El gobierno detuvo esfuerzos para protegernos de desastres químicos
La nueva administración de EPA va en contra de la misión de la agencia
Mi familia es como la de millones de estadounidenses: amable, trabajadora y en constante riesgo de un desastre industrial químico. El gobierno podría hacer algo al respecto; en cambio, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Scott Pruitt retrasó las normas necesarias para minimizar accidentes químicos, tal como el que mató a catorce bomberos y ciudadanos en la ciudad de West, Texas, en 2013.
Muchos de mis seres queridos viven en Manchester, en un barrio latino ubicado en el corazón de la zona industrial química más productiva del país. Ahí, en el Canal de Buques de Houston, los incendios, explosiones, emisiones accidentales de toxinas, derrames y otros peligros son el pan de cada día.
Apenas en abril, un enfriador de agua en la refinería Lyondell Basell explotó a pocas cuadras de una secundaria, dejando un rastro de humo negro en toda la zona. El año pasado, la misma refinería tuvo un incendio que obligó a residentes a sellar ventanas y no salir de sus casas o trabajos para protegerse de los químicos.
La mayoría de instalaciones tienen problemas similares. Y más de una vez trabajadores han muerto en estos accidentes.
La planta Arkema, ubicada a poca distancia de casas-habitación y un Wal-Mart, reportó más de 40 incidentes peligrosos entre 2004 y 2013 de acuerdo a datos recogidos por la EPA para elaborar el Plan de Gestión de Riesgos, el conjunto de regulaciones que el administrador Pruitt, irresponsablemente, detuvo la semana pasada.
Si la planta Arkema fuera una pistola, se habría disparado accidentalmente cuatro veces cada año durante casi una década, justo en medio del vecindario. Tal es el peligro que enfrentamos y por eso es tan importante que tengamos el Plan de Gestión de Riesgos, conocido en inglés como Risk Management Plan Rule.
Impulsada por las docenas de explosiones que ha habido en el país y en Texas, y desarrollada con la ayuda de una agencia federal independiente encargada de investigar accidentes químicos industriales, la norma fue diseñada para hacer más seguras las operaciones de plantas químicas. También haría accesible valiosa información a comunidades como Manchester, para que residentes y socorristas se prepararan adecuadamente en caso de accidentes químicos, y requeriría que compañías evalúen tecnologías más seguras para reducir el daño de emisiones tóxicas o inflamables en nuestras familias.
Como el cinturón de seguridad en un auto, las medidas de seguridad para una planta industrial química son extremadamente importantes. En Manchester, por ejemplo, las casas-habitación están rodeadas de fábricas, pero sólo hay dos maneras de salir; por lo que una cuidadosa planificación de emergencia, como la que ofrece la nueva norma del Plan de Gestión de Riesgos, es fundamental.
Necesitamos estas normas desde hace mucho tiempo, como lo demuestran los accidentes en Manchester. Sin embargo, Pruitt quiere que la ley sea retrasada por casi dos años; y bien puede querer detenerlas para siempre dado que se opuso a ellas durante su gestión como procurador general de Oklahoma.
No podemos dejar que esto suceda.
La misión de EPA es proteger la salud y al medio ambiente. Por ello detener protecciones que salvaguardarían a nuestras ciudades, nuestros vecindarios y a nuestras familias de desastres químicos significa que la EPA de Pruitt va en contra de la misión de la agencia.
Pero nuestro país no dejará que esto pase. Estoy seguro de ello.
(Juan Parras es director ejecutivo de Texas Environmental Justice Advocacy Services, o TEJAS. TEJAS busca crear comunidades saludables en la región de Ship Channel, Houston, educando a la población sobre impactos de la contaminación ambiental en la salud y capacitando a personas para promover el cumplimiento de leyes ambientales).