La seguridad en obras llega a jornaleros e indocumentados en NYC

“Le va a parecer algo cursi lo que le voy a decir pero lo que queremos es que la gente vaya a trabajar, lo haga y al final de la jornada vuelva a su casa a disfrutar de su hogar y su familia”. Esta dinámica diaria para muchos trabajadores es algo que el comisionado del Departamento de Edificios (DOB en sus siglas en inglés), Rick Chandler, quiere que lo sea sin excepciones en la construcción, ya se sea empleado especializado de una constructora, miembro de sindicato o jornalero indocumentado como el ecuatoriano Edgar Pazmiño quien no volvió a ver a su familia cuando dejó su casa para ir a trabajar el pasado 13 de marzo.

Chandler y su departamento han estado trabajando en esta semana de seguridad en la construcción informando a obreros de distintas procedencias y capacidades de sus obligaciones y derechos con respecto a las normas de seguridad, Ley 196, que aprobó la ciudad el año pasado y entró en vigor el pasado febrero. Entre los nuevos requisitos, los obreros deben haber completado un entrenamiento de 10 horas en seguridad en el trabajo de OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) en marzo y antes del 1 de diciembre el programa OSHA 30 de más horas de capacitación.

DOB certifica que los trabajadores están capacitados y si no lo están quienes les contratan deben hacer frente a una multa de $5,000 por cada persona sin esta formación, entre otras penalidades. Además, cuando hay accidentes se les puede cerrar la obra por días y eso es un revés para las empresas. Los jornaleros no capacitados van a tener muy difícil encontrar trabajo si no tienen esta capacitación exigida por la ley.

Esta norma pide a los trabajadores que reporten al 911 o al DOB (212 602 0431) si hay alguien que necesite ayuda médica o hay condiciones peligrosas en una obra y no es necesario que den su nombre ni se le pedirá su estatus migratorio. No lo hace el DOB y no lo requiere el entrenamiento de OSHA.

Esto es algo clave que Chandler quiere que quede claro a todos los inmigrantes y sobre todo los indocumentados del estado. Por ello el DOB está trabajando con organizaciones de jornaleros para que el mensaje llegue a todas las esquinas de la ciudad. El martes, este comisionado estuvo en la sede de NICE (New Immigrant Community Empowerment), en Queens, para asegurar a los trabajadores que su departamento no pregunta a nadie por sus papeles y que lo único que les interesa es que se está preparado para reconocer peligros y minimizarlos o remediarlos en las obras en las que trabajen, además de que se conozca esta nueva legislación y requisitos.

“Nosotros somos oficiales de edificios, no nos importa el estatus y no reportamos, no es nuestra misión, lo que queremos es que la gente que contratan, quienes hacen obras, estén preparados y haya un cambio de cultura en el que quede claro que la seguridad es cosa de todos, no solo de supervisores”, explicaba Chandler a este diario.

La puesta en marcha de esta nueva normativa llega en un momento crucial en la construcción en el que cada vez más constructores practican el llamado “Open Shop”, es decir que no contratan a empresas en las que haya sindicatos para todas las labores. Hasta hace poco esta era la norma y por ello en la construcción había una sindicalización muy alta pero con el open shop trabajan en un mismo lugar empleados de empresas sindicalizados y otras compañías que no lo están, como es el caso del nuevo estadio de tenis Louis Armstrong en Flushing Meadows Park. En esta obra en la que han trabajado unas 600 personas hay trabajos realizados por obreros cubiertos por su Local y otros que están en “Open Shop”.

Los contratistas en estos casos emplean a otros contratistas y estos a su vez a obreros, algunos de ellos pueden llegar de las esquinas donde tradicionalmente ha sido usual encontrar a inmigrantes buscando un trabajo diario o jornaleros. Ellos también necesitan su certificación OSHA 10 y en el futuro la OSHA 30.

Edison Severino, líder de LiUNA Local 78, que representa a trabajadores que eliminan asbestos y otros productos contaminantes en obras, explicaba que de hecho los sindicatos han estado detrás de que la ciudad aprobara esta legislación de seguridad en el trabajo “porque queremos que las compañías que trabajan en open shop no se aprovechen y requieran trabajadores menos preparados y con escasa capacitación de seguridad”.

Con esta ley, explica Severino “los trabajadores pueden quejarse o negarse a trabajar si están en condiciones que no les garantiza seguridad. Las clases de OSHA les van a ayudar a poder enfrentarse a los empleadores que no tienen escrúpulos y a los que tratan de ahorrar contratando a personas que no están cubiertos por el sindicato y pueden ser explotados en condiciones laborales con el open shop“.

Este líder sindical cree que esta ley es un buen primer paso pero cree que hay más que hacer, sobre todo en equipamiento de seguridad.

No obstante, tiene sus dudas de que su eficacia sea completa “porque no es fácil hacer valer los derechos a la seguridad que se tienen cuando puede haber la posibilidad de represalias. Y no me refiero solo a indocumentados sino a cualquiera que tenga una relación de dependencia y no pueda quejarse para no perder el trabajo”. En las obras donde hay representantes sindicales, cuando hay un problema o un posible problema el representante sindical puede reportarlo a la compañía y que se inicie el proceso para remediarlo pero por contrato no puede ser represaliado con un despido porque está protegido por el contrato colectivo.

Severino se pregunta y el tiempo le dirá si el resto de los trabajadores tendrán capacidad para hacer lo mismo.