Se busca que inmigrantes con documentos de identidad comprados no sean tratados como criminales
Se trata de un proyecto de ley que primero debe aprobarse en Sacramento y luego por los votantes
Para sobrevivir y funcionar en Estados Unidos, muchos inmigrantes se ven obligados a conseguir documentos de identidad falsos —como permisos de trabajo o números de seguro social que ocultan su estatus de indocumentado.
El problema es que cuando son atrapados, utilizando tales documentos apócrifos, son condenados como criminales y enviados a prisión.
No obstante, esto podría cambiar para 2020. Suena como una meta muy lejana, pero en Sacramento ya se cocina la primera etapa de un proyecto de ley y las perspectivas son buenas.
El Comité de Seguridad Pública del Senado aprobó, con cinco votos a favor y dos en contra, repeler las secciones antiinmigrantes del Código Penal de California.
El asambleísta demócrata de Pacoima Raúl Bocanegra presentó el proyecto de ley AB222 que busca hacer cambios al código penal de California, aprobado en 1994 como parte de la fallida Proposición 187 —que pretendía negar servicios a los inmigrantes sin papeles.
Concretamente eliminaría una sección del Código Penal, la 113 y 114 para asegurar que el uso de documentos falsos para esconder el estatus migratorio tenga el mismo peso que poseer una licencia de manejo falsa, un crimen que queda al criterio del fiscal del distrito pero usualmente es considerado una ofensa leve.
“Si hoy un estudiante de universidad menor de edad emplea una tarjeta de identidad falsa para comprar una caja de cerveza puede ser acusado de un delito menor”, dijo el asambleísta Bocanegra.
Sin embargo, enfatizó que si un inmigrante indocumentado usa la misma identificación apócrifa, es automáticamente acusado de un crimen y sujeto a cinco años de prisión.
“La AB22 tratará a la gente de manera equitativa y nunca más tomará en cuenta el estatus migratorio”, consideró.
Las condenas por el empleo de documentos de identidad falsos ponen a los inmigrantes a un paso de la deportación al cumplir sus condenas.
Guadalupe García de Rayos fue deportada y separada de sus hijos al ser condenada por poseer documentos falsos para buscar empleo y proveer a su familia. Ella forma parte de un grupo que ha sido blanco de los operativos de arrestos bajo la administración de Trump.
Bajo las leyes de California, los individuos condenados por el uso de documentos falsos para esconder su estatus migratorio se hacen acreedores a una condena de un crimen con cárcel por cinco años y una multa de 25,000 dólares.
En contraste, una condena de crimen por asalto con un arma de fuego solo recibe de dos a cuatro años en una prisión estatal.
Una amenaza de bomba es tratado como una falta menor.
Si es aprobada este año por la legislatura, la AB222, la medida será colocada en la boleta electoral de noviembre de 2020 para que los votantes tengan la última palabra y decidan si quieren echar abajo estas leyes antiinmigrantes.
La medida es apoyada por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (Chirla); la Oficina de Fiscales del Condado de Los Ángeles; las asociaciones de Defensores Públicos de California; la Asociación de Abogados por la Justicia Criminal y la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y el Sindicato Internacional de Trabajadores de los Servicios (SEIU).
Joseph Villela, portavoz de Chirla dijo que la apoyar porque buscan que el sistema criminal de California sea más justo con los inmigrantes y que esté alineado a los valores del estado. “Y sobre todo que los pocos recursos se enfoquen en la prevención y el tratamiento del crimen no en aquellos delitos que no tienen consecuencias graves”, indicó.
Desafortunadamente de ser aprobada por los votantes en 2020 no tendrá efecto retroactivo pero será de gran ayuda, dijo Villela ya que que un tercio de la fuerza laboral de California es indocumentada.
Hasta ahorita no se ha hecho pública ninguna oposición a esta medida.
Lo que esta propuesta de ley busca es que no haya diferencias en la aplicación de ley, si alguien cometió un asesinato debe existir un solo juego de secciones del código penal sin importar si la persona es indocumentada o no.
