HRW denuncia abusos de “paras” y ELN contra minorías en el Chocó
Cientos de familias se fueron desplazadas y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia
WASHINGTON.- Aún cuando Colombia afronta un momento coyuntural en su proceso de paz, miembros del guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) están cometiendo “graves abusos” contra minorías étnicas en la zona occidental del país, denunció este miércoles “Human Rights Watch”.
En un informe de 12 páginas divulgado durante una conferencia de prensa en Washington, el grupo humanitario dijo que los grupos armados ELN y las AGC son responsables de numerosos abusos contra poblaciones afrocolombianas e indígenas wounaan en el municipio de Litoral de San Juan y en zonas rurales del distrito de Buenaventura.
Ambos han estado implicados en asesinatos, reclutamiento de menores, colocación de minas antipersonales y amenazas, y han provocado el desplazamiento de miles de personas en los últimos años, según una investigación de “HRW”.
Es que, según el informe, el río San Juan es un “codiciado corredor hacia el Océano Pacífico” y tanto el ELN como los paramilitares de la región protagonizan enfrentamientos para controlar su acceso.
“Mientras se disputan el control del río San Juan, el ELN y las AGC han desplazado a cientos de familias y han obligado a muchas otras a confinarse en sus comunidades restringiendo el acceso a sus medios de subsistencia”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de “HRW”.
“A menos que las autoridades les brinden protección, la promesa de paz en Colombia seguirá siendo solamente una lejana ilusión para estas comunidades vulnerables del Chocó”, agregó.
Según los testimonios recabados por HRW en la región y datos de la Defensoría del Pueblo, la situación de inseguridad en Litoral de San Juan ha forzado el desplazamiento de más de 1,300 personas entre enero y febrero pasados.
En 2016, los datos oficiales apuntan a que casi 3.000 personas, cerca de una quinta parte de la población en Litoral de San Juan, fueron desplazadas, convirtiendo a ese municipio en el segundo con mayor cantidad de personas desplazadas, después de la ciudad portuaria de Buenaventura.
Vivanco recordó que el ELN mantiene desde febrero pasado conversaciones de paz con el gobierno de Colombia en Ecuador y, a su juicio, la precaria situación de las comunidades ribereñas en el departamento de Chocó debe ser parte de esas negociaciones.
“Los negociadores en Quito deberían examinar los abusos cometidos en Chocó. Si el ELN tiene un compromiso con la paz, debería respetar las normas más básicas de la guerra sobre protección a civiles”, subrayó Vivanco.
Las AGC, que surgieron tras un proceso deficiente de desmovilización de los grupos paramilitares hace más de una década, también han estado implicadas en numerosos abusos, indicó HRW.
En general, los abusos registrados en el Litoral de San Juan son “representativos de abusos en otros municipios del Chocó”, y el gobierno colombiano tiene la obligación de brindar asistencia adecuada a los desplazados, pero sus esfuerzos en este sentido han sido insuficientes, dijo la organización.
La Ley de Víctimas de Colombia estipula que los gobiernos municipales deben proporcionar a las víctimas asistencia humanitaria, que incluye albergue y alimentos dignos y, de no ser posible, esa tarea debe recaer en el gobierno departamental o un organismo nacional.
Sin embargo, “Human Rights Watch” detectó numerosas deficiencias en la asistencia gubernamental proporcionada a personas desplazadas y confinadas.
