Luchan por lograr representación legal pública para niños migrantes

C.J.L.G. es oriundo de San Pedro Sula, Honduras, y a los 13 años, las maras lo amenazaron de muerte con el objetivo de reclutarlo. Ese mismo día, el muchacho y su madre escaparon hacia el norte, Estados Unidos, pidiendo asilo.

Como la inmensa mayoría de los menores migrantes que llegan al país, C.J.L.G., cuyo nombre no es público en los documentos de tribunales por su edad, se vio obligado a defenderse solo en su solicitud y proceso de deportación.

Tras una serie de audiencias que el muchacho no podía entender, se ordenó su deportación.

Este martes, el abogado de la Union de Libertades Civiles del Sur de California, Ahilan Arulanantham, presentará su caso ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, no sólo pidiendo su intervención para revertir la negación de asilo al joven, sino elevando el tema de la representación legal.

Los menores en cortes migratorias, igual que los adultos, no tienen derecho a un defensor público. Si no tienen dinero para pagarse un abogado o la suerte de encontrar alguno que los defienda “pro-bono” (sin costo), están completamente solos.

“Las leyes migratorias son extremadamente complejas”, explicó Arulanantham este lunes, un día antes del argumento.

Arulanantham pedirá a los jueces que dicten que el gobierno tiene la obligación legal de proporcionar un abogado, porque no hay otra manera que un menor de edad pueda tener una oportunidad justa ante la ley, si no está representado.

“Este muchacho tiene en juego su vida”, dijo el abogado en una entrevista. “Las leyes de asilo son increíblemente complicadas”.

El joven hondureño tiene además una posibilidad de obtener una tarjeta de residencia por el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes SIJS, ya que fue abandonado por su padre, agrega el abogado.

“Pero es imposible que el supiera o pudiera aplicar nada de esto, sin el beneficio de tener un abogado”, agregó.

El caso de C.J.L.G. es un “test case”, quiere decir que es un caso que se presenta ante un tribunal, tratando de sentar un precedente. Ese precedente podría, dependiendo de la decisión de esa corte, aplicarse a otros menores en su misma situación.

ACLU presentó el año pasado una demanda de clase intentando lograr representación para menores en casos de asilo, pero una corte la rechazó por asunto de “jurisdicción”. Sin embargo, el tribunal sugirió presentar un “test case”. Y este es el caso del joven hondureño.

El abogado de derechos civiles y una corte de expertos que se han sumado al caso, alegan que el gobierno debe proporcionar un abogado a estos menores, igual que la mayoría de los estados del país lo hacen en diversos procesos civiles que se siguen a menores de edad en otros contextos.

Un grupo de expertos legales de escuelas de leyes de todo el país, encabezado por Kevin Lapp, profesor de Loyola Law School en Los Angeles, presentó argumentos en el caso, indicando que los menores de edad ya reciben ayuda legal en una variedad de situaciones y procesos civiles en Estados Unidos.

Citaron por ejemplo los procesos en casos de dependencia, donde el estado acusa a padres o representantes de abuso o abandono, y el joven puede resultar separado temporal o permanentemente de su hogar. En estos casos, cada estado de la nación tiene leyes para proporcionar al joven un abogado, independiente de su estatus migratorio.

“Al igual que los procesos de dependencia, los procesos de deportación pueden resultar en la separación temporal o permanente con la familia e implicar la libertad del joven“, explicaron los expertos en su alegato.

Otros procesos juveniles también requieren la representación de un abogado para menores, como “ofensas de estatus” que tampoco son casos criminales.

Los profesores alegan que al igual que en muchos otros procesos, los menores deben recibir la ayuda de un abogado público si no pueden pagarse uno.

Arulanantham explicó que todo va a depender del fallo del Noveno Circuito, si es favorable o no y qué tan amplio sea.

“Si el fallo es en contra nuestra, entonces estos menores siguen sin derecho a abogado público”, dijo. “Si falla en favor, entonces hay que ver a quien considera la corte que se debe aplicar este derecho, y ellos pueden decir exactamente a qué categoría de menores”.

El argumento se realizará este martes en la sede del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California.