Casi eliminado bajo Trump el cierre administrativo de casos de deportación

Con Obama, fiscales, juez y abogados de un inmigrante podían acordar un "suspenso" indefinido de caso de deportación al no ser prioritario. Miles siguen protegidos, pero ya casi no se otorga ese beneficio.

Un programa de “discreción procesal” que permitía a los abogados de inmigrantes en proceso de deportación acordar con los fiscales y jueces el cierre administrativo de los casos, poniéndolos “en suspenso indefinido”, se ha reducido a su mínima expresión en lo que va del gobierno de Donald J. Trump.

Cifras entregadas hoy por TRAC, un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse que analiza los datos de las cortes de inmigración, señalan que durante los primeros cinco meses del actual gobierno en la Casa Blanca, sólo han cerrado unos 100 casos al mes, frente a un promedio de 2,400 por mes durante los mismos meses del pasado año.

La “discreción procesal” es un mecanismo que siempre ha existido y que se aplica por acuerdo entre los fiscales de ICE y los abogados defensores de un inmigrante para cerrar un caso de deportación y permitir que el individuo se quede en el país si su caso no es prioritario.

Un ejemplo de casos no prioritarios hasta ahora, es el de una persona con mucho tiempo en el país, sin delitos  y con lazos familiares aquí en Estados Unidos.

Según TRAC, en el año fiscal 2017 se cerraron 24,303 casos de inmigrantes en proceso de deportación que estaban siendo procesados únicamente por cargos migratorios (no penales). Solo en Los Ángeles se cerraron 3,891 casos en ese período de tiempo.

Las disposiciones de estos casos comenzaron a cambiar en enero, cuando el gobierno de Trump dicó una la orden ejecutiva dictada diciendo que “No podemos ejecutar las leyes de inmigración si eximimos a clases o categorías de extranjeros deportables”.

En enero, La Opinión reportó que abogados en todo el país habían recibido información de parte de fiscales locales sobre la suspensión del programa amplio de discreción procesal. El efecto fue casi inmediato después de la orden.

La discreción procesal había sido utilizada por el gobierno de Obama para enfocar los recursos públicos en la deportación de personas cuya presencia implicara un riesgo para las seguridad pública o nacional y para diferir la deportación de migrantes con fuertes lazos en la comunidad, familias y sin record penal.

Pero, desde el principio, el objetivo de Trump ha sido deportar a la mayor cantidad posible de personas.

Este es un gráfico publicado por TRAC, para demostrar cómo se ha derrumbado el número de cierres. Las barras naranjas reflejan la cantidad de casos y se observa el “bajón” al iniciarse este año, cuando Trump tomó posesión.

¿Qué pasa con los casos que ya fueron cerrados?

Según Heather Drabek Prendergast, una abogada de Cleveland que sigue este tema para la membrecía de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), las autoridades le han dicho que los únicos casos que están reabriendo son los de personas que han tenido un arresto o delito posterior al cierre de su caso de “discreción procesal”.

“Es lo que me han dicho, sin embargo tenemos información anecdótica de algunos abogados según la cual algunos clientes al parecer están recibiendo noticias de la reapertura sin que haya ningún arresto de por medio“, dijo la letrada. “Esto no cuadra con lo que nos han dicho”.

Por ejemplo, una abogada reportó que un cliente suyo recibió una reapertura en el sur del país luego de ser detenido con una “licencia de manejar para aprendices después de las 8 de la noche”.

“Esto es muy preocupante”, dijo Prendergast. “El gobierno de Estados Unidos gastó muchos recursos para asegurar que se cerraban casos que no eran de prioridad, que tenían lazos con la comunidad, una vida establecida, etc. El que ahora vengan  a inventar razones es increíble”.

La abogada señaló que aún no existe un memo publicado que detalla las reglas para reabrir casos.