Líderes demócratas y activistas piden a juez federal bloquear construcción de muro fronterizo

WASHINGTON?Pese a las objeciones de líderes políticos y grupos ecologistas, la Administración Trump quiere construir parte del muro fronterizo en un área silvestre protegida en el sur de Texas pero, antes de poner un solo ladrillo adicional en la frontera, un juez federal escuchará mañana una demanda contra el plan.

Las autoridades federales han identificado el Refugio Silvestre Nacional de Santa Ana, a orillas del Río Bravo y de 2,088 acres, como un buen punto de partida para el megaproyecto fronterizo, no porque sea “zona cero” de cruces ilegales sino porque el gobierno es dueño del terreno.

Pese a su extensión, el Refugio de Santa Ana tiene más diversidad de fauna y flora que cualquier otra refugio silvestre o parque nacional en Norteamérica.  Es refugio para cerca de 400 especies de pájaros, más de 450 especies de plantas, y 19 especies de plantas y animales en peligro de extinción, según registros estatal y federal.

El Congreso aún no ha aprobado de forma definitiva los fondos para el muro –un asunto que ha generado fisuras entre ambos partidos- pero si Trump los consigue, Santa Ana figura al tope de la lista, y allí se construirían previsiblemente tres millas de diques de concreto, coronado por una valla metálica de 16 pies de alto.

El sitio se ha convertido en una especie de “meca” no solo para turistas, sino también para centenares de activistas de los movimientos pro-inmigrantes y ecologistas en contra del muro, incluyendo una gran manifestación el mes pasado.

Pero, hasta ahora, la Administración ha desoído las quejas y advertencias de activistas y líderes locales y estatales, y de líderes demócratas en el Congreso, de que la construcción del muro en ese tramo de la frontera acarreará enormes peligros para la supervivencia de la vida silvestre en la zona.

Mañana, en un tribunal federal en San Diego (California), el juez mexicoamericano Gonzálo Curiel, realizará una audiencia sobre una demanda contra el muro, que en realidad es un caso consolidado con otras demandas similares del estado de California y grupos ambientalistas, incluyendo el “Sierra Club”.

Curiel es el mismo juez federal que fue atacado por el presidente Donald Trump durante la contienda electoral de 2016 porque presuntamente carecía de imparcialidad por su origen étnico.

Curiel escuchará los argumentos de ambos lados en la disputa, que gira en torno a si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene o no la autoridad de desoír las restricciones de las leyes ambientales para dar luz verde al muro fronterizo.

Es lo que, según argumentan los activistas, hizo el DHS cuando agilizó la construcción de cuatro prototipos del muro en el sector de San Diego el año pasado.

En concreto, el fiscal general de California, Xavier Becerra, y resto de demandantes, quieren que el juez emita un fallo que bloquee el inicio de obras relacionadas con el muro.

Afuera del tribunal, activistas de grupos como el “Sierra Club” y el “Centro para la Diversidad Biológica” (CBD, en inglés) realizarán una manifestación previo al inicio de la audiencia.

“El muro fronterizo está absolutamente en contra de los valores básicos de la Constitución de Estados Unidos”, dijo Jill Hoslin, voluntaria del Capítulo de San Diego del “Sierra Club”.

Por su parte, Brian Segee, principal abogado del CBD, señaló que, por muy “desesperado” que esté Trump por construir su prometido muro fronterizo, no puede anular o ignorar decenas de leyes ambientales porque “no es el monarca de un reino”.

“No puede ignorar las reglas, de la misma manera que las comunidades fronterizas no pueden desentenderse de los devastadores efectos de construir este desastre humanitario y ambiental. Estamos listos para argumentar los méritos de este caso”, afirmó en un comunicado.

Continúan batalla contra el muro

En paralelo a la audiencia, e independientemente del dictamen que pueda emitir Curiel poco después de la vista, líderes ecologistas y de la comunidad fronteriza consultados hoy por este diario afirmaron que seguirán su lucha contra un muro en cualquier lado de la frontera.

“Como hemos visto con las vallas que ya existen en la frontera, un muro no sólo será costoso e ineficaz sino que perjudicará el medio ambiente y las especies en peligro de extinción, arrebatará terrenos de rancheros y propietarios privados, interferirá con la soberanía de tribus (indígenas), y provocará inundaciones que ponen en riesgo la vida” de las personas, explicó Vicki B. Gaubeca, estratega política de la “Coalición de Comunidades de la Frontera Sur” (SBCC, en inglés).

Según Gaubeca, un plan de seguridad fronteriza debe incorporar las recomendaciones que han presentado al gobierno las comunidades de la zona, para evitar daños al medio ambiente, a la vida silvestre y los más de 15 millones de habitantes en el área.

“Seguiremos exigiendo un análisis de costos y beneficios sobre el muro, que se base en datos, antes de gastar un solo centavo más en recursos para el reforzamiento de la frontera”, prometió Gaubeca.

Por su parte, Jim Chapman, exdirector del “Sierra Club” en el Valle del Río Grande y actual vicepresidente de “Friends of the Wildlife Corridor”, señaló que la alarma de la comunidad ecologista no es para menos: una tercera parte del terreno contiguo al río es un refugio silvestre, y un muro “tendrá un impacto grave”.

Al cortar el acceso al río, el muro también será un obstáculo para el paso de humanos, tomando en cuenta que sólo él área de Santa Ana recibe más de 100,000 visitantes al año.

Si hay inundaciones, la vida silvestre no tendría adónde escapar y refugiarse, y lo que afecte al ecosistema tendría un “efecto dominó” en la economía local, dijo.

El muro afectará el turismo ecologista, que aporta unos $460 millones anuales, y desde ya se ha convertido en “un símbolo de xenofobia y racismo” que ha ahuyentado el flujo de turistas y consumidores del lado mexicano de la frontera, enfatizó Chapman.

Además de los litigios en los tribunales, los activistas piensan continuar sus campañas de presión ante el Congreso y ante la opinión pública mediante protestas, cartas editoriales y columnas de opinión en los principales diarios del país.

Su esperanza es que este tipo de militancia surta el mismo efecto que en 2006, cuando la “ley del muro” exigió la construcción de 850 millas de muro a lo largo de la frontera sur, pero eventualmente sólo se construyeron cerca de 700 millas.