Del crimen organizado a los peores penales de México

MEXICO – El Centro de Rehabilitación Venustiano Carranza, en el estado de Nayarit, no era cualquier cárcel. Ahí se ocultaban sicarios, se cocinaban drogas, se firmaban documentos para el traspaso de tierras o inmuebles, declaraciones falsas para inculpar a unos y a otros de una u otra organización criminal.

Podían ser los Beltrán Leyva, los Zetas o el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Principalmente este último porque fue uno de los consentidos del ex fiscal Edgar Veytia, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Nueva York quien hasta 2007 era el amo y señor de la justicia en el estado, según acusaciones del gobierno estadounidense.

Pero aunque Veytia se encuentra a miles de kilómetros, el desparpajo continúa, no al mismo nivel (al menos ya se permite entrar a la prensa) , pero aún vigente de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su más reciente informe Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria presentado a mediados de mayo pasado.

“Tiene una puntuación reprobatoria (menos de 5 en una escala del 1 al 10), por ser uno de los más grandes, donde se remiten delincuentes de todo tipo, que generalmente formaron o forman parte de grupos delictivos importantes’’, detalló Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de derechos humanos en entrevista con este diario.

En el análisis que la CNDH hizo de los centros de reclusión estatal de todo el país se determinó que en Nayarit, tanto el reclusorio Venustiano Carranza como el resto son un desparpajo: en 69 cárceles hay un “pobre control en materia de autoridad’’, de sobrepoblación, hacinamiento; deficiencias en los servicios de salud así como en programas para la prevención y atención de incidentes violentos, entre otras fallas.

Los penales de Nayarit no son la excepción —aunque ahora sean los más visibles— sino producto de un sistema defectuoso que el congreso no ha mejorado para mal del país: “Más allá de los vicios en la ley, el problema es que los centros penitenciarios están coptados por los mismos internos que tienen evidentes nexos con la gente que también controla las malas prácticas en el exterior’’, detalló Castillejas.

Una de las riñas más violentas que la CNDH atendió en los últimos años dio cuenta del poder ilegal en la cárceles mexicanas. Fue en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales de Reynosa, Tamaulipas, en 2008, donde gente de los cárteles pretendían controlar el mismo.

Para ello utilizaron armas de fuego, puntas y desarmadores, incendiaron las estancias y posteriormente apilaron los 21 cadáveres de aquellos que fallecieron y les prendieron fuego.

Otro de los peores momentos del sistema penitenciario hasta ahora conocido ocurrió  entre 2010 y 2011, cuando  David Loreto, líder del cártel de los Zetas, tomó el control de la cárcel de Piedras Negras, Coahuila, ubicada a poco más de seis kilómetros de la frontera con Estados Unidos, para convertirla en un centro de masacres, torturas, secuestros y tráfico de drogas, sin que el Estado mexicano dejara en ningún momento de dar dinero para su sustento, según un estudio del Colegio de México y la CNDH.

“Si un director no autoriza que entremos a revisar es muy complicado actuar: ese es un grave defecto en la ley que tenemos que corregir’’.

VICIOS COMUNES

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico.
  • Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
  • Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
  –  Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales , educativas y de capacitación.

CIFRAS

• Más de 250,000 presos en México.
• Hay 338 centros penitenciarios –estatales y federales– del país.
•  Los estados con mayor tasa de reclusos por cada 100,000 habitantes son Nayarit (573), Baja California (378), Sonora (367), Durango (329) y Ciudad de México (323).