LULAC aprueba moción de “cero confianza” contra su presidente nacional, Roger Rocha
Tras la votación, LULAC no precisó qué pasará con la demanda que interpuso Rocha en su contra
WASHINGTON— La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) aprobó este sábado una moción de “cero confianza” contra su presidente nacional, Roger Rocha, quien sumió a la organización en una crisis al negarse a dejar el cargo, pero no dejó claro si éste retirará su demanda en contra del grupo.
En un comunicado de apenas dos líneas, emitido poco antes de la medianoche del sábado, LULAC explicó que aprobó una moción en la que manifiesta “cero confianza” contra Rocha, quien el jueves pasado recurrió a herramientas legales al negarse a renunciar como exige la mayoría de sus miembros.
“La Junta Nacional de Directores adoptó una moción de cero confianza contra Roger Rocha Jr,. su Presidente Nacional. La Junta también confirmó que la Junta Nacional de Directores continuará realizando sus obligaciones y luchando por nuestra comunidad”, dijo el documento.
Por lo general, un voto de cero confianza, o censura, simplemente manifiesta que la mayoría de los miembros de una organización no apoya a su líder o algún miembro, pero no necesariamente equivale a su renuncia o salida inmediata, a menos que la organización logre un acuerdo al respecto.
La nota suscita más preguntas de las que contesta, al no precisar qué ocurrirá con la demanda y orden de restricción temporal que Rocha presentó contra la organización para evitar su renuncia. Un tribunal estatal en Texas fijó fecha para una audiencia en el caso el próximo 28 de febrero.
Su abogado, Carlos Quezada, no devolvió una llamada de este diario en busca de explicaciones.
No está claro si Rocha presentará su renuncia, como ha venido presionando la mayoría de los miembros, o si permanecerá en el cargo hasta la convención nacional de LULAC en julio próximo en Phoenix (Arizona).
La junta ejecutiva y los miembros se reunieron por segundo día consecutivo a puertas cerradas en un hotel de Washington para encontrar una salida a la crisis, que surgió cuando Rocha envió una carta no autorizada al presidente Donald Trump, el pasado 28 de enero, en la que apoyó su polémico plan migratorio.
La negativa de Rocha obligó al director ejecutivo nacional de LULAC, Brent Wilkes, a dejar ayer viernes su cargo después de 30 años con la organización, aunque, según dijo en entrevista con este diario, permanecerá como “voluntario” hasta la convención nacional del grupo en julio próximo en Phoenix (Arizona).
Crisis interna de LULAC produce renuncia de su director ejecutivo nacional, Brent Wilkes
Como la organización nacional latina más antigua de EEUU, LULAC fue creada en 1929 para defender los derechos civiles de la comunidad hispana, que ha crecido de forma exponencial desde entonces y ahora conforma el 18% de la población nacional.
Rocha ofreció disculpas por la carta, que calificó como “el mayor error” de su vida, pero afirmó que la junta ejecutiva estuvo al tanto de su participación en reuniones con la Administración sobre las protecciones para los “Dreamers”.
https://twitter.com/NatlPresLULAC/status/959596906140913665
La mayoría de los miembros de LULAC, sin embargo, exigió su renuncia, y así lo manifestó en las redes sociales con la etiqueta “#FueraRocha”.
#FueraRocha @TXLULAC @LonghornLULAC Rocha has no business representing Latinos. His actions must have consequences.
— Montserrat Garibay (@Montserrat_EDU) February 17, 2018
Rocha needed to resign ASAP. Dragging this out will only harm your organization. You can't claim to represent Latinos and support Trump's immigration policies. Basta con las pendejadas. #FueraRocha https://t.co/h61MCSHwr9
— Héctor E. Alcalá (Uncivilized) (@Hector_E_Alcala) February 9, 2018
Estrategia legal
Rocha ha recurrido a dos instrumentos legales: una demanda y una orden de restricción temporal, con fecha del jueves pasado, que buscaban impedir que LULAC lo sacara del cargo.
En la demanda, Rocha acusa a Wilkes y a otros co-demandados no identificados de violación de contrato; interferencia ilícita en su contrato con LULAC, represalia y violación del debido proceso, como parte de un esfuerzo por remover o impugnarlo.
Algunos de los demandados “han conspirado por su propia ganancia política personal al dar a conocer públicamente que buscan postularse al cargo de Presidente Nacional de LULAC” en su convención de julio próximo, y usan el foro público “para atacar y difamar/calumniar al Demandante Rocha en los principales medios de comunicación, medios sociales (Twitter y Facebook), correo electrónico” y otros medios disponibles, reza parte del documento.
Según la demanda, las personas que presuntamente han difamado a Rocha lo han hecho por motivaciones políticas, “o para beneficiar a un candidato que apoyan” en la elección de julio próximo.
Algunos de los acusados “actuaron con intento malvado para perjudicar a los demandantes. Su conducta fue intencional, deliberada y arbitraria, y sin justificación o excusa, y actuaron con total indiferencia a los derechos de los Demandantes”, indicó el documento.
La demanda pide que el tribunal estatal de distrito emita una “sentencia declarativa” de que los demandados violaron la Constitución de LULAC, sus estatutos y protocolos, al actuar fuera de sus normas.
También obtuvo una orden de restricción temporal, de manera que la junta no pudiese tomar acción alguna para remover o impugnar a Rocha como presidente nacional de LULAC hasta que el tribunal realice una audiencia sobre la demanda, prevista para la mañana del próximo 28 de febrero.
Los documentos piden que se imponga una “pena ejemplar”, o multa, contra los demandados, además del pago de una indemnización y de los gastos legales incurridos por los demandantes, y un juicio con jurado si el caso lo amerita.
Los documentos, en los que también aparece como demandante Rolando González, fueron presentados por el abogado Carlos Quezada en un tribunal del Condado Bexar en San Antonio (Texas). Quezada no ha contestado a una solicitud de este diario para comentar sobre la demanda.
Las acciones legales han suscitado preguntas de por qué el juez en el caso, John D. Gabriel, se ha implicado en las deliberaciones internas de una organización sin fines de lucro que intenta resolver un conflicto con un presidente, que actuó sin su autorización al enviar la carta a Trump.
El plan migratorio de Trump exige a cambio de proteger a los “Dreamers”, la construcción del muro fronterizo, un mayor combate contra los inmigrantes indocumentados, y una drástica reducción de la inmigración legal.
La postura de LULAC siempre ha sido apoyar un “Dream Act” sin condiciones para legalizar a los “Dreamers”, por lo que el envío de la carta, con membrete de LULAC, contraviene las posiciones de la organización.
Fighting for #Dreamers is a main priority for @LULAC! How do you fight for #Dreamers in your community? ✊ Let us know by using #IAmLULAC! #DreamActNOW
— LULAC (@LULAC) February 15, 2018
