Piden a juez federal en San Antonio que detenga efecto dañino de ley anti inmigrante en Texas

Los efectos de la ley “anti santuario” de Texas ya se están sintiendo en las calles, clínicas y escuelas de ese estado, argumentaron los críticos de una ley estatal aprobada allí con el apoyo de Donald Trump, para obligar a policías y gobiernos locales a perseguir a supuestos indocumentados.

Expertos que declararon durante una audiencia este lunes en un tribunal de San Antonio reportaron, por ejemplo, un aumento del 152% en el ausentismo escolar en Austin, un 60% de cancelaciones en clínicas y un aumento del 80% en víctimas de asalto sexual que deciden no hacer denuncias a las autoridades.

Abogados que representan a varias ciudades y condados enfrentadas al gobernador Greg Abbot -aliado de Trump-  argumentaron esta semana que hay que detener la entrada en vigencia de la ley SB 4 precisamente debido a esos efectos, y a su intención, que califican que inconstitucional.

Tras la audiencia, a la que también asistieron personas de todo Texas que se sienten afectadas por la ley, los expertos legales y activistas de la comunidad se expresaron con optimismo ante el resultado de la demanda.

Nina Perales, vice presidenta de litigación de MALDEF, organización legal que representa a varios demandantes contra la ley, dijo que la estrategia del estado es “decir que la ley no dice lo que dice y que no tendrá el efecto que está más que claro en su lenguaje”.

Los partidarios observaron con atención las preguntas que hacía el juez Orlando García, juez en jefe de San Antonio, quien preside sobre el caso en un tribunal federal.

“El juez parecía estar escuchando atentamente, pero también hizo muchas preguntas sobre cuál será el papel de los policías locales debido a esta ley”, dijo Perales. “Él quería saber si la ley no sólo permitirá a los policías preguntar sobre el estatus migratorio de cualquiera sino arrestarlos por esa razón”.

Que García sea el juez que preside el caso no es buena noticia para los que defienden la ley (el gobierno deTexas), ya que este mismo juez decidió en un caso anterior que es inconstitucional mantener a alguien en la cárcel usando una orden civil de ICE o “ICE detainers”.

El gobernador de Texas y el Departamento de Justicia de Trump argumentaron en favor de la ley, indicando que es necesaria la estrecha colaboración de policías y cárceles locales, “de manera uniforme” en todo Texas, para defender al público de los “extranjeros criminales”.

Pero Greg Casar, concejal de Austin, declaró que durante la audiencia, el fiscal de Texas no presentó ningún tipo de evidencia para comprobar que esta medida “beneficiará la salud pública del estado”.

El procurador de Texas, por su parte, argumentó que la ley no “obliga a las policías locales” a cooperar con inmigración, sino que “impide que interfieran en la aplicación de las leyes migratorias”.

El concejal de San Antonio Ray Saldaña fue uno de los testigos de la demanda. El habló de las partes de la medida que resultarían en multas y hasta destitución de funcionarios públicos locales, si estos expresan ideas contrarias a la política del gobierno federal.

Tom K. Wong, profesor de ciencias políticas de  UC San Diego, testificó de parte de los demandantes, indicando que la medida ya está teniendo un efecto nocivo en la comunidad latina de Texas.

Indicó por ejemplo que los niños ciudadanos, hijos de indocumentados, tienen problemas en la escuela cuando temen que sus padres pueden ser deportados.

Wong presentó una serie de análisis sobre el efecto de medidas anti inmigrantes en la población latina y el fiscal de Texas le preguntó cómo había llegado a esas conclusiones.

“Análisis científico”, dijo Wong.

Los demandantes han pedido al juez García que suspenda la aplicación de SB 4 antes de que entre en vigor, mientras hay un juicio sobre sus efectos.

La ley SB 4 o Ley “anti ciudad santuario” de Texas,  pretende borrar toda diferencia entre el trabajo de la policía estatal y local, encargada de perseguir el crimen y la delincuencia frente al de las autoridades migratorias federales, encargadas de cuidar fronteras y hacer cumplir las leyes migratorias.

La ley busca presionar a agencias policiales locales a colaborar con las autoridades federales más allá de lo que dicta la ley federal y decide castigarlos si no lo hacen.

Por ejemplo, la nueva ley prohíbe que estos funcionarios se nieguen a cumplir con las solicitudes de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE de no liberar a un inmigrante detenido hasta que los agentes federales van a la cárcel a recogerlos.

Jefes de policía de todas las grandes ciudades de Texas se oponen a la ley, indicando que ata sus manos respecto a las prioridades de seguridad pública e indicando que ninguno de ellos se niega a colaborar con la deportación de delincuentes convictos ni existen en Texas ciudades santuario.