Alrededor de 200 demócratas entablan demanda contra Trump por beneficiarse de negocios en el exterior
Sin precedentes: 200 líderes demócratas del Congreso presentaron este miércoles una demanda contra el presidente Donald Trump
WASHINGTON.- En un acto sin precedentes, alrededor de 200 líderes demócratas del Congreso presentaron este miércoles una demanda contra el presidente Donald Trump, por presuntamente violar una cláusula de la Constitución al pactar jugosos negocios personales con gobiernos extranjeros.
El legislador demócrata de Michigan, John Conyers, y el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, encabezan la demanda presentada esta mañana por 30 senadores y 166 legisladores en un tribunal federal en la capital estadounidense, para obligarlo a que cumpla con la Constitución.
Conyers y Blumenthal postergaron hasta próximo aviso una rueda de prensa en el Capitolio para explicar el alcance de la singular demanda, debido al tiroteo ocurrido en un campo de béisbol en Alexandria (Virginia), donde decenas de legisladores republicanos practicaban para un partido amistoso mañana con los demócratas. El tiroteo dejó al menos cinco heridos, incluyendo al “número tres” de la Cámara de Representantes, Steve Scalise.
La demanda es la tercera contra Trump desde que llegó al poder en conexión con sus negocios, pero la Administración insiste en que ninguna tiene fundamento.
Porque lo prohíbe la Constitución
En la demanda, entablada por el mayor grupo legislativo contra un presidente en funciones, los legisladores alegan que Trump ha violado la llamada “cláusula de emolumentos”, u honorarios, que prohíben que funcionarios del gobierno federal reciban regalos, beneficios, pagos u honorarios de gobiernos extranjeros sin la aprobación del Congreso.
Esa cláusula de la Constitución tiene el objetivo de evitar actos de corrupción política.
Según había adelantado Blumenthal, los autores de la Constitución dieron al poder Legislativo “el derecho y la responsabilidad” de autorizar o no pagos, regalos u honorarios de gobiernos extranjeros.
En ese sentido, Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Leyes de la Universidad de California en Irvine, explicó a la prensa que, bajo la Constitución, los legisladores tienen “la responsabilidad de proteger nuestra democracia de la corrupción extranjera al determinar qué beneficios puede o no aceptar el presidente de parte de un Estado extranjero”.
La negativa de Trump de divulgar los beneficios que recibe del exterior -o de solicitar la venia del Congreso antes de aceptarlos-, sólo impide que los legisladores cumplan con su obligación constitucional, subrayó el experto.
Para Conyers, la demanda no es algo antojadizo ni partidista, sino que es la “única opción” que ha dejado la Administración Trump, según dijo a este diario su oficina.
Ante presiones para evitar posibles conflictos de interés, Trump cedió el control de sus empresas a sus hijos mayores y a un ejecutivo de alto rango, pero no se despojó de sus inversiones personales en la Organización Trump.
El documento acusa a Trump de beneficiarse ilegalmente de sus negocios, en particular porque diplomáticos extranjeros pagan estancia en sus hoteles, y por aceptar aprobación de marcas registradas de gobiernos extranjeros para bienes y servicios de sus empresas.
Desde que asumió el poder, la Organización Trump ha logrado decenas de patentes con un alto potencial económico, incluyendo por parte de China, y ha recabado honorarios de cabilderos al servicio de países donde la organización tiene propiedades, entre éstos Arabia Saudita.
Florecen demandas
La de los demócratas es la tercera demanda contra Trump en conexión con sus negocios, mientras sus detractores continúan presionándolo para que explique los entresijos de sus empresas, venda su parte en ellas, o las asigne a un “fideicomiso ciego”.
El lunes pasado, los fiscales generales de Maryland y del Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, presentaron su propia demanda en la que acusan a Trump de aceptar millones de dólares de gobiernos extranjeros, por concepto de negocios en sus hoteles.
En enero pasado, poco después de su investidura, un grupo de empresarios y activistas cívicos presentó una demanda similar en un tribunal de Nueva York.
El objetivo de la de hoy es que el tribunal, como entidad independiente y responsable del cumplimiento de la Constitución, obligue a Trump a cumplir con sus propias obligaciones constitucionales ante el Congreso.
Las decisiones de Trump en la Casa Blanca, respecto a política comercial, asignación de recursos o política exterior, “no deben tener influencia alguna de sus negocios personales”, indicó una hoja distribuida por los legisladores.
Una queja constante de los demócratas y grupos afines ha sido que Trump se niega a divulgar sus declaraciones de impuestos, por lo que es imposible saber a ciencia cierta el alcance de sus negocios y posibles conexiones con gobiernos extranjeros.
¿Conflictos de intereses?
El Centro para el Progreso Estadounidense (CAP) no forma parte de la demanda pero divulgó hoy un mapa interactivo que detalla, a su juicio, los conflictos de intereses de Trump y su familia en 25 países en todo el mundo.
Los países latinoamericanos analizados en el proyecto incluyen a Argentina, Brasil, Cuba, República Dominicana, México, y Uruguay, aunque también hay detalles sobre Brasil, Canadá, China, Arabia Saudita, Egipto, India, Irlanda, el Reino Unido, Rusia y Corea del Sur, entre otros.
“Como hemos visto, Trump ya ha realizado cambios significativos en la política exterior de EEUU que directamente benefician sus ganancias y contravienen los intereses estadounidenses a largo plazo. Igualmente preocupante, los gobiernos extranjeros parecen haberse dado cuenta de que invertir dinero en proyectos y propiedades de Trump producen victorias fáciles en la mesa de negociaciones”, advirtió el centro de estudios.
Trump’s Russia conflicts are at the heart of a cancer that may well consume his presidency https://t.co/wAFgbZNCq3
— American Progress (@amprog) June 14, 2017
