La amenaza contra el TPS
Se agota el tiempo para este estatus de protección temporal
El Estatus de Protección Temporal (TPS) de deportación para más de 300,000 personas está seriamente amenazado por la interpretación estricta de las normas migratorias. Esto significa desarraigar familias que llevan décadas de años llevando una vida productiva y la expulsión de centenas de miles de niños estadounidenses.
La decisión del Departamento de Estado para extender el TPS es inminente. Las señales son de mal augurio.
El Departamento de Estado le informó la semana pasada al Departamento de Seguridad (DHS) que ya no existían en los países de origen las condiciones que habían conducido al otorgamiento del TPS. La protección está creada para individuos que provienen de naciones con conflictos armados, desastres ambientales y condiciones temporales extraordinarias.
A los salvadoreños se les otorgó el TPS por primera vez en 1991 debido a la guerra civil y en 2001 por varios terremotos; en 1999 a los hondureños y nicaragüenses por el huracán Mitch, y a los haitianos en 2010 debido a un terremoto que destruyó la nación caribeña.
Aunque estos eventos pasaron hace mucho tiempo, todavía hoy estas naciones sufren de los efectos a largo plazo que dejaron esos desastres.
Por eso se han ido extendiendo estos permisos, que no deben concluir ahora.
Haití no está preparada para absorber el regreso de 46,000 personas, tampoco 2,550 Nicaragua, 57,000 Honduras y mucho menos El Salvador con cerca de 200,000.
El retorno de esta gente desestabiliza, ahondando los problemas de las economías frágiles, sin empleos, con falta de seguridad pública y en una nación todavía derrumbada como Haití.
El resultado de un Triángulo de Centroamérica inestable es contrario a la política de la administración Trump de controlar la inmigración desde el país.
La eliminación del TPS también perjudica el frente doméstico.
Algunos beneficiarios del TPS tienen negocios, hipotecas, son parte activa de la economía fruto de más de 20 años de residencia temporal, pero legal. Estas personas cada 18 meses pasan por un severo escrutinio para renovar el permiso en donde deben demostrar que son un aporte en vez de una carga.
La Casa Blanca está equivocada si cree que la expulsión de estos inmigrantes abrirá vacantes laborales para los nativos.
Primero no hay datos fehacientes que demuestren que esto ocurra. Las cifras demuestran lo contrario, que la partida tiene un impacto negativo.
Segundo, una gran cantidad de estos inmigrantes no pueden ser confundidos con un indocumentado. Los primeros ya están integrados públicamente a la sociedad y a la economía a pesar de una condición temporal, que en realidad se ha prolongado por generaciones.
Lo simple es negar la extensión del TPS, leyendo al pie de letra para lograr un efecto populista anti inmigrante. Lo inteligente es medir el impacto negativo que esa acción tiene en la economía nacional y en la geopolítica regional.
Lo mejor para Estados Unidos es renovar el TPS.
