Inmigrantes sin recursos dependen cada vez más de abogados voluntarios

Después de una lucha de años, Marta y sus dos hijos lograron hace poco ganar su caso de asilo y la protección de Estados Unidos de América.

No lo hicieron solos, nunca hubieran podido.  Sin dinero para un abogado y ningún conocimiento de las reglas o sistemas legales de este país, Marta terminó detenida en Texas e intentando su caso de asilo en Dallas, una corte que niega el 90% de los casos como el de ella.

Fue un largo camino con muchos altibajos para la joven madre: había escapado de la violencia en El Salvador como pudo, luego pasó más de un año con un brazalete electrónico en el tobillo y supuestamente perdió su caso en tribunales.

En enero de 2016 Marta y sus dos hijos estaban entre los 121 madres e hijos que el gobierno de Obama mandó a arrestar, supuestamente porque ya no tenían más recursos legales que perseguir.

Pero la abogada Amalia Willie,  de un proyecto “pro -bono” (voluntario) que asiste a familias como la suya tomó su caso, dedicándole muchas horas de trabajo y eventualmente, ganando el asilo para la pequeña familia.

“El mismo juez que antes ordenó su deportación ahora le concedió el asilo”, escribió la abogada en un recuento del caso publicado en la página de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. “Este es el resultado correcto, el que la ley requiere. Debemos seguir luchando incluso en los rincones más difíciles del país”.

Nada de esto hubiera pasado de no ser por la ayuda gratis que abogados, organizaciones y proyectos legales están ofreciendo a miles de inmigrantes que no tienen la capacidad de pagar un abogado.

La ayuda viene de abogados pagados por fundaciones, organizaciones no lucrativas que reciben donativos de diversas fuentes y del sacrificio de muchos especialistas en la ley que donan su tiempo privado para hacer este trabajo.

Los inmigrantes son especialmente vulnerables ante un sistema de justicia que, a diferencia del sistema criminal, no garantiza la representación legal para los indigentes.

Un acusado de un delito penal tiene acceso a un abogado defensor público. Un inmigrante que escapa por su vida para pedir asilo o que enfrenta una orden de deportación dejando atrás familia y años de vida en Estados Unidos, no tiene derecho a ningún tipo de representación que no pueda pagarse.

Pero es allí donde estos abogados entran en juego. Si bien a menudo se habla de los abogados (falsos o inescrupulosos) y los “notarios” que dañan y defraudan a los inmigrantes , menos se menciona que hay miles de letrados, paralegales, estudiantes y todo tipo de expertos en la ley que ofrecen una ayuda invaluable en casos migratorios.

Carol Ann Mauer Donohue es la madre soltera de tres hijos, y durante dos años ha trabajado el equivalente a dos empleos de tiempo completo: uno para una firma privada de abogados que paga su salario y otro para dar asistencia legal a familias inmigrantes que buscan asilo.

Ella y otras tres abogadas son la única esperanza que tienen las familias con hijos menores de edad, en su mayoría centroamericanos, que llegan al centro de detención familiar de Berks, en Pennsylvania y no tienen recursos para contratar un abogado privado.

Mauer Donohue explica que es muy dificil manejar ese tipo de vida.

“Es muy difícil y ocupa todo nuestro tiempo personal”, dijo la abogada, quien dice estar al borde del colapso en muchos momentos. “Lamentablemente en nuestro caso no hemos recibido mucho apoyo de organizaciones y no hay muchos voluntarios que sí van a lugares como Texas”.

Aún así, el grupo de cuatro ha luchado valientemente para representar a cientos de familias que van y vienen del más pequeño de los centros de detención familiares del país.  “Básicamente somos todo lo que tienen estas familias detenidas”, apuntó.

La necesidad de abogados sigue siendo inmensa, especialmente ahora, tras iniciarse el gobierno de Donald Trump, dijo Greg Chen, director de defensa de AILA.

La expansión de redadas y arrestos, así como la intención de detener a más inmigrantes complica las cosas, ya que los inmigrantes encerrados son los que más difícilmente pueden encontrar defensa legal y quienes más la necesitan.

Un estudio de la Universidad de Stanford publicado en 2014 reveló que la posibilidad de ganar un caso de inmigración es tres veces mayor si la persona está representada por un abogado. Aún así, muchos inmigrantes siguen sin representación.

Aunque los abogados que ya existen están abrumados de casos, siguen surgiendo proyectos para combinar fuerzas y ayudar a más personas que lo necesitan. AILA lanzó recientemente uno llamado “Justice Campaign” en colaboración con el American Immigration Council, para no sólo representar casos en tribunales sino incorporara a personas que no son abogados para asistir a los inmigrantes de otras maneras, por ejemplo, acompañándolos a sus “check-ins” o citas con inmigración.

Otros proyectos existentes incluyen CARA Pro Bono Project, que ha utilizado a miles de voluntarios para asistir a madres detenidas en Texas en los centros de Karnes y Dilley y un nuevo proyecto patrocinado por el Southern Poverty Law Center en el sureste del país para dar representación legal a migrantes detenidos en el remoto centro de Stewart, en Georgia, donde esta semana se suicidó un detenido colgándose en su celda de aislamiento.

En momentos de crisis, la respuesta de la comunidad legal y de otras personas ha sido buena, dijo Chen, aunque la necesidad aún rebasa las posibilidades.

“Desde noviembre hemos visto muchas muestras de preocupación de abogados y no abogados que se ofrecen como voluntarios para ayudar a las comunidades inmigrantes y sus familias”, dijo Chen.