Nielsen afirma ante el Senado que nadie quedará a salvo de la deportación

WASHINGTON — La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, defendió este martes ante el Senado la política de “cero tolerancia” contra quienes cruzan ilegalmente la frontera sur, incluyendo mujeres embarazadas, al afirmar que no habrá exenciones para nadie de un juicio y deportación.

Nielsen acudió al subcomité de Asignaciones para Seguridad Nacional del Senado para defender la solicitud presupuestaria de $47,500 millones en fondos discrecionales para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2019.

Tal como ha venido haciendo en las últimas semanas, Nielsen afiló su ya combativa retórica contra la inmigración ilegal, haciéndose eco de las órdenes del fiscal general, Jeff Sessions, de enjuiciar a toda persona que cruce ilegalmente la frontera sur.

“Mientras solicitamos más fondos para nuestro sistema de un muro fronterizo, nuestra agente y recursos, yo presionaré con contundentes acciones policiales y para la seguridad fronteriza con todo el peso de la ley”, afirmó Nielsen durante la audiencia de casi dos horas.

“Mi mensaje a los contrabandistas, traficantes y criminales es claro: si tratas de entrar a nuestro país sin autorización, has violado la ley. El fiscal general ha declarado que tendremos cero tolerancia para todos los cruces ilegales y yo lo apoyo. Somos un país de leyes”, subrayó Nielsen.

En ese sentido, la titular del DHS explicó que de ahora en adelante toda persona que entre ilegalmente será detenida y referida a un tribunal sin exenciones para ninguna persona o grupo de personas, ni para personas que cometen fraude en solicitudes.

La audiencia reflejó las divisiones entre demócratas y republicanos sobre cómo disuadir la inmigración ilegal, en unos momentos en que el Congreso no se ha movido un ápice ni a favor de una reforma migratoria ni a aumentar significativamente los fondos para el prometido muro fronterizo del presidente Donald Trump.

En un tenso intercambio con la senadora demócrata del estado de Washington, Patty Murray, Nielsen afirmó que tampoco quedarán exentas las mujeres embarazadas porque “cruzaron ilegalmente la frontera”:

“La razón por las que están detenidas es porque violaron la ley… no hacemos exenciones para clases de personas, hacemos cumplir la ley”, enfatizó Nielsen, aunque no pudo precisar cuántas embarazadas están en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Murray replicó que es una política cruel y hay alternativas menos costosas y más eficaces para la detención de inmigrantes indocumentados.

Pero a una pregunta del senador republicano de Louisiana, John Kennedy, sobre el trato y atención que reciben las embarazas, Nielsen sugirió que éstas reciben la debida atención médica en los centros de detención.

Nielsen argumentó que, en paralelo a los fondos que requiere el DHS para su “misión crítica”, el Congreso tiene que eliminar las “lagunas legales” que, a su juicio, alientan la emigración ilegal hacia Estados Unidos.

A otra pregunta de Kennedy sobre la lista de deseos del DHS para reducir la inmigración ilegal, Nielsen indicó que, para comenzar, las autoridades deben eliminar el “Acuerdo Flores”; enmendar la ley “TVPRA” que protege a víctimas de tráfico de personas; dejar de soltar a inmigrantes detenidos en la frontera; cambiar el manejo de niños no acompañados, y desmantelar por completo las organizaciones del crimen organizado.

Con todos esos cambios, “ya estaríamos encaminados en un 75%”, observó.

Pero el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, consideró que la política migratoria de la Administración Trump sólo agravará las demoras en los tribunales de inmigración y producirá la separación forzosa de miles de niños de sus padres sin mejorar la seguridad fronteriza, mientras que el costoso muro fronterizo no frenará el tráfico de drogas.

Sobre los centenares de niños que han sido separados de sus padres, Nielsen dijo que el DHS está trabajando con México y otros países de la región para dejar en claro el mensaje de que las personas con casos de asilo legítimos “tienen que pasar por un puerto de entrada”.

Preguntada por este diario sobre cómo las mujeres embarazadas son una amenaza para la seguridad pública, Nielsen insistió en que violaron la ley al entrar ilegalmente al país.

Una mujer embarazada “debe ir a un puerto de entrada y así no estará violando la ley”, afirmó.

Por otra parte, Nielsen aseguró que el número de niños no acompañados sigue aumentando a diario y por eso pidió cambios al Congreso para protegerlos de traficantes de personas.

Protesta silenciosa

Desde el área reservada al público, decenas de activistas, madres y niños inmigrantes, así como algunos nacidos en EEUU, realizaron una protesta silenciosa cuando Nielsen comenzó a defender la política migratoria de la Administración.

Ante la mirada atenta de policías del Capitolio, salieron en fila india del salón en el edificio Dirken del Senado hasta vaciar un tercio de las sillas, mientras algunas madres halaban cochecitos y otras trataban de calmar a niños al borde del llanto,

En declaraciones a este diario, Ingrid Vaca, activista de “Moms Rising”, dijo secándose las lágrimas que los inmigrantes quieren “que se respete su humanidad”.

“Ya no queremos ese dolor de separar a las madres de sus hijos”, y el Congreso tiene que intervenir en esto, afirmó Vaca.

Los fondos que pide DHS

Durante la audiencia, Nielsen dio garantías de que DHS está cumpliendo con una orden judicial para renovar los permisos de DACA y no deportará a “Dreamers” que sometieron sus solicitudes, aunque éstas aún no hayan sido procesadas.

Para el año fiscal 2019, que comenzará en octubre próximo, el DHS está solicitando $47,500 millones en fondos discrecionales y $6,700 millones para respuesta a desastres naturales.

Nielsen dijo que DHS necesita los fondos para contratar a 750 agentes de la Patrulla Fronteriza, 2,000 agentes para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y más de 1,500 empleados administrativos.

También se usarán para 52,000 camas en centros de detención, incluyendo 2,500 para unidades familiares.

El presupuesto aparta fondos también para el “Programa de Alternativas a la Detención”, para supervisar a un promedio diario de hasta 82,000 personas, a través de visitas a sus hogares y vigilancia electrónica.

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