Editorial: TPS: Sentencia de muerte lenta

No sorprendió que la administración Trump anunciara este lunes la cancelación escalonada del TPS (estado de protección temporaria) para quienes vinieron de Haití huyendo de un terremoto que mató a más de 330,000. En mayo, el gobierno ya había indicado que éste sería el desenlace.

Aunque tienen 18 meses para reorganizar sus vidas, los 58,000 haitianos serían expulsados a un país sin recursos para absorberlos.

Y no son los únicos.

El gobierno está matando el programa TPS lentamente.

El 5 de noviembre canceló el programa para 5,700 nicaragüenses, estableciendo el 5 de enero de 2019 como fecha límite para que dejen el país.

La decisión respecto a los 87,000 de Honduras se postergó, en aquella ocasión, en seis meses.  Y en marzo expira el permiso para el TPS de El Salvador, el grupo más numeroso con 263,000 beneficiados.

Existen fuertes razones para temer que en pocos meses se ordene el fin del TPS para estos dos grupos y disponga la expulsión de sus miembros.

Esto debe evitarse, por ser pernicioso para el país.

El programa TPS fue originalmente iniciado en 1998 para socorrer a las víctimas de catástrofes en sus países de origen aceptándolos a la sociedad estadounidense. Con los años, abarcó a casi medio millón de refugiados de 13 países.

El gobierno justifica su decisión de anularlo diciendo que la situación en los países de origen ha mejorado y existen las condiciones para el retorno.

Este análisis es no solamente falso – algo totalmente evidente en el caso de Haití o de El Salvador, países en hondas crisis – sino que enmascara el motivo real de la resolución, la animosidad contra inmigrantes en general y latinos en particular.

La administración Trump declaró que los inmigrantes pueden venir a Estados Unidos solo si el gobierno estadounidense decide que contribuyen a la sociedad nacional. Bien.
Pero los acogidos al TPS ya se encuentran aquí, algunos desde hace 20 años:
establecieron raíces, tuvieron un cuarto de millón de hijos que son ciudadanos estadounidenses, contribuyen al país con su trabajo, su servicio y sus impuestos. Son gente de bien, respetuosos de la ley, que superaron múltiples controles de seguridad al renovar sus permisos. El 88% de los salvadoreños y 85% de los hondureños tienen una ocupación. Uno de cada tres compró una casa y pagan hipotecas mensuales.

Ahora quieren arrancarlos de donde ya echaron raíces.

Si esto no se evita, sobrevendrá una catástrofe humanitaria.

A esta altura, solo el Congreso puede resolver la situación.

Existen en ambas cámaras legislativas numerosos miembros demócratas y republicanos que reconocen el aporte de las familias del TPS al país y distinguen la crueldad que significaría su expulsión.

Estos congresistas deben unirse y aprobar una ley que deje aquí a las familias del TPS, con la posibilidad de legalizarse e integrarse finalmente a la familia estadounidense.

El momento es ahora.