California lidera lucha por proteger propinas de los trabajadores contra nuevo reglamento de la Administración Trump

WASHINGTON—Al frente de una coalición de 17 estados, California emprendió este lunes la lucha por proteger las propinas de trabajadores de restaurantes, y dar un frenazo a un reglamento del Departamento de Trabajo que permitirá a las empresas retener hasta $5,800 millones de esos ingresos y que, según activistas, es un robo salarial.

La Administración Trump pretende eliminar un reglamento de 2011, adoptado durante la presidencia de Barack Obama, que estableció que las propinas pertenecen a quienes las obtienen con su trabajo y no a las empresas.

En concreto, el cambio permitirá que los empleadores se queden con las propinas de sus empleados si éstos perciben el salario mínimo federal, que en la actualidad se ubica en $7,25 la hora, y repartirlas con los empleados que reciben sueldo por hora pero sin propinas.

La puesta en marcha del nuevo reglamento afectará a empleados en al menos 281,000 negocios en todo el país, en particular los que trabajan en bares y restaurantes como meseros y camareros.

En nombre de 17 estados, el fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó hoy una extensa carta de oposición, de 12 páginas, al reglamento en ciernes, en el último día de comentarios públicos establecido por la agencia.

Un cambio en el reglamento no sólo no tiene justificación alguna sino que eliminaría una práctica laboral que lleva “siglos”, chocaría con leyes laborales estatales, y crearía confusión en estados que cumplen con las leyes salariales en vigencia, precisó la carta.

“Más importante aún, perjudicaría a empleados de bajos salarios que reciben propinas y no pueden darse el lujo de subsidiar a sus empleadores”, enfatizó el documento.

Becerra destacó en un comunicado la injusticia de retener las propinas de los trabajadores, especialmente de quienes ganan poco y dependen hasta el último centavo para cubrir sus gastos, mantener a sus familias, o pagar por su educación o carreras.

“Hemos presentado nuestra oposición con un particular sentido de urgencia, porque el Departamento del Trabajo aparentemente tomó medidas para ocultar un análisis económico desfavorable” a la puesta en marcha del reglamento, explicó Becerra.

El “Acta de Normas Laborales Justas” (FLSA, en inglés) obliga a las empresas a pagar al menos el salario mínimo federal, ya sea en su totalidad o mediante una combinación de un salario de al menos $2,13 la hora complementado por un “crédito parcial” proveniente de propinas

El estado de California exige el pago del salario mínimo en su totalidad y prohíbe que los empleadores retengan las propinas de los trabajadores.

También los estados de Alaska, Montana, Nevada, Oregón y Washington, donde el salario mínimo equivale o supera el salario mínimo federal, prohíben que los empleadores usen las propinas para compensar salarios. Pero otros estados no tienen esas protecciones laborales.

El documento de rechazo al reglamento incluye a los fiscales generales de Illinois, Pensilvania, Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington, y la capital estadounidense.

Este cambio, que se hará oficial cuando se publique en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), ha enfrentado el rechazo general de sindicatos y numerosos grupos defensores de los trabajadores, que lo ven prácticamente como un robo de salarios.

Varios realizaron una protesta frente a la sede del Departamento del Trabajo y desplegaron una manta con el mensaje: “Trump no te robes nuestras propinas!”

El Departamento del Trabajo causó polémica tras la revelación de que omitió de su propuesta de diciembre pasado un análisis económico interno que advertía de que el nuevo reglamento provocaría la transferencia de miles de millones de dólares del bolsillo de los empleados a las empresas.

Al parecer, la agencia hizo ajustes en sus cálculos y metodología para minimizar el impacto de la nueva medida, pero aún así no estuvo conforme con el resultado. La agencia recibió la venia de la Casa Blanca para publicar la propuesta el pasado 5 de diciembre, sin referencia a ese estudio.

De esta forma, la agencia inició el período de comentarios sin que el público en realidad tuviera la fotografía completa del impacto económico del reglamento.

Según un análisis del Instituto de Política Económica (EPI, por su sigla en inglés), el cambio permitiría que las empresas se embolsen anualmente hasta $5,800 millones por las propinas que obtienen sus empleados, de los cuales el 80% proviene de mujeres.

En entrevista con este diario, Heidi Shierholz, directora de política del EPI y principal economista del Departamento del Trabajo durante la Administración Obama, dijo hoy que el público merecía tener información veraz y completa sobre el reglamento.

Según los cálculos de EPI, las empresas como mínimo se llevarán al bolsillo $5,800 millones en propinas al año, pero la cifra podría ascender a $13,200 millones.

Shierholz expresó serias dudas de que los empleadores redistribuirán las propinas de forma equitativa, y vaticinó que al final los empleados llevarán un menor sueldo a casa.

“La Administración Trump le quiere hacer creer a la gente que este reglamento es sobre las propinas, pero nada en este reglamento le exige a los jefes distribuirlas con los empleados que no tienen contacto con el público, o con otros empleados. Los empleadores podrán hacer lo que quieran con las propinas de los trabajadores,  incluso metérselas a sus bolsillos”, advirtió  Shierholz.

Por su parte, Christine Owens, directora ejecutiva del “Proyecto Nacional de Leyes de Empleo” (NELP, en inglés), consideró que si las empresas tienen dificultades para retener a buenos empleados porque pagan poco, la solución es aumentar los salarios, no que el gobierno cambie las reglas para que las empresas tengan licencia para robar sus propinas.

El Departamento del Trabajo argumentó que la práctica de “compartir propinas” –conocida en inglés como “tip pooling” o “tip sharing”— ayuda a los empleados que normalmente no las reciben porque no tienen contacto directo con el público, como los lavaplatos o ayudantes de meseros (“busboys”, en inglés), y contribuye a disminuir las desigualdades salariales.

Las grandes corporaciones, y grupos como la Asociación Nacional de Restaurantes y la Asociación de Restaurantes y Hoteles de Oregon, llevaban años presionando por la eliminación del reglamento de 2011.

De hecho, la asociación entabló una demanda en junio de 2011 contra la Administración Obama, argumentando que el reglamento implementado un mes antes era nocivo para la supervivencia económica de la industria.