Nuestra principal prioridad: proteger a los inquilinos

Los distritos que representamos tienen la mayor concentración de apartamentos de renta regulada en la ciudad de Nueva York. Nuestros distritos acogen aproximadamente 123.000 unidades de vivienda asequible, una cifra vital. En teoría, las familias que viven en estas unidades deben de contar con mayores medidas de protección ante el aumento de los alquileres, y así, preocuparse menos de la posibilidad de que sean desalojados. Desafortunadamente, esto no es lo que sucede.

El alquiler regulado se estableció para proteger al inquilino y mantener cierta estabilidad en las comunidades, garantizando el derecho a renovar el contrato de alquiler y evitar “rentas injustas, abusivas e insensatas”. No obstante, a través de los años los malos actores han logrado manipular y explotar las leyes de protección al inquilino y enriquecerse de manera que afectan desproporcionalmente a los barrios de minorías, amenazando el tejido social de los mismos.

En concreto, el denominado “beneficio por desalojo” ha sido explotado para desahuciar a los inquilinos de sus apartamentos. Esta medida permite al casero aumentar en hasta un 20 por ciento el alquiler cada vez que un inquilino se marcha. Esta especie de prima por desalojo pretendía que el casero no desregulara sus viviendas. Esta medida permitía al inquilino rentar durante largos periodos de tiempo, y cuando este decidiese mudarse, el casero podía incrementar el alquiler para el próximo inquilino a la par con la inflación. Sin embargo, el beneficio por desalojo crea un incentivo financiero para cambiar, más a menudo, a los inquilinos. Con este propósito, los malos caseros hostigan a sus inquilinos, no le prestan los servicios básicos necesarios y rechazan acometer reparaciones en los apartamentos.

La ley permite estas actuaciones por parte de los malos caseros, ya que no especifica nada sobre comportamientos despreciables. Ha llegado la hora de atajar esta situación.

Otra de las medidas que se estableció para proteger, pero acabó siendo explotada por los dueños de viviendas es la llamada renta preferencial. Durante demasiado tiempo, residentes de los distritos se acercaron por nuestras oficinas al sentirse engañados después de que sus alquileres incrementaran, de lo contrario, se enfrentarían a la posibilidad de una desocupación voluntaria.

Una renta preferencial es cualquier alquiler que se le cobra a un inquilino de un apartamento de renta regulada que está por debajo del precio registrado para dicho apartamento. En la superficie esto parece algo razonable. Lo que sucede es que, en ocasiones, el inquilino desconoce que paga un alquiler preferencial hasta que descubre que su renta puede aumentar el doble cuando llega el momento de renovar el contrato.

Nuestros distritos tienen índices de unidades de renta preferencial de los más altos en la ciudad de Nueva York. En Inwood y Washington Heights, por ejemplo, el 26 por ciento de los apartamentos de renta estabilizada poseen alquileres preferenciales, cifra que asciende a un 37 por ciento en Jackson Heights, Woodside y Corona.

Analicemos el caso de Diego M., un inquilino de Woodside que se vio escandalizado cuando se enteró que su alquiler había aumentado en 600 dólares. Diego M. cayó víctima de la renta preferencial sin saberlo. Pagaba 1.300 dólares del alquiler, pero la llamada renta legal era de 1.900 dólares. Ahora afronta la decisión de mudarse con sus tres hijas y esposa, o buscar un segundo trabajo para permanecer en el hogar familiar. Si Diego y su esposa deciden marcharse, el casero podrá cobrar un 20 por ciento más en el alquiler a raíz del beneficio por desalojo y dar un paso más para retirar las medidas de protección en el apartamento de Diego.

Otros caseros crueles afirman que ofrecen rentas preferenciales cuando en realidad están ofreciendo alquileres de renta regulada. Posteriormente, a la hora de renovar el contrato de alquiler, aumentan el precio de la renta más allá de la cantidad establecida y logran desregular los apartamentos. Este agujero en las rentas preferenciales llevó a la desregulación de cientos de apartamentos.

Nosotros y nuestros compañeros lucharemos por nuestros vecinos que se enfrentan a la desagradable posibilidad de tener que dejar sus hogares y sus comunidades debido a estas artimañas en los precios de los alquileres. Ante este escenario, no permitiremos que los malos caseros reciban el beneficio por desalojo si la marcha del inquilino fue consecuencia de hostigamiento o negligencia.

Trabajaremos para promulgar protecciones al inquilino que pagan rentas preferenciales en los casos donde ocurren engaños y fraudes. Paralelamente lucharemos por el proyecto de ley S.3712, una propuesta que cierra el agujero del alquiler preferencial. Con estos mecanismos lograremos eliminar los incentivos a los caseros que presionan a sus inquilinos para que se marchen de sus apartamentos. Ha llegado el momento de luchar para que nuestros vecinos tengan el derecho a quedarse en sus casas.

-José Peralta y Marisol Alcántara son senadores estatales en NY