Acorralan a defensores de migrantes en México con todo tipo de armas
El activista Martín Martínez denuncia amenazas de muerte
MÉXICO – Pocas personas conocen mejor que Martín Martínez la ley del “pan o palo” en contra defensores de derechos humanos. Primero lo buscaron funcionarios para ofrecerle la medalla “Nelson Mandela” por su labor como activista social y luego un partido para ofrecerle una diputación.
“Como rechacé ambas ahora me quieren matar”, dice a este diario poco después de una desesperada conferencia de prensa para anunciar que teme por su vida y la de nueve familias que se dedican a dar alimento, vestido y últimamente asesoría legal a indocumentados que viajan clandestinamente en el tren de carga y sufren violaciones a sus derechos humanos.
El fundador y coordinador de la Estancia del Migrante en Tequisquiapan Querétaro, quien durante 17 años ha dado asistencia a migrantes culpó al Estado mexicano y a la empresa Ferromex si “algo le pasa” a su familia: una bala perdida, una prueba “sembrada en su contra”, un accidente sospechoso…
“Esto no pasaba hasta que Ferromex contrató a guardias de seguridad privada para impedir que los migrantes tomen el tren en esta zona”, comenta sobre la región del bajío que es uno de los centros industriales más importantes del país. “Ahora hasta nos han baleado”.
El ataque fue en abril 2016 en un pequeña oficina donde operan cerca de las vías del tren, dice. Simplemente los vigilantes privados armados con armas largas les dispararon para intimidarlos y aunque ninguna bala alcanzó a él o a su mujer lo cierto es que tienen miedo al sumarse cuatro amenazas e intimidaciones: todas denunciadas ante la fiscalía.
“No vamos a quitar el dedo del renglón en nuestro apoyo a los migrantes”, advirtió. “Lo que queremos es que desaparezcan estos guardias que operan como grupos de choque”.
La empresa Ferromex no ha emitido ningún comentario al respecto aunque previamente a través de comunicados oficiales dijo defender sus intereses porque en esa zona ha sufrido diversos tipos de robo y vandalismo (en su mayoría fueron realizado por bandas de pobladores locales).
Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, advirtió de que en tiempos recientes existe un patrón de criminalización y venganza en contra de activistas estatales y agentes de seguridad privada para desacreditar su labor. “Van desde agresiones físicas a demandas legales para intimidar”.
Particularmente en el albergue La 72 de Tenosique, Tabasco, ubicada a 60 kilómetros de El Ceibo, Guatemala, se orquestaron desde el Instituto Nacional de Migración (INM) dos demandas en contra de los sacerdotes encargados del refugio para centroamericanos, fray Tomás González y fray Bernardo Molina, denunció la abogada Diana Muñoz.
Tanto González como Molina son acusados de tráfico de inmigrantes después de que agentes migratorios los detuvieron con centroamericanos a quienes los curas apoyaban por asuntos de emergencia y después de cientos de denuncias de contubernio entre agentes estatales y bandas del crimen organizado. Hasta el momento el INM no ha dado comentarios al respecto.
De acuerdo con la red de defensores Todos los Derechos para Todas y Todos en los últimos cuatro años se han cometido 919 delitos en contra de activistas de todo tipo.
