DHS termina “TPS” para nicaragüenses y lo extiende por seis meses para hondureños

WASHINGTON –  El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que eliminará el “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para los nicaragüenses, con una demora de doce  meses, hasta enero de 2019, y dará una extensión de seis meses para los hondureños, tirando al techo del Congreso la pelota para una solución permanente.

La decisión, anunciada durante  una conferencia telefónica con periodistas organizada a último minuto, inicia el repliegue escalonado de un programa creado por el Congreso en 1990 y que ha amparado de la deportación a poco más de 320,000 inmigrantes indocumentados de diez países.

Funcionarios de alto rango de la Administración Trump explicaron que la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, tomó esa determinación tras evaluar las condiciones sobre el terreno y realizar  consultas con diversas agencias gubernamentales.

Según los funcionarios, que pidieron el anonimato, la decisión no se debe interpretar como una eliminación gradual del “TPS” sino que el “mensaje” de la  Administración es que ha evaluado “cuidadosamente” las condiciones sobre el terreno para cada país beneficiado por el programa.

La realidad es que en el caso de los nicaragüenses,  los permisos que vencían el 5 de enero de 2018 ahora vencerán el 5 de enero de 2019, y así el DHS está dando esta “ventana” de tiempo para fomentar una “transición ordenada” hacia el fin de la designación del “TPS” para este grupo.

Eso les dará tiempo para buscar alternativas legales para permanecer en EEUU o, si no surgen esas opciones, preparar su salida del país y ayudar al gobierno de Managua a  facilitar su reintegración civil, explicaron.

En el caso de los cerca de 57,000 hondureños, Duke aún no ha tomado una determinación final sobre si extender o retirarles el “TPS”, aunque por el momento dará una extensión de seis meses hasta el 5 de julio de 2018.

En ambos casos, los “tepesianos” tendrán que reinscribirse en el “TPS” a través de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para recibir esa última prórroga.

El “TPS” es un beneficio migratorio en pie desde 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen por conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

En la actualidad, son diez los países beneficiados por el “TPS” (El Salvador, Honduras, Haití, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, y el Yemen), pero los tres primeros son los que tienen los mayores números de inmigrantes bajo el programa, según cifras del “Congressional Research Service” (CRS) actualizadas para el pasado 12 de octubre.

Curiosamente, las cifras que maneja la Administración son distintas a las de los gobiernos afectados. Mientras USCIS dice que hay poco más de 5,300 nicaragüenses bajo el “TPS”, el gobierno de Nicaragua sitúa la cifra en poco más de 2,500, debido a que muchos ajustaron su estatus, no renovaron sus permisos, les fueron revocados, o fueron deportados.

Los funcionarios precisaron que el gobierno de Nicaragua no hizo una solicitud formal para extender el TPS y que, en todo caso, las condiciones causadas por el huracán “Mitch” en 1999 “ya no existen” y no se justifica la continuidad del alivio migratorio.

Según los funcionarios, el DHS hará una determinación final sobre Haití, que ya había recibido mayo pasado una prórroga de seis meses, para finales de este mes, mientras que la decisión final para los salvadoreños  se prevé para el próximo 8 de enero. Esto se debe a que, por ley, el gobierno debe anunciar su decisión 60 días antes de que venzan los permisos.

Sólo el Congreso puede ofrecer una solución permanente para los “tepesianos”,  y la Administración está dispuesta a cooperar con los legisladores para lograr esa meta, afirmaron.

Un grupo de legisladores demócratas, entre éstos Nydia Velázquez, presentó la semana pasada una iniciativa para proteger a los “tepesianos” que queden expuestos a la deportación cuando termine su “TPS”, pero,  en el clima político actual,  ésta tiene casi nulas posibilidades de siquiera ser debatida.

El anuncio de la Administración confirmó los temores de activistas de la comunidad inmigrante  y de los propios “tepesianos”,  que llevaban meses apostados frente a la Casa Blanca, los pasillos del Congreso y la sede del DHS en Washington, en busca de una nueva prórroga.

Si algo queda claro del anuncio de hoy es que la Administración ha abandonado  el enfoque humanitario en su política migratoria, al insistir en que el “TPS” siempre fue un parche “temporal” y sus beneficiarios deben ahora levantar ancla y preparar su salida.

De poco han servido los argumentos económicos y morales sobre las contribuciones de los “tepesianos”, tomando en cuenta además de que éstos han hecho sus vidas en EEUU, tienen en su conjunto 273,000 hijos nacidos en este país, han comprado casas o establecidos negocios, y contribuyen a la fuerza laboral y la economía nacional.

Los funcionarios insistieron en que el DHS no compartirá de forma “proactiva” información con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE),  y que la Administración mantiene las prioridades para la deportación para los que tienen antecedentes criminales y los que tienen órdenes de deportación final.

Sin embargo, también precisaron que toda persona indocumentada está violando las leyes de inmigración y, por lo tanto,  sí puede quedar en la mira de los agentes de ICE para su eventual deportación una vez que venzan sus permisos.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, envió una carta la semana pasada a Duke,  afirmando que las condiciones en Haití y Centroamérica, que justificaron el otorgamiento del “TPS”, han mejorado, y por lo tanto, no hay necesidad para más prórrogas, según adelantó el viernes pasado el diario “The Washington Post”.

La mayoría de los líderes demócratas del Congreso, entre estos el Caucus Hispano,  y grupos pro-inmigrantes de todo EEUU renovaron hoy sus críticas contra la Administración, al advertir de que, al ensañarse con inmigrantes amparados al “TPS” también ocasionarán grandes pérdidas para las economías estatales, diversos sectores e industrias, y  para la economía nacional en general.