Tribunal Supremo rechaza bloquear documentos de gobierno sobre centros de detención de inmigrantes
Con la corte a su favor, los activistas afirmaron que seguirán presionando a ICE a que divulgue datos
WASHINGTON.- El Tribunal Supremo rechazó este martes bloquear la difusión de documentos del gobierno sobre los centros de detención de inmigrantes, en lo que supone una importante victoria en la lucha por la transparencia sobre las prácticas de empresas privadas en esas instalaciones.
En concreto, la máxima corte de EEUU dejó en pie un dictamen de un tribunal federal, emitido en julio de 2016, para que, en aras de la transparencia, el gobierno divulgue información sobre los jugosos contratos que concede a empresas de cárceles privadas.
El gobierno federal no apeló esa decisión, que se derivó de una demanda presentada por los grupos cívicos pro-inmigrantes “Centro para Derechos Constitucionales” (CCR) y “Detention Watch Network” (DWN).
Pero el caso llegó al Tribunal Supremo después que las empresas “CoreCivic” –antes llamada GEO Group-, y Corrections Corporation of America (CCA) presentaron una petición ante el Segundo Circuito de Apelaciones para bloquear la difusión de documentos gubernamentales sobre sus prácticas mediante el “Acta de Libertad de Información” (FOIA, en inglés).
FOIA es una herramienta ampliamente utilizada por grupos cívicos para exigir la divulgación de documentos gubernamentales, siempre que no interfiera con la seguridad nacional.
Los grupos en la demanda recurrieron a FOIA en noviembre de 2013 para solicitar que el Departamento de Seguridad Nacional divulgara datos relacionados con la cuota diaria de al menos 34,000 camas impuesta por el Congreso desde 2009 para los centros de detención, y cómo esa exigencia de poblar las instalaciones impactaba las operaciones policiales contra los indocumentados.
El Segundo Circuito de Apelaciones rechazó la petición de las corporaciones en febrero pasado, por considerar que éstas no tenían facultad para decidir sobre el manejo de documentos gubernamentales. Ambas empresas entonces pidieron que el Tribunal Supremo hiciera una extensa revisión del asunto.
Activistas de CCR y DWN dijeron hoy a este diario que la decisión del Tribunal Supremo de no realizar la revisión, que por lo tanto deja en pie el fallo de los otros tribunales, es una victoria contra el secretismo de las empresas de cárceles privadas.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) concede jugosos contratos federales a “CoreCivic” y “CCA” para la gestión de buena parte de sus centros de detención de inmigrantes, pero han quedado en la mira de grupos cívicos por numerosos informes de abusos contra los detenidos.
“Aunque hemos ganado en todos los niveles de las cortes, vamos a seguir luchando para asegurar que ICE en verdad divulgue todos los documentos que solicitamos originalmente, incluyendo todos los contratos de los centros de detención, y que las empresas de cárceles privadas no puedan interferir”, explicó Mary Small, directora de políticas de DWN.
“Más allá de este caso, vamos a seguir destapando los secretos y acuerdos furtivos que son endémicos en el sistema de detención de inmigrantes. Estamos comprometidos con exigir la rendición de cuentas de ICE, para arrojar luz a su constante mala conducta, que ha demostrado ser fatal para algunos inmigrantes detenidos”, agregó Small.
Small se refería a que, a través de los años, los centros de detención de inmigrantes han registrado numerosos abusos y violaciones de los derechos de los inmigrantes, que en algunos casos han provocado la muerte.
Un informe de 2016 de CCR y DWN criticó el límite mínimo de 34,000 camas como una práctica carente de ética y de sentido financiero, tomando en cuenta que los centros de detención de inmigrantes causan la separación de familias y le cuestan a los contribuyentes “más de 2,000 millones al año”.
Por su parte, Ghita Schwarz, una abogada de CCR, celebró que el Tribunal Supremo haya reconocido que las empresas privadas no pueden “interferir” con las peticiones realizadas baja “FOIA”, porque la opinión pública tiene derecho a saber cómo y en qué gasta el gobierno sus fondos.
Para los activistas, el dictamen es importante además porque la Administración Trump ha dejado en claro que ningún inmigrante indocumentado está a salvo de redadas o la deportación y, a su juicio, esos planes de deportación masiva requieren transparencia.
Ni ICE ni las empresas han respondido aún a una solicitud de comentarios de este diario.
