseros y cajeras que son en su mayoría latinos e inmigrantes.
Muchos de ellos tienen un estatus migratorio temporal o familiares que no tienen estatus alguno. Esos senadores tienen el poder de tomar decisiones y cambiar totalmente el futuro de quienes cada día los atienden con cortesía, respeto y, a veces, bastante temor sobre el futuro.
Es el caso de Ana Gómez, de 26 años, una salvadoreña que a los 14 años hizo el temido pero necesario viaje por los caminos verdes hacia el norte para reunirse con mamá y tías en Estados Unidos y hace tres años, finalmente, pudo ampararse con el programa DACA y obtener un permiso de trabajo.
Fue entonces cuando pudo dejar los trabajos de limpieza, de salario menor al mínimo, sin beneficios y a destajo para lograr un puesto en el centro del poder legislativo de la capital de Estados Unidos. La mayoría de sus compañeros son inmigrantes latinos o ciudadanos afroamericanos, muchos son salvadoreños como ella, amparados en estatus temporales como TPS o Estatus Temporal de Protección.
“Esos senadores no saben que yo soy “dreamer“, realmente casi no hablamos con ellos directamente sino con sus ayudantes. Pero en más de una ocasión me ha tocado hacer de “host” cuando llegaba el ex-senador Jeff Sessions (ahora procurador de la nación)”, comenta Ana. “Sessions siempre fue cortés, pero no puedo dejar de pensar que no nos quiere aquí”.
La cercanía entre dos mundos tan distintos y la dependencia entre lo que hacen unos y la vida de los otros se hizo más aguda con el cambio de Presidente. La entrada de Donald Trump a la Casa Blanca sembró el temor en Ana y muchos de sus compañeros de que sus estatus temporales migratorios en este país podrían estar llegando a su final.
Lucha por mejores salarios
Hasta ahora, las amenazas del nuevo presidente de acabar con DACA no han sucedido, pero los trabajadores de la cafetería, privatizada desde hace algunos años, continúan luchando para obtener mejoras laborales.
El año pasado, asistidos por la campaña Good Jobs Nation, de una coalición de grupos sindicales, los trabajadores libraron una lucha legal para reformar el sistema de clasificación de salarios y algunos lograron un aumento.
Ana comenzó hace tres años ganando 10 dólares por hora y luego la cambiaron de posición y le subieron a 12. El pasado año cuando se reconoció que a muchos trabajadores no les estaban dando el salario adecuado al trabajo que hacían, le subieron a 13,80. Ese salario debe estirarse para pagar renta y comida para sus tres hijos y su esposo, que está discapacitado por un problema en los riñones.
“Todos nosotros estamos aquí trabajando, sin cometer delitos y dependiendo de lo que el presidente y estos senadores quieran hacer con nosotros”, dijo Gómez, quien tiene tres hijas de 7, 4 años y una de 6 meses. “Lo que quiero para ellas es vivir una vida sin miedo y que siempre tengan a sus papás a su lado”.
“Hay bastante temor”, cuenta la muchacha. “Siempre es posible que vengan y ataquen a los más vulnerables y no sabemos si el día de mañana este señor va a pensar diferente y quitar la protección a los dreamers. También los que tienen TPS están nerviosos. Mi esposo es uno de ellos”.
Miles de salvadoreños están protegidos de la deportación por el Estatus Temporal de Protección que se les otorgó a partir de 2001 tras una serie de devastadores terremotos, pero se ha mantenido debido a la violencia y la inestabilidad del país. El actual TPS para salvadoreños fue renovado por Obama en 2016 y se termina en marzo del año que viene.
Hace pocas semanas, Ana participó en una rueda de prensa frente al capitolio en la que el senador Bernie Sanders y el congresista Keith Ellison anunciaron un proyecto de ley para aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora.
A pesar de su situación vulnerable, la joven siente que “hablar en voz alta y defender nuestros derechos” es la mejor opción para las personas como ella.
“Yo les digo a mis compañeros que no tengan miedo. La verdad yo me siento más protegida porque estoy hablando y porque la campaña Good Jobs Nation está respaldándonos”.
