Plan de seguridad de Maduro allana camino a más violaciones a derechos humanos, advierten activistas
Pese a la creciente presión de la comunidad internacional, Maduro sigue adelante con su plan de realizar una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución
WASHINGTON.- El plan de seguridad que pondrá en marcha el gobierno venezolano para la Asamblea Constituyente del próximo domingo sólo allanará el camino para más violaciones a los derechos humanos en Venezuela, advirtieron este viernes activistas.
La prohibición de las protestas ordenada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sólo agravará la ya volátil situación en Venezuela, donde la represión contra disidentes en las protestas contra el gobierno ya han dejado más de un centenar de muertos, según diversos grupos defensores de los derechos humanos.
“En vez de tratar de silenciar la creciente ira popular, las autoridades deben encontrar soluciones viables a las exigencias muy razonables del pueblo. El continuar castigando a las voces disidentes sólo hundirá al país en una crisis aún más profunda”, advirtió Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Según el grupo, el plan de seguridad incluye el despliegue de personal militar para responder a crímenes electorales y militares, lo que aumentaría la posibilidad de que surja una “nueva ola de violaciones a los derechos humanos”.
La ola de protestas contra Maduro iniciada el pasado 4 de abril, en un país donde el 93% de la población se queja de no tener con qué abastecerse y florece la corrupción, ha dejado unos 105 muertos y más de 1,400 heridos.
Hoy mismo, grupos disidentes han convocado protestas en todo el país, en una jornada que ha sido denominada como la “Toma de Venezuela”.
Pero el canciller venezolano, Samuel Moncada, ha intentado restar validez a la convocatoria de la oposición y ha sugerido que la narrativa del caos es un invento mediático, además de responsabilizar a EEUU de liderar una campaña de desinformación para frenar la Constituyente.
La crisis política, agudizada por la escasez de alimentos y otros productos básicos, es tal, que el Departamento de Estado ha emitido una alerta de viajes y ayer ordenó la salida de familiares del personal diplomático en Caracas y autorizó la salida voluntaria de empleados gubernamentales de su embajada.
Los empleados diplomáticos que permanecen en Caracas tendrán restricción de movimiento dentro de la capital y otras partes del país, de acuerdo con la advertencia de viajes, que sustituye la emitida en diciembre de 2016.
Por separado, el Departamento del Tesoro ha anunciado sanciones contra 13 funcionarios del gobierno venezolano.
La Constituyente va
Pese a la creciente presión de EEUU y el resto de la comunidad internacional, el gobierno de Maduro sigue adelante con su plan de realizar este próximo domingo una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución y que, según activistas, sólo busca perpetuarse en el poder.
En ese sentido, José Miguel Vivanco, director para las Américas de “Human Rights Watch”, y Tamara Taraciuk, investigadora principal del grupo humanitario, dijeron esta semana que si Maduro no desiste de convocar la Asamblea Constituyente, “habrá creado las condiciones para perpetuarse en el poder en detrimento de la democracia y los derechos humanos del pueblo venezolano”.
Vivanco se hizo eco del reclamo de otros grupos defensores de los derechos humanos de que el gobierno de Maduro debería centrar sus energías en un cese de la represión de disidentes, la liberación de presos políticos, realizar elecciones libres y justas, y llevar ante la Justicia a responsables de abusos contra la ciudadanía.
También debe restablecer la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y permitir que ingrese asistencia humanitaria internacional, dijo Vivanco.
Para Vivanco, el problema va más allá de reformar la Constitución porque, según advirtió, la Constituyente podría cerrar la Asamblea Nacional, eliminar la inmunidad parlamentaria, destituir al fiscal general, y suspender las elecciones por tiempo indefinido.
