Estadounidenses presentan la primera demanda privada contra “ciudades santuario”

Es, hasta ahora, la acción legal de su tipo contra una norma a favor de indocumentados

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Estadounidenses presentan la primera demanda privada contra “ciudades santuario”
Las "ciudades santuario" buscan proteger a sus inmigrantes.
Foto: MARK RALSTON/AFP/Getty Images

CHICAGO – La batalla contra las “ciudades santuario” había sido desde el Departamento de Justicia, pero una nueva demanda abrirá una veta distinta hacia indocumentados.

La ciudad de Gary, en Indiana, fue demandada hoy en la Corte Superior del Condado Lake por violar la ley estatal sobre “santuario” de indocumentados, en el primer juicio de su tipo auspiciado por ciudadanos privados.

Los demandantes son cuatro residentes de Indiana, incluyendo dos de Gary, ubicada a 25 millas al suroeste de Chicago, porque según declaró el abogado James Bopp Jr., el estado autoriza a cualquier persona domiciliada legalmente dentro de sus límites a actuar en su nombre en la corte.

En la demanda contra la alcaldesa Karen Freeman-Wilson, y contra los nueve integrantes del Concejo Municipal de Gary, se sostiene que la ordenanza de “santuario”, aprobada en mayo de 2016, “viola la ley federal”.

También que viola las disposiciones del estado de Indiana, que prohíben específicamente las ordenanzas sobre ciudades “santuario” o de bienvenida.

En la ordenanza se prohíbe la cooperación de autoridades locales con funcionarios federales y no se retiene a indocumentados detenidos para deportación.

“La legislatura de Indiana ha actuado para proteger a sus residentes de los inmigrantes ilegales, asegurando la cooperación con las autoridades federales para facilitar su deportación, pero Gary lo prohíbe”, señaló Bopp Jr.

“Ahora le corresponde a la corte poner fin de esas violaciones”, agregó.

La demanda es patrocinada por el estudio jurídico de Bopp, y el Immigration Reform Law Institute (IRLI), que se define como un bufete legal de interés público, que defiende los derechos de los estadounidenses ante “los efectos negativos de la migración masiva”.

Según los demandantes, “una actitud permisiva hacia los inmigrantes ilegales” solamente promete “más inmigración ilegal y todas las consecuencias indeseables para la educación, servicios sociales, empleo y la seguridad nacional”.