Administración Trump acusa a migrantes y contrabandistas de aprovechar “lagunas” en leyes
El gobierno tiene en marcha una campaña coordinada para debilitar las protecciones de los migrantes
WASHINGTON— La Administración Trump afirmó este lunes que los migrantes y contrabandistas buscan aprovechar “resquicios” en las leyes migratorias, como DACA, el “Acuerdo Flores” y una ley de 2008 contra el tráfico de personas, e instó al Congreso a que adopte medidas para cerrar el grifo de la inmigración ilegal.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, cuatro funcionarios de alto rango de la Administración tomaron turno para acusar a los demócratas de bloquear medidas para resguardar la seguridad fronteriza, y pidieron “remedios legislativos” para desalentar la inmigración ilegal.
Mientras los inmigrantes centroamericanos y los contrabandistas sepan que no hay consecuencias “continuarán haciendo su viaje” hacia EEUU, dijo uno de los funcionarios, que atacó también a las “ciudades santuario”.
Así, la llamada fue parte de una estrategia coordinada por la Casa Blanca en unos momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha registrado un aumento de cruces ilegales de niños no acompañados y unidades familiares por la frontera sur. También se enmarca en la táctica de arremeter contra los inmigrantes, cuando otras controversias le generan mala prensa.
El presidente Donald Trump emitió una nueva andanada de ataques entre el domingo y la mañana de hoy, después de ver cobertura en la conservadora cadena Fox News de una marcha de 1,500 migrantes centroamericanos, la mayoría de Honduras, que prevé llegar hasta la frontera sur en las próximas semanas.
Según los funcionarios, DACA se ha convertido en un “imán” para la inmigración ilegal que los contrabandistas de humanos utilizan, creando la “falsa expectativa” de que habrá un alivio migratorio en algún futuro cercano.
También arremetieron contra el “Acuerdo Flores” de 1997 que estipula que las autoridades de Inmigración pongan en libertad a menores de edad, o los trasladen a instalaciones menos restrictivas y con los debidos servicios de cuidado.
Además, pidieron que el Congreso modifique la llamada ““Ley Wilberforce”, adoptada por primera vez en 2008 para combatir el tráfico de personas y proteger a las víctimas del lucrativo negocio. Esa ley prohíbe la deportación de niños no acompañados de países no contiguos, y permite que sean trasladados a instalaciones del gobierno mientras presentan sus casos en tribunales de inmigración.
Según los funcionarios, que pidieron el anonimato, todos estos factores están alimentando la emigración ilegal desde Centroamérica.
Preguntado por este diario, uno de los funcionarios repitió que DACA está alimentando la emigración de jóvenes indocumentados, pese a que el programa impuso requisitos muy definidos cuando se implementó en agosto de 2012. Dos recientes dictámenes judiciales solo permiten renovación de permisos, no nuevas solicitudes.
También acusaron a los demócratas en el Senado de valerse de tácticas parlamentarias para frenar la aprobación de leyes, sin mencionar que los conservadores no tienen voluntad de cambiar las reglas. Además repitieron la exigencia de eliminar la práctica de dejar en libertad a los detenidos en la frontera, porque luego no se presentan a sus citas judiciales, conocida en inglés como “catch and release”.
“Soltamos a mucha gente porque nuestras manos están atadas”, se quejó uno de los funcionarios.
Otro funcionario lo secundó al afirmar que el gobierno aprueba hasta un 80% de los casos de “miedo creíble” para el proceso de asilo, y no hay manera de frenar la entrada de “conductores borrachos, abusadores de niños”, pandilleros, y otros delincuentes.
Además de hacer cumplir las leyes de Inmigración, la Administración quiere evitar que los migrantes realicen el “peligroso viaje” hacia el Norte y sean víctimas de los contrabandistas, dijeron. Son, por lo demás, argumentos que en su momento usaron la Administración Bush y, posteriormente, la Administración Obama.
Los demócratas, por su parte, han replicado que Trump no es un socio fiable para negociar un acuerdo migratorio, dada su tendencia a cambiar de parecer según el asesor que tenga cercano.
Su principal asesor político, Stephen Miller, por ejemplo, ha llevado la voz cantante contra cualquier arreglo de DACA que no incluya una masiva infusión de fondos para el muro, la vigilancia fronteriza y el recrudecimiento de la lucha contra los inmigrantes indocumentados.