Prohibición del aborto

El mes pasado, Maira Verónica Figueroa Marroquín fue liberada de una prisión salvadoreña después de cumplir 15 años por tener un bebé que nació muerto. En El Salvador, donde el aborto es ilegal en todas las circunstancias, las mujeres que tienen abortos, abortos espontáneos o muertos en el vientre pueden ser acusadas de homicidio agravado sin ninguna prueba directa. Tal fue el caso de Maira, que tenía 19 años cuando quedó embarazada después de una agresión sexual. Mientras estaba siendo tratada por una hemorragia grave después de un nacimiento de un bebé muerto, fue acusada de tener un aborto y esposada a su cama de hospital. Las autoridades la detuvieron el mismo día y un juez la sentenció rápidamente a 30 años de prisión por “homicidio agravado”.

Hoy, Maira está a salvo en casa con su familia. Pero más de 20 mujeres salvadoreñas permanecen en prisión; sus vidas han sido afectadas por la criminalización del aborto en el país. Si bien la dura condena penal que experimentó Maira es específica de El Salvador, la prohibición del aborto en el país no lo es. En total, seis países, incluidos República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname, prohíben el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando la vida de una mujer está en riesgo o en casos de violación de una menor.

Esta primavera, El Salvador y la República Dominicana están en vía del progreso. Las legislaturas de ambos países considerarán propuestas para poner fin a sus políticas extremas y despenalizar el aborto. Estos países deben poner fin a esta prohibición absoluta para que las mujeres cuyas vidas están en riesgo y las niñas que han quedado embarazadas por violación puedan tomar sus propias decisiones difíciles sobre su futuro.

La prohibición total del aborto no solo afecta la forma en que viven las mujeres; afectan cómo mueren las mujeres. La República Dominicana, donde el treinta por ciento de la población vive en la pobreza, tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna en América Latina. Por cada mujer que muere durante el embarazo o el parto en los EE.UU., al menos tres mujeres morirán en la República Dominicana. Y, de todas las muertes relacionadas con el embarazo, una de cada tres mujeres muere a causa de una enfermedad terminal que no fue tratada debido al embarazo.

Si bien es imposible saber la cantidad exacta de muertes prevenibles causadas por la prohibición total del aborto, las mujeres que pierden la vida debido a sus embarazos no son las únicas víctimas; sus cónyuges, sus hijos y sus comunidades sufren el daño colateral.

Durante la administración Obama, EE.UU. priorizó la inversión en la salud reproductiva y materna y la erradicación de la violencia sexual. Pero hoy, quince meses después de que el presidente Trump reinstaló y amplió la Global Gag Rule (conocida como la Ley Mordaza), Estados Unidos ha reducido vergonzosamente los fondos para organizaciones que brindan servicios preventivos básicos de salud, como control de la natalidad y prevención del VIH, porque brindan asesoramiento sobre el aborto en países donde es legal.

Las directivas generales del presidente Trump obstaculizan el bien sustancial de los esfuerzos humanitarios de los EE.UU. Además, la Global Gag Rule (conocida como la Ley Mordaza) afecta los mismos programas que podrían reducir los embarazos no deseados y las muertes relacionadas con el embarazo en América Latina. Estamos trabajando para revertir esta política ilógica que perjudica el bienestar de las mujeres y los niños. El Salvador y la República Dominicana están a punto de lograr progresos; Estados Unidos debe continuar respaldando las naciones para mejorar las vidas de las mujeres a nivel mundial.

Ahora es el momento para que los funcionarios electos en Santo Domingo y San Salvador actúen para que las mujeres como Maira no terminen en la cárcel por tener un bebé muerto y para que las niñas no mueran durante el embarazo porque se les negó el tratamiento que les salvó la vida. Como funcionarios electos, tenemos el deber de tomar decisiones difíciles que permitan avanzar en las políticas de asistencia y proteger las vidas de las mujeres y las niñas. Es hora de que El Salvador, la República Dominicana y las naciones de todo el mundo pongan fin a la prohibición total del aborto.

-Los congresistas Adriano Espaillat (NY-13) es  miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.