Más de 400 organizaciones urgen detener proyectos contra inmigrantes en la Cámara

Una de las reformas pretende dar más años de cárcel a indocumentados reincidentes con antecedentes penales

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Más de 400 organizaciones urgen detener proyectos contra inmigrantes en la Cámara
La organizaciones presionan a la Cámara.

WASHINGTON.- Más de 400 organizaciones cívicas, religiosas y sindicalistas urgieron este miércoles a los legisladores de la Cámara de Representantes a que rechacen sendas medidas que no sólo recrudecen el combate contra los inmigrantes indocumentados sino que perjudican a las economías locales.

En la carta enviada hoy, un total de 407 organizaciones pidieron que la Cámara Baja rechace la iniciativa “H.R. 3003”, que eliminaría ciertos fondos federales para ciudades y jurisdicciones que se nieguen a realizar tareas de Inmigración, y la “H.R 3004”, conocida también como la “Ley de Kate”, que incrementa las penas carcelarias para inmigrantes indocumentados que tienen antecedentes penales y han reingresado al país de forma ilegal.

En vísperas del voto en la Cámara Baja, sin embargo, la Casa Blanca indicó que el presidente Donald Trump se reunirá esta tarde con “víctimas” de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, en el marco de su continua campaña de persuasión para endurecer el combate a la población indocumentada.

En la misiva, los activistas señalaron que la medida “anti-santuario”, la “H.R.3003”,  privará de importantes recursos policiales a jurisdicciones locales y estatales, viola la Constitución, y amplía “Innecesariamente el aparato de detención del gobierno”.

“Las políticas de santuario son críticas para promover la seguridad pública en las comunidades locales. Por temor a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), tanto víctimas como testigos de crímenes tienen mucho menos probabilidades de comunicarse con la policía”, explicó la carta.

Por otro lado, la “H.R.3004” lleva el nombre de Kate Steinle, quien murió a manos del inmigrante indocumentado mexicano, Juan Francisco López Sánchez, en San Francisco (California) el 1 de julio de 2015. Esa iniciativa, impone sentencias carcelarias mínimas para indocumentados con antecedentes penales y que, según la Comisión de Sentencias de EEUU, aumentaría la población en las cárceles federales por más de 57,000.

Para las organizaciones, esa medida perpetuaría una fallida estrategia, amplía la población penal sin mejorar la seguridad pública y costaría “miles de millones de dólares”.

Ambas medidas también afrontan la oposición de líderes demócratas del Congreso,  la Orden Fraternal de Policías, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes,  y otros grupos religiosos, sindicalistas, y defensores  de los inmigrantes.