Demandan a caseros de East Harlem por cobro ilegal de rentas
Alegan que los dueños se han beneficiado de una exención de impuestos sin cumplir con las reglas de alquiler vinculadas al incentivo J-51
Los nuevos y los viejos dueños han recibido beneficios desde 2008 Crédito: Google Maps
La organización sin fines de lucro Housing Rights Initiative presentó cuatro demandas colectivas el jueves alegando que algunos propietarios de edificios de East Harlem se han beneficiado de una exención impositiva sin cumplir con las reglas de alquiler vinculadas al incentivo.
Los activistas alegan que tres propiedades de LLCs, afiliadas a Isaac Kassirer, jefe de Emerald Equity Group, y otro edificio vinculado a la organización Scharfman, han eliminado apartamentos del sistema de estabilización de alquileres, aún recibiendo beneficios fiscales J-51 destinados a incentivar renovaciones residenciales.
Los residentes piden a la corte que dictamine que los apartamentos deben registrarse como estabilizados y que los inquilinos que pagaron más sean reembolsados, detalló amNY.
“East Harlem se está gentrificando rápidamente, por lo que en áreas de gentrificación rápida se verá a muchos propietarios de capital privado”, afirmó Aaron Carr, fundador de Housing Rights Initiative, organización que investiga y combate las prácticas fraudulentas de bienes raíces. “Especulan sobre el futuro crecimiento del mercado y tratan de obtener un rápido rendimiento de su inversión”, agregó.
Las quejas cubren los edificios 1569 y 1571 Lexington Ave, y 413-415 east 114th St, que se han beneficiado de J-51 desde 2008, 2006 y 2009, respectivamente, según la demanda. En 2016 fueron comprados por compañías asociadas con Kassirer.
Después de recibir los beneficios, los propietarios anteriores trataron los apartamentos a precio de mercado y aumentaron los alquileres más allá de lo permitido, según los demandantes. Bajo el liderazgo de Kassirer, los cobros excesivos presuntamente continuaron, aunque el propietario informó a la ciudad que cumplía con los requisitos para los destinatarios del J-51, incluido mantener el alquiler estabilizado.
Las demandas también señalan que a algunos inquilinos calificados se les podría haber negado el acceso a la congelación de alquileres en virtud de los programas para personas de la tercera edad y discapacitados, porque supuestamente los engañaron.
