Tras dos decisiones judiciales “Texas no tiene la ley antiinmigrante que quería”, dice abogada

Después de dos decisiones judiciales, Texas “no tiene la ley SB4 que quería tener”, dijo este martes Nina Perales, abogada que representa a los demandantes en la lucha legal por anular la ley antiinmigrante promovida por la mayoría republicana de Texas y los aliados de Donald J. Trump.

Para el procurador del estado, sin embargo, el fallo de este lunes de parte de un panel de apelaciones fue “una victoria”.

Pero abogados y activistas explicaron este martes los detalles de la decisión, indicando que mientras las cortes litigan la ley en su totalidad, el gobernador Greg Abbot y su procurador Ken Paxton deberán conformarse con sólo parte de las medidas que querían contra los inmigrantes.

“Las cortes han hecho su trabajo sobre la legislación que se aprobó en Texas”, dijo Perales. “La ha recortado y limitado. Va a ser muy difícil, por ejemplo, que logren meter en la cárcel a un funcionario local solo por criticar sus políticas migratorias”.

La ley SB4 firmada en mayo de este año por el gobernador de Texas Greg Abbot, incluye diversas cláusulas para atacar a los inmigrantes y a sus familias y penaliza a los policías y funcionarios locales que expresen ideas críticas sobre la aplicación de la ley migratoria usando recursos locales.

Antes que la ley estatal se implementara, varias ciudades y organizaciones demandaron en corte federal, alegando que va en contra de la constitución y de las leyes federales de Estados Unidos.

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Se espera que el juicio sobre la ley SB4 ocurra en noviembre de este año, entretanto, las partes han estado peleando en corte sobre lo que debe y no debe entrar en vigor.

Perales explicó que después de la orden del juez federal Orlando García y del tribunal de apelaciones del Quinto Circuito (las dos instancias que han considerado lo que debe y no debe implementarse ahora), Texas “no puede castigar a ningún empleado público por sugerir alternativas al lidiar con la comunidad inmigrante”.

“La ley prohibió que estos funcionarios criticaran propuestas como esta y los amenazó con multas de hasta 25,000 dólares”, dijo Perales. “Esta parte ha sido bloqueada desde el principio”.

Además, las agencias locales de la ley no pueden prohibir a sus oficiales que pregunten sobre el estatus migratorio a ciertos detenidos, pero sí puede sugerir límites a esa práctica, explicó la experta.

“En ese sentido, las cosas no cambian mucho”, dijo.

El tercer tema es el de los “detainers”, órdenes de detención que ICE envía a las policías locales y cárceles, pidiendo que retengan a un inmigrante para ser recogido por las autoridades federales.

En esta parte también los jueces han impuesto límites.

“La ley decía que todos los detainers eran obligatorios, cosa que no es lo que manda la ley federal”, dijo Perales. “Pero el tribunal de apelaciones dejó muy claro que esto no requiere que la persona esté detenida”.

Mary Moreno, activista del Texas Organizing Project, un grupo local, dijo que la preocupación de los latinos en Texas sigue siendo que la aplicación parcial o total de la ley “de paso a acciones discriminatorias contra los residentes del estado en base a su apariencia física o raza”.

“Estamos trabajando con agencias de policía locales para asegurar que la comunidad sepa que pueden reportar delitos y no tener miedo”, explicó Moreno. “Pero esto es muy difícil cuando tenemos el tipo de retórica que viene del gobernador”.

La activista “dreamer” Julieta Garibay no escatimó en fuertes calificativos contra el liderazgo político de Texas.

“Seamos claros, esta es una ley racista”, dijo Garibay. “Es el producto del trabajo de un grupo de políticos de ultra derecha cuyo objetivo a aterrorizar y destruir a familias inmigrantes. Ellos mismos destruyeron DACA y harán lo que sea para que volvamos a estar en las sombras”.

“No obstante les digo que este es nuestro hogar y aquí  nos quedaremos”, apuntó la “dreamer”.