Proyecto de presa enfrenta al gobierno con indígenas de Nayarit

MÉXICO.- El personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegó sigiloso y sonriente, cuentan indígenas huicholes y náyeris. Repartieron sonrisas y verbo; promovieron pavimentar calles, construir canchas deportivas y mejorar los caminos para hacer realidad el sueño de cualquier comunidad rural del país, pero a cambio querían algo más.

“Imponer a toda costa su proyecto hidroeléctrico”, reprocha Julian López, del consejo néyeri, uno de los dos pueblos originarios que se oponen a la construcción de la presa Las Cruces, en el cauce del río San Pedro, en el estado de Nayarit, una cascada de 188 metros de altura que impactará a 4, 500 hectáreas.

Los indígenas se oponen al proyecto porque de acuerdo a investigaciones del  Centro Mexicano de Derecho Ambiental y otros académicos, modificaría por completo y “de manera irreversible” la hidrografía, la morfología,  los sedimentos y minerales;  la fauna y la flora de su territorio y dañaría marismas.

Y lo que es peor: invadirá un lugar sagrado para sus tradiciones culturales y espirituales.

Así lo explicaron cinco representantes comunales que convocaron a una conferencia de prensa en la capital mexicana vestidos con coloridos trajes de pájaros verdes y ardillas rojas bordadas a la usanza de sus tradiciones.

El proyecto hidroeléctrico Las Cruces de la CFE cuenta con las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua, por lo que los habitantes deducen que cuentan con el aval del gobierno federal mexicano en “contubernio” con el estatal y hasta de grupos de la delincuencia organizada.

Santos Cruz, representante de la Comunidad Bancos de San Hipólito, cuenta que desde hace tres años comenzaron a rondar grupos de hombres encapuchados por sus tierras (presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación) sin que nadie los frene a pesar de que intimidan a los pobladores.

El pasado 21 de mayo fue asesinado Miguel Vázquez, ex comisiarado de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, y un activo opositor a Las Cruces y su hermano “en circunstancias que hasta la fecha no se han esclarecido”.

Desde que se anunció la intensión de construir la presa en 2007, las comunidades que se encuentran en los alrededores comenzaron a ser blanco de todo tipo de persuasiones: desde la dádiva de apoyos para la infraestructura a las  simulaciones de reuniones comunitarias en las que supuestamente se les consultaba su opinión respecto al proyecto, tal y como lo ordena el artículo 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

“Bien a bien no sabemos qué firmaron en las comunidades porque se les engaña, se dice muchas mentiras y no ha sido un proyecto transparente”, advirtió el activista López.

El gobierno del estado de Nayarit ha sido discreto respecto al tema. En algunas de sus últimas declaraciones públicas, el gobernador Roberto Sandoval dijo que el proyecto seguiría su cauce; sin embargo, las comunidades tienen una demanda de amparo (por violación a los derechos humanos) ante el poder judicial federal para evitarlo.