“Estamos presos injustamente”: autodefensas de Guerrero

MÉXICO.- Algunas veces, las autoridades penitenciarias del estado de Guerrero se ponen perversas y torturan psicológicamente a tres ex integrantes de la CRAC, una de las organizaciones que cuentan con Policía Comunitaria en Guerrero, también conocidos como autodefensas.

Lo hacen de una manera sutil pero contundente: los encierra a lado de los narcotraficantes que otrora combatieron, según denuncian algunos de los compañeros que los han acompañado física y legalmente desde que el ejército y la policía estatal los detuvo y un juez les imputó diversos cargos por portar armas y detener a presuntos delincuentes.

“Aún no han sido asesinados porque no los dejan solos con ellos y sólo los juntan por ratos para que sepan que la vida de ellos depende de estar bien con el gobierno”, precisa Enriqueta Chávez, integrante del Comité para la Libertad de Presos Políticos de Guerrero (CLPG) en entrevista con este diario.

Hace tiempo que el gobierno del estado no sabe qué hacer con las autodefensas porque pone en cuestionamiento su capacidad para impartir seguridad y justicia aún cuando el artículo segundo de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo permite a las regiones legalmente aceptadas como zonas indígenas tener sus propios sistemas.

Algunas veces los deja tranquilos; otras los reprime o los atiza para que  se expandan y le echen la mano en regiones no indígenas para luego sansionarlos.

Esto último ocurrió en 2013, cuando las policías comunitarias hartas de lidiar con narcotraficantes, secuestradores y extorsionadores comenzaron a crear nuevos grupos de autodefensas y a aprehender y encarcelar bajo sus propias reglas a presuntos delincuentes y asesinos.

En medio de esta hecatombe, el gobierno guerrerense encarceló a 12 integrantes de la CRAC  y emitió órdenes de aprehensión contra un centenar que no se han cumplido. Poco a poco  liberaron a los detenidos hasta que sólo quedaron tres: Samuel Ramírez Galvez, Gonzalo Molina Galvez y Arturo Campos Herrera.

Para los dos primeros, la CRAC inició este miércoles una nueva etapa de lucha a la que se incorporó el abogado José Enrique Gonzáles Ruíz, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y presidente de la comisión que conformó el congreso del estado para investigar los crímenes de lesa humanidad entre 1969 y 1979.

Gonzales amenaza con llevar el caso de los autodefensas a la representación de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por considerar que se “criminaliza” la lucha social y el derecho a la defensa personal y de sus comunidades: se les imputa hasta siete causas penales entre ellas terrorismo y portación de armas de fuego.

“Lo que quiere el gobierno es que sigan presos como un ejemplo para que otras personas no se sumen a las autodefensas”, argumenta. “Ellos son presos políticos y deben ser liberados”.

LA FISCALÍA

Vía telefónica y a través de la división de Comunicación Social de la Fiscalía de Guerrero, este diario buscó abundar la información sobre el caso de los autodefensas de la CRAC, pero el Jefe de operaciones, Esteban Valderivar, dijo a través de su secretaria Irma Sánchez, que no daría declaraciones.